La intervención en el conflicto de Pepsico empezó a darle al Gobierno sus primeros frutos. 

Luego de exponerse a fuertes cuestionamientos de la oposición por convalidar el cierre de la planta y el desalojo violento de los trabajadores, Mauricio Macri logró abroquelar en su favor al sector empresario, que salió a respaldar el "endurecimiento" frente a la creciente conflictividad laboral. 

"El conflicto se resolvió bien y la mayoría de los industriales está de acuerdo en que el Presidente se haya puesto firme, en defensa de la propiedad privada", dijo a iProfesional José De Mendiguren, un habitual crítico de Cambiemos que integra la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El sábado pasado, Macri condenó la ocupación de la fábrica en Florida (Vicente López), decidida por sus trabajadores para evitar más de 600 despidos.

Recordó que la multinacional acordó con el gremio de la alimentación, liderado por Rodolfo Daer, el pago de indemnizaciones por la supuesta mudanza del establecimiento. "No es legal tomar una fábrica", afirmó el mandatario.

En respuesta, los cesanteados encabezaron este martes una nutrida movilización desde el Obelisco, pasando por Plaza de Mayo, hacia la sede del Ministerio de Trabajo, en Avenida Callao, donde finalmente montaron una carpa.

Además, los abogados de los empleados presentarán un proyecto legislativo en la Provincia para iniciarle juicio político a la magistrada Andrea Rodríguez Mentasty, a cargo del Juzgado de Garantías 3 de San Isidro, por ordenar la represión del jueves pasado. 

Según testigos, durante el operativo, la policía ingresó sin expertos a la planta y rompió por error un caño presurizado de gas que "estuvo a punto de volar la fábrica".

Con todo, en la Cámara de la Alimentación (COPAL), que integra Pepsico, reconocen que "el Gobierno cumplió". 

Para los empresarios, el mandatario marcó un límite a las comisiones internas de izquierda, hoy con influencia relativa en algunos rubros de la industria como la alimentación, el metalúrgico, gráfico, automotriz y el del neumático, aunque minoritarias en la conducción de los gremios. 

"Si uno deja que eso crezca, los quilombos se multiplican, porque los sectores de izquierda se les están filtrando a los gremios por abajo", señaló un industrial.

En esa misma línea, el Gobierno ensayó un argumento audaz según el cual la izquierda estaría detrás de la quiebra de compañías. 

"Lo único que hacen los grupos de izquierda es cerrar empresas", expresó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. 

La funcionaria citó los casos de Pepsico, junto con el de Kraft y Lear, en los que también hubo ocupaciones y protestas por despidos masivos en 2010 y 2014, que fueron reprimidas bajo la gestión de Cristina Kirchner. 

"En vez de ayudar a los laburantes, los matan", afirmó Bullrich.

Por el contrario, en el ámbito empresario aprecian la actitud "cauta" adoptada por la CGT que, al día siguiente de la represión en Pepsico, resolvió convocar a una protesta el 22 de agosto, una semana después de las PASO. 

En particular, destacan el rol de Daer por allanarse a la propuesta de la empresa y evitar el paro general que le exigían los delegados.

El conflicto en la firma fabricante de snacks, sin embargo, reabrió la interna gremial: mientras los sectores más duros, como el camionero Pablo Moyano, acusan a la dirigencia de estar en "estado vegetativo", el triunviro Juan Carlos Schmid criticó a la izquierda "ideologizada".

Además, defendió el accionar de la conducción, así como al líder sindical de la alimentación.

En este marco, los industriales reconocen "el riesgo de que se fortalezca la izquierda". 

Algunos recuerdan que fue una "locura" que el Gobierno festejara la toma del palco por grupos rebeldes durante un acto de la central en marzo, que concluyó con corridas y la fuga de los dirigentes. "La CGT es un aliado", sostienen.

Batalla judicialAdemás del "intrigulis" sindical, el otro foco de preocupación empresaria es la Justicia laboral. 

La sensación es que se "ganó" la batalla política, pero que ahora queda por resolver una segunda etapa del conflicto en los tribunales. 

Es que, pocas horas después de que se vieran bastonazos y gases por TV, la sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo le ordenó a la empresa reincorporar a 10 operarios y estableció multas de $5.000 por cada día de demora. 

La sentencia señala que Pepsico despidió sin haber concluido el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), por lo que "debe dar ocupación" a los cesanteados. 

En medio de la campaña oficial contra la "mafia" de los juicios laborales, el camarista Luis Raffaghelli -uno de los que jueces que firmó el dictamen- explicó que las plantas de más de 50 trabajadores, como Pepsico, deben explicitar las razones de la crisis y las medidas que tomarán para superarla, pero que eso no ocurrió ya que la firma solo ofreció indemnizaciones. 

El dictamen sorprendió al sector privado. "El impacto del fallo es horrible, porque significa que aquellas compañías que se ven obligadas a hacer una reestructuración tienen que reinstalar aun pagando una indemnización", explicó el asesor laboral de empresas Héctor García. 

La propia empresa -asesorada por el titular de la COPAL y vicepresidente segundo de UIA, Daniel Funes de Rioja- emitió un comunicado en el que limitó los alcances de la sentencia. 

Señaló que 455 ex empleados ya acordaron sus cesantías y los restantes fueron desvinculados tras la finalización del PPC.

En cuanto a los 10 ex trabajadores a los que hace referencia el fallo, "cinco ya firmaron voluntariamente acuerdos de terminación y los otros cinco ya han sido desvinculados legalmente luego de la conclusión del procedimiento preventivo de crisis, de lo cual el tribunal pudo no haber tenido conocimiento", aseguró la firma.

Por lo bajo, algunos abogados de empresas cuestionan la jugada legal de la alimenticia, ya que se involucró en un procedimiento de crisis (PPC) al tiempo que era denunciada por importar Lays desde Chile vía Ezeiza, tal como lo adelantó iProfesional. 

Los especialistas sostienen que, de manera contradictoria, esgrimió la "inviabilidad económica" de su establecimiento cuando estaba dispuesta a pagar doble indemnización y su intención real era relocalizar su producción.

Por otra parte, dentro de la central fabril afirman que "la situación se podría haber resuelto con más diálogo", al tiempo que ponen en duda el éxito de la estrategia seguida por Pepsico.

"Si tenés ganancias y el costo social que te genera relocalizar es mayor al beneficio económico, en definitiva terminás exponiendo a la empresa, porque el daño de la imagen es mucho mayor", aseguró un industrial que forma parte del comité ejecutivo de la UIA.

Por estos días, algunos supermercados porteños ofrecen en sus góndolas los snacks de Pepsico con descuentos de hasta el 70%. Las promociones se dieron a conocer en medio de la campaña lanzada por redes sociales en contra de los productos de la firma, y que llegó a los comercios de Chile. 

Esa es una de las tantas medidas que alientan aquellos empleados que han sido desvinculados como parte un plan de lucha que iniciaron el martes y que promete extenderse en el tiempo.