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Son procesos contra 33 empresas de su grupo. El organismo recaudador pretende que el empresario K pague lo que debe y vaya preso por evasión
16/07/2017 - 12:17hs

Desde que asumió Mauricio Macri, los negocios cambiaron para Grupo Indalo, de Cristóbal López y su socio minoritario Fabián de Sousa, cuyas compañías están valuadas en alrededor de u$s1.000 millones.

La AFIP puso el foco en tratar de cobrarles las enormes deudas impositivas y previsionales que les permitió generar el gobierno kirchnerista.

En el último año y medio, el organismo recaudador denunció a 33 empresas de López y De Sousa, en 13 causas judiciales distintas, en las que reclama $8.589 millones adeudados, más intereses, lo que eleva la cifra a más de $10.000 millones que deberían pagar sus empresas.

En el entorno de Cristóbal López se despegaron de las denuncias y plantearon que “es una persecución política de la AFIP, por la posición política que tiene el grupo”.

Cristóbal López y De Sousa construyeron el mayor multimedios kirchnerista, con plata de la evasión impositiva. Desde que desembarcaron con fuerza en el sector de los medios de comunicación, en 2012, llevan gastados u$s250 millones en la adquisición de diarios, radios, canales de noticias y productoras de TV.

A cambio, la entonces presidenta Cristina Kirchner les permitió evadir el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de su petrolera Oil, que dejó de pagar $8.000 millones a la AFIP, cuando la manejaba Ricardo Echegaray.

Pero las cosas cambiaron cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri y puso al frente del organismo recaudador a Alberto Abad. Se iniciaron 13 causas judiciales contra las empresas de Grupo Indalo, que operan en los rubros bancario, financiero, medios, alimenticio, construcción y petrolero.

Las dos causas más importantes son por los $8.000 millones que retuvo Oil Combustibles. Los acusan por defraudación contra la administración pública, en una causa iniciada por la diputada Elisa Carrió, donde la AFIP se sumó como querellante; y la otra es por insolvencia fiscal fraudulenta, que inició el organismo oficial.

La semana pasada la Corte Suprema aceptó analizar después de la feria judicial la presentación de la AFIP para anular el concurso de acreedores de Oil Combustibles.

Pero la AFIP no pone todas las fichas en la Corte Suprema, ya que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial también abrió un expediente de investigación para determinar si “el estado de cesación de pagos de Oil Combustibles fue simulado o, en su caso, creado artificial y dolosamente”.

Si la Justicia anulara ese concurso de acreedores, por ser fraudulento, Cristóbal López debería pagar automáticamente los $8.000 millones adeudados a la AFIP, más las intereses, sin ingresar a una moratoria del organismo recaudador. Sería parecido a lo que le ocurrió a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, cuando la Justicia le rechazó el concurso de acreedores, porque no pudo demostrar cuándo entró en cesación de pagos.

En otra causa que inició la AFIP, por una deuda de $215 millones, el organismo recaudador logró que la Justicia procese a López y De Sousa por “apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social”, en la operatoria irregular de Oil Combustibles, Oil M&S e Inversora M&S. En esa causa les trabaron un embargo por $280 millones a los empresarios kirchneristas y sus empresas.

También fueron procesados y embargados López y De Sousa en $50 millones, por la “retención indebida de aportes previsionales” de los empleados de Telepiu (canal de noticias C5N), entre los años 2012 y 2014.

Las 13 denuncias de la AFIP contra López y De Sousa incluyen además a otras empresas de Grupo Indalo, como Ganadera Santa Elena, La Salamandra, Ideas del Sur, Alcalis de la Patagonia, la constructora CPC y el diario Ambito Financiero, entre otras.

“La AFIP pretende recuperar lo robado y dejar tras las rejas a Cristóbal y De Sousa”, dijo una fuente del Gobierno a Clarín. Y agregó: “Además está la causa Los Sauces, iniciada por la diputada Margarita Stolbizer, donde están procesados López y De Sousa por asociación ilícita y lavado de activos, junto a Cristina Kirchner y sus hijos”.

Hasta ahora, la AFIP logró que la Justicia procese a Cristóbal López y a De Sousa, entre otros; junto con el embargo y la inhibición de bienes por $508 millones. Pero se demoran la cárcel, las condenas y el recupero del dinero, tal como ocurre en la mayoría de las causas por delitos económicos que tramita la Justicia en la Argentina.