Mucho ruido y poca reactivación. En pocas palabras, este es el diagnóstico que tienen economistas de un lado y otro de la grieta sobre las últimas medidas de corte "social" lanzadas por el Gobierno para incentivar las ventas.

Esas iniciativas van desde créditos a tasa subsidiada para casi 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pasando por la promo mensual del Banco Provincia con reintegros del 50% sobre la compra en supermercados, hasta créditos flexibles para la compra de autos que ofrece la misma entidad.

Lo irónico es que, en plena campaña electoral, las inyecciones de dinero para estimular al alicaído consumo hacen que muchos vean similitudes entre estas medidas del gobierno de Macri con las estrategias a las que recurría el kirchnerismo cuando necesitaba generar una sensación de bonanza.

Las coincidencias no terminan ahí: los analistas manifiestan el mismo escepticismo ante esta nueva cara "keynesiana" del macrismo que el que mostraban ante los planes K para lubricar la maquinaria consumista.

Para el oficialismo, esto puede sumar una nota de preocupación desde el punto de vista electoral, ya que a CFK no siempre le fue bien con esa estrategia.

Por caso, aliviar por decreto el impuesto a las Ganancias no le permitió mejorar en las legislativas de 2013 la mala performance que había tenido en las PASO.

La lección de aquella medida fue que Cristina sacrificó una fuente de ingreso fiscal para congraciarse con un sector social que, de todas formas, le dio la espalda en las urnas.

Quedó, al menos, la presunción de que todo ese dinero en los bolsillos de los consumidores podía haber ayudado a reactivar las ventas minoristas.

Esta vez, en cambio, ni siquiera hay seguridad en ese punto. Por más que hayan sido impresionantes las imágenes de una multitud desbordando los supermercados de la provincia de Buenos Aires (para aprovechar un 50% de descuento con la tarjeta del Bapro), casi nadie cree que esto pueda mover la aguja del consumo a nivel general.

El escepticismo derrama incluso a los propios funcionarios, que descreen del poder reactivador de estas medidas. Sin embargo, en plena pelea por los votos, el ala política termina imponiendo sus criterios sobre el análisis técnico.

En la recta final de la campaña, el despliegue de la Casa Rosada revela una marcada necesidad: mostrar "políticas activas".

Está claro que ahora el Presidente pretende dos cosas: dar una clara señal política de que su Gobierno está atento a las necesidades de los más postergados, por un lado, y de la clase media bonaerense, por otro.Neutro en economía, ¿bueno en política?Tras las imágenes en TV de una multitud desbordando supermercados para aprovechar el descuento del Bapro, el debate político quedó dividido respecto de cuál será el impacto en la opinión pública.

Mientras algunos analistas, en general vinculados con la oposición, ven en ese fenómeno una admisión tácita sobre la caída del poder adquisitivo, otros plantean que cualquier medida pro-consumo mejora el humor social y que, inexorablemente, tiene un correlato electoral.

El Gobierno se aferra a esta segunda posibilidad. Sobre todo, en un contexto en el que el nivel de compras no se ha sumado a la lista de "brotes verdes".

De hecho, en su última medición arrojó caídas del 2,5% (supermercados) y de más del 4% (shoppings), con el agravante de que la comparación interanual está hecha contra un alicaído mayo del año pasado.

¿Qué piensan los economistas que trabajan en el Gobierno? Por lo pronto, ninguno cree que estas medidas macristas sirva para mover la aguja. A lo sumo, podrían tener impacto de escasa intensidad entre los beneficiarios directos.

Pero una cosa no quita la otra: en el Palacio de Hacienda sostienen que la seguidilla de planes a favor de la clase media y media-baja acercará votos el domingo de las elecciones, del mismo modo al que lo hacen las obras públicas promocionadas en campaña.

Ante una consulta de iProfesional, un estrecho colaborador del ministro Dujovne se sincera: "La verdad es que son medidas de segundo orden; no vamos a engañarnos".

En su visión, son buenas decisiones pero con impacto focalizado en los que reciben la AUH, quienes sacan un crédito para comprar un auto o hacen sus compras con la tarjeta del Bapro, una vez por mes.

"Persiguen más el rédito político en la provincia de Buenos Aires que lograr un verdadero efecto sobre la economía", expresa. Sus definiciones son compartidas por los analistas que siguen la situación desde fuera del Gobierno.

Uno de ellos es Orlando Ferreres, quien afirma: "No busquemos efectos económicos donde no existen. Esto que han lanzado es más bien un hecho político, al mejor estilo Cristina cuando era Presidente".

En diálogo con iProfesional, sugiere prestar atención a otros indicadores económicos: "Para saber cómo viene la economía, observemos que ya se evidencia una recuperación del poder de compra de los asalariados".

"De acuerdo con nuestros cálculos, el PBI está creciendo a un ritmo del 4,5% en este mes de julio", indica Ferreres.

No obstante, añade, "este repunte es muy desparejo. A algunos sectores, como la construcción o el campo, les va bien pero a otros, como a la industria y en menor medida al comercio, les va mal".

Para este economista, el gradualismo es el responsable de que la recuperación sea lenta y también dispar.

"El efecto de estas medidas es marginal, y está claro que no las tomarían si no estuviésemos muy cerca de las elecciones", asegura a iProfesional Federico Muñoz, director de Muñoz & Asociados.

La iniciativa de dar créditos a beneficiarios de la AUH tiene un poder limitado, ya que no implica una mejora automática de bolsillo: son $5.000 que podrán obtener quienes necesiten tomar deuda.

La tasa de esas líneas será del 24% anual y, según detalla el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, la medida no tiene costo fiscal alguno. "Los préstamos tienen tasa superior a la inflación interanual", apunta."Populismo culposo"Desde la otra vereda política se suman las voces críticas. Como la del ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis: "Las medidas tomadas tendrán efecto nulo sobre la actividad económica".

Uno de los argumentos que plantea es que los beneficiarios de la AUH son renuentes a endeudarse, ya que el 85% retira el dinero por un cajero físico.

"No están bancarizados, estos créditos le quedan lejos. Más fácil hubiese sido darles una suma fija y, en todo caso, que la Anses le emita un bono al Tesoro para evitar una pérdida patrimonial", afirma el ex funcionario K.

En lo que califica como "una especie de populismo culposo", Álvarez Agis indica que "una tasa del 24% anual es alta si el Gobierno apunta a una inflación mucho más baja para los próximos años".

Por otro lado, cree que a raíz de la pérdida del poder de compra de la AUH, los beneficiarios que acepten la propuesta lo harán para pagar deudas. "No hay que esperar una recuperación del consumo por esta vía", sentencia.

Resulta interesante atender el argumento de este ex funcionario que durante el gobierno de CFK tuvo poder de decisión en el entonces Ministerio de Economía.

"El pecado original de Macri fue haber desregulado todos los mercados. Entonces, cualquier beneficio a los más necesitados se traduce en un aumento de los precios", afirma.

Y añade: "El Presidente les pone dinero en el bolsillo -es cierto- pero después no se reúne con los formadores de precios para que la mayor demanda no se traslade a los valores de esos productos. Nosotros, bien o mal, lo hacíamos".

El ex funcionario (quien hoy continúa con un rol relevante en las filas K) entiende que se trata de iniciativas aisladas, que no forman parte de un plan, y que por eso no mueven el amperímetro.

"A nosotros nos pasó en 2013, después de las PASO. Cristina mejoró Ganancias pero fue una medida aislada. No influyó en el resultado de las elecciones generales. Perdió igual. La gente no responde de manera automática", comenta Álvarez Agis.

En su visión, distinto hubiese sido si esa iniciativa formaba parte de una reforma tributaria integral y no hecha a desgano. "Las medidas de última instancia no sirven", dice.

Si estos planes no mueven la aguja del consumo general, la pregunta es si al menos "garpan" políticamente. Precisamente, aquí radica una de las claves -acaso la más gravitante- en términos electorales:

"El Gobierno quiere compensar el mal presente económico del sector más postergado de la sociedad con estos paliativos. Apunta a mantener la esperanza", expresa Luis Costa, director de Quiddity.

De acuerdo con las últimas mediciones de esta consultora, la aprobación de Macri viene en declive: hoy día se ubica en el 42%, prácticamente el piso desde que asumió. En cambio, a María Eugenia Vidal le va mucho mejor, ya que ostenta un 55%.

Para Costa, estos anuncios son un reconocimiento implícito de que el Presidente ha perdido respaldo popular.

"Son gestos. Entre estas medidas y una baja de la inflación, el Gobierno quiere ganarse la aprobación de la gente para los próximos dos años. No me sorprendería si logra buenos resultados y gana la provincia", completa.

Lo que parece claro es que estas últimas medidas imponen más un análisis político que un razonamiento puramente económico. A juzgar por los especialistas, no tendrán un registro sensible sobre el nivel de actividad, al menos en el plazo que resta hasta las elecciones.

En cambio, le permite a la Casa Rosada ir quitándose el sello de que este es un Gobierno "para ricos" e "insensible", con el que suele pegarle la oposición.