El resultado electoral de octubre será la instancia decisiva para que el Gobierno concrete profundos cambios en la legislación laboral, al estilo de la reforma que la semana pasada tuvo lugar en Brasil. 

La ambiciosa reforma que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer en Brasil ofrece un envión contundente para los planes de Mauricio Macri.

Pero una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición más aíre para contrarrestar la embestida pro-reforma.

El Gobierno comenzó a preparar desde el discurso el terreno para su ofensiva reformista. La denuncia presidencial contra la "mafia" de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a los sindicatos, la retórica en pos de modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor competitividad y productividad, se inscriben en esa línea.

En la propia CGT admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.

Según el borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, apuntan a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral. Y todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas previsionales.

Además proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación, y acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.

Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo.

La polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país. La misma incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización.

En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente para flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos.

Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. "No actuar a tiempo sería suicida", aseguraron. 

"Se impone una adecuación porque tenemos una legislación muy atrasada, profundamente rígida y con una influencia muy corporativa que impide la creación de empleo", sostuvo el vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes del Rioja.

El directivo industrial advirtió que la economía argentina "ya empieza a mostrar algunos brotes verdes, que no se traducen en la creación de puestos de trabajo".

Similar argumento esbozó el abogado y asesor de empresas Julián de Diego: "No se si el Gobierno tiene margen político para avanzar, pero es una necesidad imprescindible para ser competitivos en el contexto económico internacional".

El planteo fue respaldado por el titular de Abeceb y ex secretario de Industria, Dante Sica, quien advirtió que la Argentina "deberá mostrar una determinación similar (a la brasileña) y lograr la aprobación de una batería de medidas que permita dar señales a la sustentabilidad fiscal, fundamentalmente mejorar su competitividad para atraer inversiones productivas, que son las que generan empleo".

En tanto que el entramado sindical en todas sus vertientes, con el auxilio de agrupaciones sociales y sectores de la oposición política, ya está enfocado en dar la batalla contra cualquier apuesta reformista.

"No hay dudas de que hay una ofensiva contra los derechos laborales en toda la región, pero tenemos que hacerle frente con inteligencia porque es mucho lo que está en juego en esta pelea", afirmó el triunviro de la conducción cegetista, Juan Carlos Schmid.

Su par en la cúpula de la central, Héctor Daer, señaló que la reforma de Temer supone "un retroceso importantísimo porque destruye el 100% de la legislación laboral" en Brasil. Y remarcó: "Lo primero que tenemos que hacer es que el Gobierno no gane las elecciones. Sin legitimidad política no va a poder poner esta discusión encima de la mesa".

"Un hecho indispensable para que una contrarreforma pueda caminar es el resultado de la elección. Si gana la oposición hay condiciones para enfrentar la embestida. Pero con un triunfo de Macri habrá menos espacio para confrontar porque es muy difícil plantarse frente a un gobierno que ha sido reelegitimado", reconoció Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo.

No obstante, destacó que, a diferencia de Brasil, las instituciones del mundo del trabajo y los derechos laborales están más arraigados en la sociedad argentina. "Es prácticamente la derogación de la ley de contrato de trabajo, no creo que acá se animen a tanto", añadió en diálogo con El Cronista.