El conflicto en Pepsico ganó el centro de la agenda política en plena campaña electoral.

El violento desalojo de trabajadores que habían tomado la fábrica que la empresa alimenticia posee en Florida, en el conurbano bonaerense, tras su cierre condensó como pocos temas los ejes centrales que cruzan la discusión política en el período preelectoral. 

Los dirigentes de los más diversos partidos políticos no demoraron en hacerse eco del caso. 

La discusión en torno a la política económica del gobierno nacional; al desalojo de la protesta social; a la flexibilidad laboral; a la carga impositiva que debe afrontar el empresariado; al dólar atrasado y a la dificultad de una compañía para hacer frente a la competencia externa, quedó expuesta en el conflicto de Pepsico.

Ante este escenario y a un mes de las PASO, referentes de todo el arco opositor alzaron la voz públicamente para cuestionar al Gobierno –tanto provincial como nacional- por el operativo represivo. Desde la Casa Rosada no demoraron la respuesta. 

CríticasEl procedimiento policial en la planta provocó un consenso inimaginado en una campaña electoral: el kirchnerismo, el massismo, el randazzismo y la izquierda coincidieron -casi sin matices- en criticar al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FPV), que encabeza Héctor Recalde, le reclamó a Macri y a Vidal "que dejen de amedrentar, que reflexionen y dialoguen con los trabajadores despedidos, en lugar de reprimirlos salvajemente con la Gendarmería".

"Lo único que hacen los trabajadores es defender su empleo y el sostén familiar. El gobierno de Macri se equivoca si cree que la crisis económica la puede ocultar con represión policial", señaló el bloque opositor a través de un comunicado.

Para los legisladores, "Macri, por mandato constitucional, debe defender a los trabajadores argentinos sin asumir el rol de gerente de la empresa multinacional, Pepsico, que despidió a 600 trabajadores y que los reemplazó con la importación de sus productos desde Chile". 

"No estamos frente a una empresa con problemas económicos. En el último año obtuvo ganancias por alrededor de u$s1.800 millones", advirtieron.

A su vez, el precandidato a senador por 1PAís, Sergio Massa, advirtió que "el Presidente no termina de entender que el rol del Estado es arbitrar en la relación desigual de empresarios y trabajadores; claramente Macri actúa como un empresario".

"Pepsico no tenía problemas económicos, el cierre de la planta es un reordenamiento de su estructura para bajar costos y relocalizar a la empresa. El Gobierno se pone siempre del lado de la rentabilidad de las empresas y se desentiende de los problemas de los trabajadores", señaló Massa.

Para el diputado, "el Gobierno decidió avanzar con un esquema represivo porque entiende que le da rédito" y señaló que "si los trabajadores tuvieran confianza en el rumbo de la economía no estarían tan preocupados como ahora". 

A su vez, el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, alineado con Florencio Randazzo, se hizo presente en la planta y dijo ser "testigo de la brutal represión comandada por la gobernadora Vidal y el presidente Macri".

"La política económica de ajuste la quieren implementar a fuerza de palos y balas de goma, sin importarles que haya mujeres", señaló el legislador randazzista.

Por su parte, el precandidato a senador por el frente CREO Fernando “Pino” Solanas aseguró que "la única respuesta que tienen Vidal y Macri a los reclamos de los trabajadores es la Gendarmería".

"Silenciar el reclamo de los trabajadores con la Gendarmería es un acto de violencia. El hostigamiento laboral es la mayor inseguridad que crea este Gobierno. Vidal y Macri desestabilizan la paz social", añadió.

Referentes de los distintos espacios de la izquierda -que se hicieron presente durante el operativo- como Myriam Bregman, Christian Castillo, Nétor Pitrola, Vilma Ripoll y Luis Zamora también criticaron duramente al Gobierno. 

Tampoco faltaron las voces sindicales en el coro de cuestionamientos.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) manifestó su repudio a la "represión sufrida por los trabajadores que fueron echados de manera burda y defendían sus puestos de trabajo mediante la toma de la misma". 

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Capital) se convocó a una concentración para "repudiar la represión ejercida por el gobierno hacia los trabajadores y exigir la libertad de los detenidos".

Y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) condenó “esta represión e insta a todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores a redoblar la solidaridad con los compañeros despedidos en Pepsico, en Atucha, en Carboclor y en cuanto lugar sean amenazadas las fuentes de trabajo", agregó.

La respuesta oficialLos ministros de seguridad de la provincia y la Nación, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, respectivamente, fueron los dirigentes del oficialismo que salieron públicamente a respaldar el operativo.

Por caso, la titular de la cartera nacional afirmó que “el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo lo que tenía que hacer y actuó".

Desde el oficialismo remarcan que se cumplió una orden judicial y que hubo 15 policías heridos -uno de ellos con una fractura en la pierna por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente-.

También afirmaron que hubo 3 detenidos, lo que provocó cierta controversia porque si bien las cámaras de televisión registraron detenciones, el fiscal del caso Gastón Larramendi aseguró que no hubo apresados sino solo demorados.

En lo que hace a la resolución del conflicto, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, dijo que "el Estado está trabajando para que esto salga de la mejor manera".

"El ministro de Trabajo (Jorge Triaca) se está ocupando hace tiempo; está trabajando como en todos los casos cuando sucede esto”, indicó al ser consultada por la prensa por la situación de Pepsico en el Museo de la Casa Rosada, al que llegó para participar del homenaje por los 70 años de la sanción de la ley que estableció el voto femenino.

Llamado a TriacaEl senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina, alineado con el randazzismo, solicitó este jueves que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concurra a la cámara Alta para dar explicaciones sobre la situación de la planta de Pepsico, tras el desalojo de los trabajadores.

Durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Abal Medina pidió que Triaca sea citado en "forma urgente" a ese cuerpo y fue apoyado por los senadores Mario Pais, María Teresa González (PJ-FPV) y Magdalena Odarda (Coalición Cívica).

"Los trabajadores fueron desalojados de una planta de alimentos de mi provincia, en Vicente López, por cuya situación pedimos explicaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la presentación de su último informe en el Senado", recordó el legislador bonaerense.

En este sentido, agregó que "la falta de esas acciones terminaron en la feroz represión de esta mañana", ante la cual manifestó su "enérgico repudio".

Unos 500 policías enfrentaron a los despedidos que resistían.

El jefe del operativo les había dado a los trabajadores un plazo de "cinco minutos" para abandonar el lugar y ante la negativa cumplieron la orden de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, quien dio curso a la solicitud elevada por el fiscal Gastón Larramendi para terminar con la toma de la fábrica.

"Vamos a resistir acá en el techo, y si algo nos pasa, hacemos responsable a (el presidente Mauricio) Macri, a (la gobernadora María Eugenia) Vidal y a la jueza", advirtió Camilo Mones, delegado de la Comisión Interna, en declaraciones radiales. Y así lo hicieron. Lanzando bancos, piedras y devolviendo las bombas de gas pimienta que la policía les tiraba desde la calle.

"Denunciamos que avanzan en este intento represivo luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ratificó que dará curso al desalojo y que el fiscal pidiera que fuese en horas nocturnas. Llamamos a todas las organizaciones solidarias a que se acerquen a la fábrica", advirtieron los operarios en un comunicado.

Los trabajadores le solicitaron a la jueza de Garantías número 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentaste, que "no apruebe el pedido del fiscal Gastón Larramendi, de desalojar la planta".

Larramendi solicitó el viernes el desalojo de la planta de Florida que la empresa quiere trasladar a la ciudad de Mar del Plata y, según los trabajadores y la comisión gremial interna, esa demanda fue impulsada por "la patronal, que está en situación de abierta ilegalidad, ya que fue denunciada por lockout ofensivo, vaciamiento y discriminación total", puntualizaron.