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Procesan a la funcionaria que se "atrincheró" en Santa Cruz por rendir gastos con facturas truchas

13-07-2017 María Cecilia Velázquez fue denunciada por administración fraudulenta cuando era jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad Social de la Nación
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El Juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó por administración fraudulenta a María Cecilia Velázquez, exjefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y actual presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, porque en la cartera que condujo Alicia Kirchner firmó rendición de gastos por más de $3 millones utilizando facturas apócrifas.

Se trata de la máxima autoridad educativa de Santa Cruz y quien en los últimos días se atrincheró en su oficina ante el conflicto docente por el reclamo de aumento salarial: ahora fue procesada por su desempeño en el cargo anterior y embargada en $2 millones.

La causa se inició a raíz de una auditoría interna tras el cambio de Gobierno en diciembre de 2015 en el Ministerio de Desarrollo Social: se examinaron la rendición de gastos entre el 1 de julio al 9 de diciembre de ese año.

Hasta el momento, en la causa a cargo del juez Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González, se acreditó que hubo un perjuicio al Estado de $3.227.740 por la presentación de facturas truchas justificando gastos por eventos deportivos con fines sociales.

Esa suma sólo es un 41,23 por ciento de la muestra realizada del Fondo Rotatorio y por "eventos" así como por "jornadas sociales", la mayoría tramitadas a través de Secretaría de Deporte Social.

Tres comerciantes citados por el juez negaron haberle facturado por ciertos productos al Ministerio de Desarrollo Social e incluso que fueron adulteradas la documentación atribuida a sus respectivos locales.

Eduardo Gromyko, de "La Esquina del Deporte", afirmó desconocer las facturas que le fueron exhibidas y presentadas justificando gastos ante el Ministerio: fueron seis facturas por un monto total de $1.911.270.

"El modelo de factura no es el que expide el negocio", declaró Gromyko.

También Gabriel Eduardo González de la empresa AHP TV SRL aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social "no fue cliente de la empresa en el año 2014/2015": fueron cuatro facturas por unos 287.400 pesos.

Otra de las facturas apócrifas, cuatro en total, justificando gastos por $1.129.070 fue de la empresa LMR Luis María Ragno Materiales Deportivos.

En su descargo, Velázquez adujo que el control de la rendición de gastos estaba a cargo de equipos técnicos y no de ella, quien firmaba las mismas para agilizar el trámite y que ella estaba atareada de otras tareas más importantes.

Canicoba Corral reprochó que el dinero del Fondo Rotatorio era para casos de urgencia y que sólo para gastos que no superaran los $50 mil para cada caso individual, algo que en la práctica se presentaron por mucho más.

"Esta situación demuestra a las claras una carencia de control administrativo como así también coloca en un lugar de mucha inseguridad el dinero público que era trasladado por los empleados de un lugar a otro, atendiendo en especial que no eran cifras pequeñas y se trataba de dinero público para fines muy específicos", dijo el juez.

"Sin lugar a dudas esta falta de control fue la que permitió o al menos facilitó el desvío de dinero del erario público en beneficio propio o de un tercero", según el juez.

En ese sentido, aclaró: "el dinero público ´el de todos´ que en este caso fue asignado al Ministerio de Desarrollo Social para afrontar situaciones de emergencia o de excepción desaparece sin justificación".

"Los proveedores también desconocieron los presupuestos y tampoco consta en el expediente qué persona se ocupó de adjuntarlos, porque en este caso también obra la firma de la jefa de Gabinete, la licenciada Velázquez", concluyó Canicoba Corral.

Velazquez "con permisividad y descuido por la cuestión pública admite la participación de otros actores que si bien no cuenta con la potestad del cargo, llevan adelante conductas tendentes a que se concrete el resultado dañoso".

Junto a Velázquez también fueron procesados y embargados en $500 mil otros exfuncionarios como Andrea Cabrera, Maria Luján Salgado, y Sebastián Lavanchy.

 

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