El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, lanzó hace meses una promesa poco habitual: "Los cortes de electricidad dejarán de ser noticia para los medios de comunicación", anticipó en una conferencia de prensa en la que se anunciaron aumentos de luz.

En concreto, esto implica la puesta en marcha de inversiones millonarias, tanto públicas como privadas, para paliar la crisis eléctrica, una amenaza que acechó a la economía y a los hogares en los últimos años.

Según La Nación, un documento oficial puntualiza, con alto grado de detalle, cuáles son los proyectos en marcha para combatir los cortes de electricidad.

Contemplan desembolsos en generación térmica, nuclear y renovable que aumentarán en más de 20% la capacidad real de producción de energía, así como el tendido de nuevas líneas de transporte en alta tensión y desembolsos en distribución para mejorar la prestación a los hogares, uno de los principales argumentos que esgrimió el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, para justificar los aumentos de tarifas.

Una parte sustancial de los desembolsos están orientados a la generación sobre la base de gas u otros combustibles, en el marco de la denominada resolución 21, que creó condiciones atractivas para las empresas privadas.

Están en marcha con diverso grado de avance inversiones por entre u$s2.600 millones y u$s3.000 millones para instalar 2989,3 MW, de los cuales la mayor parte deberían estar listos este año (unos 2848 MW) para atender la demanda del verano próximo. Por eso el Gobierno los sigue de cerca.

A principios de mes se puso en marcha la primera central en el marco de ese programa, con desembolsos por u$s110 millones, a cargo de la empresa Genneia. La asistencia oficial fue nutrida. Estuvieron Aranguren y otros funcionarios nacionales y provinciales.

Los proyectos de la resolución 21, de diverso tamaño, están distribuidos por casi toda la geografía local. Hay en Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, por caso.

La buena respuesta de las empresas obedece al manual de la inversión privada: el Gobierno les garantizó la colocación de la energía con contratos a largo plazo y un precio que promete ganancias.

Con la misma letra se escribieron los contratos de energías renovables, una de las grandes apuestas del Gobierno para captar desembolsos. El Estado se compromete a cumplir un acuerdo en dólares a 20 años por el cual Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, comprará la energía que produzcan esos proyectos.

Tendrá un ajuste de 1,7% interanual para compensar la inflación en moneda extranjera. Se esperan desembolsos por u$s3.500 millones hasta 2019 para instalar 2423 MW.

A diferencia del caso térmico, la mayor parte de los proyectos no estará listo este año, sino en 2018 (2411 MW), por lo que llevarían calma a la demanda eléctrica en el último verano a cargo de la administración actual.

Fuentes del sector privado advirtieron en los últimos días que algunos proyectos podrían demorarse por dificultades de acceso al financiamiento. Fue uno de los temas que se discutieron en el Congreso de Energía Renovable, que se hizo a fines del mes pasado.

Poco después del cambio de Gobierno, Aranguren declaró la emergencia eléctrica hasta este año. Justificó la decisión en el precario estado general del sistema, en el que remarcó la escasez de generación para la demanda local. Eso justifica la búsqueda de inversiones en ese sector.

Aunque la gestión de Macri intentó poner en manos privadas el riesgo inversor, al menos en esta administración el Estado continuará desembolsando fondos millonarios, una orientación que llevó al extremo el kirchnerismo. El mejor ejemplo es el sector nuclear.

En las inmediaciones de las centrales Atucha I y II se construirá el Carem 25, la primera central nuclear de potencia íntegramente diseñada y construida en el país. Esta semana se le adjudicó a la constructora de Techint la obra civil del edificio del reactor, que deberá realizarse en 25 meses por unos u$s70 millones.

El proyecto comenzó en el kirchnerismo, pero tiene un avance físico magro, de 0,39%. El organigrama oficial contempla que debería estar terminado en julio de 2019, algo que lo convertiría en un prominente anuncio en las vísperas de la campaña presidencial.

El Estado también invertirá $983 millones en una planta procesadora de uranio en Formosa. La obra también fue anunciada en el kirchnerismo, pero sólo avanzó en términos físicos 0,271 por ciento. Los documentos sostienen que debería estar terminada en enero de 2020.

Otro paquete de obras que finalizarán entre junio de este año y enero de 2019 apuntan a mejorar la capacidad de transporte de energía eléctrica a nivel nacional. Suman desembolsos por $1.761 millones.

A eso se suman los planes quinquenales de Edenor y Edesur, que se comprometieron a poner unos $40.000 millones para mejorar el servicio.