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En las publicaciones patrocinadas se defiende que la empresa pueda recabar datos de los usuarios como contraprestación de un servicio gratuito
13/07/2017 - 14:23hs

Google presiona a la clase política de todo el planeta con sus abogados y expertos en primera persona, sino que lo hace de forma indirecta financiando estudios aparentemente desinteresados para influir en las decisiones políticas.

Según una investigación de The Wall Street Journal, Google financió cientos de investigaciones académicas que apoyaban sus posturas en diferentes cuestiones sobre competitividad y recolección de datos personales, abonando entre u$s5.000 y u$s400.000 por cada texto.

Muchas de esas investigaciones no cumplían con el requisito ético de afirmar que habían recibido dinero de la macrocompañía tecnológica.

El diario cita a un antiguo empleado y lobbista de Google, que afirma que la empresa del buscador de Internet pagaba viajes a los investigadores para que se reunieran con ayudantes de congresistas y oficiales de la administración.

El objetivo era presionar, desde el mundo académico, a los legisladores para que éstos aceptaran los métodos de una compañía que actúa casi como un monopolio: el 92% de las búsquedas en Internet se hacen con su buscador, y el 54% de los usuarios usa Chrome como navegador, y el 73% de teléfonos móviles del planeta usan el sistema operativo Android.

Entre otras cuestiones, gracias a estas investigaciones Google consiguió librarse de las acusaciones antitrust que emitió la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en 2012.

Así, en las publicaciones patrocinadas se defiende que Google pueda recabar datos de los usuarios como contraprestación de un servicio gratuito, que no dio prioridad a la hora de posicionar sus productos frente a los de la competencia o sobre el derecho de enlazar a noticias de sitios webs informativos sin tener que pagar una tasa a los editores por indexar y reproducir su información.

Según el The Wall Street Journal, Google financió un centenar de documentos académicos sobre políticas públicas desde el año 2009, y otro centenar de documentos fueron escritos gracias a la financiación de "think tanks" o centros de investigación universitarios que reciben fondos de Google y otras firmas tecnológicas.

Al margen de los datos económicos, Google centra ahora sus esfuerzos en eludir los perjuicios que pueden causarle las leyes europeas, más restrictivas que las estadounidenses.

Según los datos del Portal de Transparencia de la Unión Europea y referido a los 12 últimos meses, la multinacional estadounidense ha movido a sus representantes en la Comisión Europea en 53 ocasiones desde mediados de mayo de 2016.

En total, el buscador dispone de ocho lobbistas acreditados en la Comisión Europea y lidera un ranking de lobby formado por 3.521 organizaciones.