Esta semana Brasil vivió un shock inesperado, cuando el juez Sergio Moro dictó una condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción.

Así, una de las figuras políticas de mayor peso del continente recibió una sentencia de nueve años y medio de prisión, y una multa en reales equivalente a u$s200.000.

Pero lo más impactante desde el punto de vista político es la inhabilitación para ocupar cargos o función pública por 19 años.

No obstante que esta sentencia en primera instancia no es de cumplimiento efectivo, cambia claramente el futuro político del ex presidente Lula da Silva.

Ahora Brasil deberá aguardar la segunda instancia, a cargo del tribunal regional federal de Puerto Alegre.

De confirmarse la sentencia, Lula no iría a una cárcel normal, sino que cumpliría arresto domiciliario por tener más de 70 años.

Además, –y esto es de gran relevancia inmediata– si el tribunal federal confirma la sentencia del juez Moro, Lula no podrá ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre del 2018.

Una ley –la de la ficha limpia–, impide que alguien pueda ser candidato cuando tenga firme una sentencia de segunda instancia.

La defensa del ex presidente, el propio Lula y los simpatizantes del Partido de los Trabajadores, aducen que el fallo de Moro tiene como objetivo retirarlo de la contienda electoral de octubre del próximo año.

Lo cierto es que Lula está primero en las encuestas para la primera vuelta, pero en la segunda vuelta enfrentaría un alto nivel de rechazo.

Lo que dice Lula es: “quieren evitar que vuelva al Brasil a retomar el crecimiento de un país que está económicamente destruido”.

Sin embargo, el ex presidente omite que la destrucción económica fue generada por el gobierno de su propio partido –el PT–, que estuvo “a cargo” del país en la época de Dilma Rousseff.

Por lo pronto, Brasil consiguió una proeza única. Tiene tanto la sentencia por casos de corrupción del ex presidente Lula Da Silva como la acusación –también por corrupción– del actual presidente Michel Temer.

En ese contexto, se puede rescatar algo todavía más importante: no interesa quién es el nombre del acusado, el cargo que ocupa o el cargo que ocupó.

En cualquier caso debe dar cuentas a la Justicia, una Justicia –en Brasil– independiente y que claramente consigue aplicar leyes que sirven para que arrepentidos se arrepientan y para que jueces implementen la ley.

Esa Justicia está funcionando de una forma impecable, como nunca se vio.