Negocios

Mientras le adjudican obra en el sur, Cristóbal López amenaza con demanda contra el Estado

14-07-2017 El dueño del Grupo Indalo se adjudicó una parte del proyecto para el saneamiento hídrico de Bariloche, licitada por el Gobierno nacional. A la vez, analiza demandar a las autoridades por $2.000 millones si le quitan la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas
Por Andrés Sanguinetti
Recibí nuestro newsletter diario SUSCRIBIRME
A-
A+

Mientras prepara una multimillonaria demanda contra el Estado argentino si lo echan de la concesión de una de las principales autopistas del país, Cristóbal López sigue igualmente haciendo negocios con el actual gobierno de Mauricio Macri.

El empresario patagónico, con varias causas judiciales y una decena de acusaciones vinculadas a supuestas maniobras para evadir impuestos, entre otras, analiza recurrir precisamente a los tribunales si finalmente la administración Cambiemos le quita la concesión de la Autopista Riccheri Ezeiza-Cañuelas, que opera con una de sus empresas controladas y que la Dirección de Vialidad Nacional decidió intervenir en mayo pasado.

El organismo nombró un administrador y comenzó una tarea para rescindir de forma definitiva el contrato con AECSA, donde el 70% del capital es controlado por Esuvial, a su vez propiedad de la constructora CPC Ingeniería e Infraestructura.  

Antes de que finalice julio, Vialidad Nacional debe terminar su informe para cancelar el acuerdo de concesión con Cristóbal López por entender que Esuvial no giró al Estado fondos de asignación específica que se recaudan por el cobro de los peajes pero que deben ser transferidos por las concesionarias de rutas al Estado con el objetivo de financiar las obras de ampliación de los caminos.

De acuerdo a fuentes oficiales, la deuda de Cristóbal López supera los $500 millones y forman parte del denominado RAE, por sus siglas vinculadas a los Recursos de Afectación Específica.

Se trata del 20% de la recaudación por peajes que las empresas deben entregar a la Nación y que AECSA no lo habría hecho, según la denuncia.

En el Gobierno comparan esta maniobra con la de Oil Combustibles, que no giró por años al Estado los fondos provenientes de un impuesto que debían ser aportados a las arcas estatales. Se trata de una suma cercana a los $8.000 millones en el marco de un caso que derivó en una denuncia contra el grupo por defraudación a la administración pública que se en cuentra en curso.

También provocó la apertura del concurso preventivo de acreedores de la sociedad denunciada, lo cual a su vez, le impidió a la AFIP poder cobrar la supuesta deuda y la obligó a ofrecerle a la empresa una moratoria.

En lo que respecta al conflicto por la autopista, Cristóbal López ingresó a este negocio en 2013, cuando le compró a la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), su parte en la explotación de la autovía a través de su controlada Esuvial, del Grupo Indalo.

El holding europeo había decidido salir del negocio tras recibir $56 millones. Ese fue el desembarco del empresario al negocio vial, tomando el control de la ruta de acceso al principal aeropuerto internacional del país, que tiene una extensión de 60 kilómetros y fue construida por OHL.

Su volumen de tráfico es de casi 200.000 vehículos diarios, y OHL estaba en esa concesionaria junto al Banco Galicia que también vendió su participación.

Tras la operación, comenzó un proceso de renegociación de la concesión con el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) para recomponer el cuadro tarifario, congelado por años, y ampliar por 15 años el período de la concesión que vence en 2021.

Pero tras las elecciones de diciembre de 2015 y el triunfo de Macri, la suerte del contrato fue otra. El acuerdo no se concretó y las nuevas autoridades de Vialidad Nacional comenzaron a investigar todos los acuerdos y las obras en las cuales participa el empresario patagónico.

En el caso de la concesionaria de la autopista Ezeiza-Cañuelas, se desingó a un administrador y se le reclamó el dinero supuestamente adeudado al Estado.  

A modo de respuesta, desde Indalo advirtieron que se trata de la única ruta donde el Estado nacional no permitió incrementos de tarifas, a diferencia del resto de los caminos concesionados.

Según las fuentes, si el Gobierno finalmente concreta la anulación del contrato, el grupo iniciará una demanda por una cifra cercana a los $2.000 millones.

El dinero surgiría de las cuentas que realizan en el grupo en torno a los resarcimientos por el final de la concesión y otros montos vinculados a no poder continuar con la operación de la autopista.

En la actualidad, la resolución de Vialidad Nacional que designó un administrador se encuentra apelada por Cristóbal López, que ahora espera la determinación final para presentar, o no, la demanda contra el Estado nacional.

Mientras tanto, los mismos actores, aunque con diferentes empresas y dependencias oficiales, continúan trabajando juntos. Es que dueño del Grupo Indalo no parece haber quedado afuera de la adjudicación de licitaciones derivadas de la obra pública a pesar de la inhibición de bienes que pesa sobre varias de sus empresas y de la docena de casos que lo tienen como protagonista en varios tribunales del país, camino que el empresario patagónico comenzó a recorrer luego del cambio de gobierno.

El caso más reciente es la adjudicación de una millonaria obra que fue licitada por Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a una de las empresas propiedad de Cristóbal López.

Se trata de la firma CPC Ingeniería e Infraestructura, que fue comprada por el empresario en 2009 y se dedica al desarrollo de obras viales, civiles e industriales.

La sociedad se hará cargo de una parte de la obra mediante la cual se buscará alcanzar el saneamiento hídrico de la ciudad  de Bariloche y que tiene un presupuesto cercano a los $840 millones y será llevada a cabo en varias etapas.

En el caso de lo adudicado a CPC, tendrá a su cargo la ejecución de un colector costanero de la ciudad turística, cuyo presupuesto oficial asciende a $224 millones, pero que la firma de Cristóbal López propuso construir por $189 millones, lo que representa un ahorro de $35 millones para las arcas del ENOSHA.

Los datos de la adjudicación se pueden constatar en la Resolución Nº 127 del organismo, mientras que la obra se enmarca en el Plan Nacional de Aguas y Saneamiento cuyos fondos provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el “Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos –PayS”.

En el caso de Bariloche, se adjudicaron las obras para la construcción de un segundo módulo de la planta depuradora y un nuevo colector costanero que permitirá aumentar la capacidad de conducción para los efluentes cloacales de toda la localidad y se conectará con el colector ya existente.

La comisión evaluadora de las ofertas que se presentaron el 16 de marzo pasado llevó a cabo un análisis técnico, financiero y legal de las 14 propuestas que se presentaron y, según consta en la resolución, optó por la de Cristóbal López por ser la de menor costo para el Estado nacional.

El colector que ahora la empresa del Grupo Indalo deberá concretar se realizará en forma paralela al que ya opera y recorrerá un trayecto de 6,2 kilómetros. Contará con una planta de bombeo que permitirá conducir los líquidos cloacales a la planta depuradora.

CPC Ingeniería e Infraestructura es una de las empresas con las cuales Cristóbal López participa de la obra pública.

De hecho, según datos oficiales, figuró en el puesto 13 en el listado de empresas beneficiadas por las licitaciones adjudicadas por la Nación durante los últimos 12 años no sólo durante el kirchnerismo sino también en la gestión actual del gobierno de Cambiemos.

De hecho, en agosto del año pasado se quedó con la construcción de la Autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia (Ruta 3), que la ex presidenta Cristina Fernandez le había entregado a la empresa Austral Construcciones, de Lázaron Báez, pero que Mauricio Macri anuló porque las obras jamás se iniciaron.

Ahora, a través de CPC, será Cristóbal López quien la lleve a cabo, luego de haber presentado la propuesta más baja, cercana a los $1.500 millones.

También está llevando a cabo, en sociedad con las empresas Supercemento y Rovella Carranza, las obras para el acueducto de Chaco, una obra que le costará $2.500 millones a la Nación, según datos del ENOHSA.

SECCIÓN Negocios
NOTAS RELACIONADAS
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR