La oposición venezolana extenderá a toda Venezuela su protesta convocada para este viernes en Caracas, en abierto desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que prohibió manifestaciones que afecten la votación el domingo de la Asamblea Constituyente.

"Las calles de Venezuela son del pueblo, no de la dictadura", respondió en su cuenta de Twitter la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En un ultimátum para que Maduro suspenda la elección, los opositores cumplen el segundo día de una huelga de 48 horas, que ya deja cuatro muertos -tres el miércoles y uno este jueves-, que elevaron a 107 los fallecidos en las protestas que iniciaron hace cuatro meses.

La MUD advirtió que si el gobierno no da marcha atrás con Constituyente, pese a la huelga y la marcha del viernes, "boicoteará" la votación para elegir a los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.

Sin embargo, ante un multitud de seguidores, en el cierre de campaña de la Constituyente, Maduro reiteró que "llueva, truene o relampaguee, la Constituyente va", pese a las presiones internas y externas.

La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido -pese a su riqueza petrolera- en una profunda crisis económica, donde la comida y las medicinas escasean, los precios suben todas las semanas y los salarios no alcanzan.

"Nos va a traer más hambre y miseria, no queremos ser otra Cuba", dijo a la agencia AFP Carmen Álvarez, comerciante de 60 años, en una barricada de escombros, en el este de Caracas.

El jueves, zonas de la capital y de otras ciudades estaban semiparalizadas y en varios sectores ocurrieron choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.

Donald Trump, “el emperador”

El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios, y amenazó a quienes organicen y realicen actos para interferir en la votación con "prisión de cinco a diez años".

Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos justificó su medida acusando a esas figuras de "minar la democracia" y por su "responsabilidad" en actos de violencia o corrupción, y advirtió que quienes "se sumen" a la Constituyente estarán expuestos a otras sanciones.

"Su majestad el emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente (...) y le digo al emperador Donald Trump que el pueblo manda en Venezuela", expresó el presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, también rechazó esas sanciones y prometió que las votaciones serán garantizadas por las Fuerzas Armadas, claves en el sostén del actual gobierno.

Maduro, de 54 años y que sustituyó al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), acusa a sus adversarios de promover la violencia para darle un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.

Pero no solo Estados Unidos presionó para frenar la Constituyente. Gobiernos de Latinoamérica y Europa también expresaron preocupación por un agravamiento de la crisis y de la violencia.

"Un cheque en blanco"

Según analistas, tanto el rechazo interno como externo afectan la legitimidad de la Constituyente, por lo que el Gobierno busca evitar una alta abstención.

Un problema para esa pretensión podrían resultas, de llegar a ser reales, los 7,6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra la iniciativa de Maduro.

"Es la carta definitiva, de todo o nada, de un gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia, y esto tiene un costo", aseguró la comentarista política Colette Capriles.

Maduro asegura que la Constituyente traerá paz y bonanza económica al país, pero la oposición sostiene que con ella solo busca perpetuar al chavismo en el poder e instalar un sistema comunista.

La oposición decidió no participar en la Constituyente, alegando que no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el Gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida.

Con ese poder, podría incluso eliminar el Parlamento de mayoría opositora y a una Fiscalía rebelde, alertan desde la oposición.

Será un "cheque en blanco", advirtió la fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro, al llamar a los venezolanos a hacer todo para detener la Constituyente.