El gobierno de Uruguay quiere aprobar la ley antilavado este año para incorporar las reglamentaciones sugeridas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2012 y que esté todo listo cuando la entidad vaya a realizar una revisión en el país en 2019.

"Entendemos que la ley debería estar pronta antes de fin de año para poder aplicarla durante un año antes de recibir la evaluación (del GAFI)", señaló Daniel Espinosa, el secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft, un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República).

Por su parte, el presidente de la Comisón del Senado creada a partir de la investigación de los Panamá Papers, el frenteamplista Rúben Martínez Huelmo, confirmó la "intención" de votar el proyecto en agosto. para que se pueda cumplir con ese plazo.

La semana pasada el Banco Central de Uruguay les informó a las instituciones de intermediación financiera deberán brindar todos los años "información sobre determinadas transacciones y servicios (...) correspondientes al ejercicio anterior a su presentación, agrupadas según determinados factores de riesgo".