Una de las herramientas mas utilizadas por el kirchnerismo para controlar la política energética del Estado dejó de existir después de más de una década de haber sido instalada. Se trata de la designación de interventores que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández implementaron en entes, organismos y empresas tanto privadas como públicas que participan en toda la cadena de valor del sector energético.

Considerado uno de los bastiones del ultrakirchnerismo, hasta 2015 en el mercado energético se aplicaron políticas de Estado caracterizadas por 12 años de congelamiento de tarifas, fuerte intervencionismo estatal y otorgamiento de enormes subsidios a grupos afines, entre otras medidas. 

La estrategia era colocar al frente de organismos de control, entes o empresas productoras, transportistas, distribuidoras y comercializadoras de energía y gas a funcionarios afines a los designios del poder de turno con la excusa de “transparentar” o “regularizar” supuestas situaciones o escenarios muchas veces ficticios que a los ojos de los funcionarios de ese momento generaban distorsiones o riesgos para el mercado energético argentino cuando la realidad era otra.

El caso inicial ocurrió en 2008, cuando el kirchnerismo designó un interventor en Transportadora de Gas del Norte (TGN), luego de que la transportadora anunció que no podía hacer frente al pago de una deuda por u$s 22 millones. Fue el primer default privado de la era Kirchner y obligó al gobierno K a colocar un funcionario de confianza con el objetivo de “inspeccionar y fiscalizar” el servicio de la empresa. Si bien la intervención debía durar 120 días se extendió hasta los primeros meses del nuevo gobierno de Cambiemos. 

Otra intervención emblemática fue la de Metrogas, en 2010, también por la imposibilidad de hacer frente a un vencimiento por u$s 20 millones y luego de solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Al igual que con TGN, la intervención de Metrogas se amplió de los 120 días iniciales hasta 2016. Su objetivo era el de “controlar el proceso de reestructuración de la deuda”, hecho que todavía no ha sido avalado por la Justicia, aunque Metrogas luego pasó a manos de YPF, consiguiendo oxígeno financiero de su nuevo controlante para seguir operando. De todos modos, YPF tiene la obligación de vender la empresa para evitar incumplir con normas que rigen el funcionamiento del mercado energético.

En ambos casos, las intervenciones fueron definidas debido a situaciones financieras de ahogos de las empresas, causadas por un mercado con exeso de estatismo, precios relativos de la cartera de productos fijados por el Gobierno, tarifas congeladas y enorme cantidad de subsidios otorgados de manera discresional por el ex ministro de Planificación Federal e Infraestructura, Julio De Vido, hoy con más de 130 causas judiciales en su contra y convertido en el máximo referente de la corrupción en la política argentina.

Una política que, en el caso energético, como herencia dejó un enorme déficit de electricidad, un sistema empobrecido en lo tecnológico por falta de inversiones y miles de usuarios presos de constantes cortes de luz durante las más altas o más bajas temperaturas del año, además de empresas, grandes, pequeñas y medianas, con incapacidad de incrementar producción por falta de suministro eléctrico.

Con el decreto publicado hace pocas horas en el Boletín Oficial que da por finalizada la intervención oficial al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el actual gobierno entierra ese ciclo en el cual los funcionarios designados por el Estado no precisamente debían tener conocimiento profundo del sector, sino que tenían la obligación de seguir los enunciados energéticos trazados por De Vido y su gente para controlar uno de los sectores considerados como un “botín” por la ideología kirchnerista.

Se trata del Decreto 594/2017 del Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, que da por culminada la tarea del interventor en el Enargas, úlitmo ente que se encontraba en esta situación. La decisión tiene que ver con un cambio de mirada, de paradigma entre un gobierno y otro, el actual más enfocado en normalizar los organismos de control, claves para el desarrollo energético, y con la mirada puesta en la institucionalidad de las estructuras, buscando devolver la autarquía a los organismos del sector que deben desempeñarse dentro de ese esquema.

El Enargas fue creado en 1992 como ente autárquico y está a cargo de poner en marcha las políticas de regulación, control, fiscalización y resolución de conflictos vinculados al transporte y distribución de gas en el país. Hasta ahora, la intervención estaba en manos de David Tezanos, quien llegó al ente proveniente de Metrogas donde de ocupó el cargo de director de Gas, luego de que YPF tomó el control de la distribuidora. Tezanos asumió su cargo a fines de 2015 cuando el presidente Mauricio Macri decidió mantener por otros 180 días la intervención del ente que había sido intervenido por un decreto de Kirchner en mayo de 2007. 

Si bien su función debía estirarse por seis meses, se prolongó más de la cuenta, hasta haber cerrado totalmente la negociación con las empresas concesionarias del sector en el marco de la revisión tarifaria integral (RTI). Tezanos también tenía como misión recuperar la institucionalidad del Enargas que durante todo el kirchnerismo estuvo intervenido por el Poder Ejecutivo en cabeza de Antonio Pronsanto, ex funcionario estrechamente ligado a De Vido. 

Si bien el futuro de Tezanos podría seguir ligado al Ministerio de Energía, más precisamente en la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, por ahora se encontraría de vacaciones junto a su familia analizando las opciones para su futuro profesional.

Mientras tanto, el decreto 594/2017 también puso en funcionamiento al nuevo directorio del organismo seleccionados mediante un concurso público de antecedentes abierto en agosto del año pasado. Sus integrantes ocuparán los puestos por los próximos cinco años en el caso del presidente, cuatro para el vicepresidente, tres para el primer vocal, dos para el segundo vocal y un año para el tercer vocal.  

En el caso de la presidencia, se debió instrumentar un nuevo concurso público ya que quien había sido seleccionado en el primero declinó asumir. Se trata de Marcelo Figueroa, vicepresidente de la distribuidora ADNOC de Emiratos Árabes Unidos y ex director de Operaciones de Metrogas, quien tras recibir una contraoferta de la empresa asiática decidió seguir en el sector privado. Esto obligó a organizar una segunda compulsa, proceso que está a  cargo de un grupo de ex secretarios de Energía que lidera Daniel Montamat, actual director de YPF, y del cual también participan Jorge Lapeña, titular de Transener, y Emilio Apud, también en el directorio de YPF. Su tarea deberá definirse en las próximas semanas y tras optar por uno de los candidatos, el pliego del elegido deberá ser girado al Congreso para que de el visto final a la elección.

Mientras tanto, el Enargas funcionará sin presidente, ya que su estatuto lo permite al establecer que el voto de cada uno de sus miembros tiene el mismo peso específico que el resto. Esto significa que para votar una medida, al directorio le alcanza con un mínimo de tres firmas. Y hasta que asuma el nuevo presidente, el organismo será manejado por el vicepresidente designado ahora. Se trata de Daniel Perrone, actual subinterventor del ente y ex miembro de Transportadora de Gas del Sur (TGS). En cuanto a los restantes miembros del directorio serán Carlos Casares, proveniente de Tecpetrol; Diego Guichón y Griselda Lambertini, ambos provenientes del ambiente académico.