La nueva reforma a la Ley de Riesgos de Trabajo impulsada por el oficialismo logró sortear un difícil escollo en la Justicia y despejó el escenario que enfrentaba el Gobierno desde su aprobación por múltiples planteos para declararla inconstitucional.

La Cámara Nacional del Trabajo rechazó otorgar una medida cautelar que frene los efectos de las Comisiones Médicas obligatorias como paso previo al inicio de los juicios laborales, una medida que la Casa Rosada había adoptado en respuesta a la denominada "industria del juicio".

Para el Poder Ejecutivo la decisión de no dar curso a la cautelar implica un win-win: obtuvo esa decisión de un fuero hostil -como la Justicia del Trabajo con la que mantiene un enfrentamiento abierto- y acotó los márgenes de demandas por la presunta inconstitucionalidad de la norma al fuero Contencioso Administrativo Federal, con quien mantiene buena sintonía.

La acción de amparo había sido interpuesta por Jorge Rizzo, titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), entidad que también había presentado por vía separada una demanda idéntica. En aquel caso, los mismos camaristas Néstor Rodríguez Brunengo y Diana Cañal (en abril pasado) no sólo decidieron anular la decisión de primera instancia de desestimar la demanda por ausencia de "caso", sino cambiar al juez José Santiago Sudera que había desechado la demanda.

Pero para la demanda paralela de Rizzo, ratificaron la ausencia de un caso sobre el que analizar la posible inconstitucionalidad de la nueva ley de ART, y sostuvieron que otorgar una cautelar sería lo mismo que resolver el fondo de la cuestión, es decir declarar la reforma como inconstitucional. 

"Sin estar a esta altura del proceso configurado concretamente un caso", cuya lesión merezca una tutela cautelar, por el momento se habrá de denegar la medida cautelar sin que ello implique pronunciamiento más adelante", fue la fórmula utilizada para reafirmar que "no se encuentra acreditado el peligro de demora", ni comprobados los "perjuicios de imposible reparación" que el rechazo a la cautelar implicarían. Originalmente, los letrados habían denunciado la imposibilidad de pactar libremente los honorarios con quienes demandaran por accidentes de trabajo. Se pidió que se considera inconstitucional los artículos 1, 2, 3, 10 (inciso 3º del nuevo artículo 7) de la Ley N°24557.

Rizzo señaló a Ámbito Financiero que no recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, instancia superior a la Cámara Nacional del Trabajo para apelar la decisión de la Sala III, lo que podría implicar una mayor dilación en la resolución de fondo, que pierde fuerza ante el aluvión inicial de reclamos que causó primero el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Mauricio Macri puso en vigencia la modificación, y su posterior sanción definitiva como ley. 

Los amparos seguirán su curso sobre el fondo del reclamo en el fuero laboral, pero no habrá cautelares que bloqueen sorpresivamente la vigencia de la norma, que motivó una denuncia de la CGT ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Gobierno se anotó un triunfo con este guiño pese a no haber cesado la batalla con la Justicia del Trabajo. El presidente Mauricio Macri la vinculó como parte de un engranaje que propiciaba mafias en torno de los reclamos judiciales, señal que el Ejecutivo pretendió darle a inversores para desmontar la industria del juicio. La ganancia para el oficialismo es que obtuvo una señal auspiciosa en medio de un torbellino que incluye el pedido de juicio político a dos camaristas del fuero del Trabajo, cruces públicos con el ámbito laboralista y la intención oficial de migrar todos esos tribunales a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El resto de las demandas quedaron radicadas, desde el dictado del DNU, en el fuero Contencioso Administrativo Federal con menores roces que el laboral con respecto al Gobierno. Mientras que no se expidieron al respecto sobre la validez o no del decreto (algo abstracto a raíz de la posterior sanción de la Ley y su promulgación), tampoco trastabilló la demanda por la presunta inconstitucionalidad de la norma emanada del Congreso, con lo que el margen para que la reforma que Cambiemos impuso sea bloqueada, quedó ahora muy acotado.