La suerte no parece estar del lado del Instituto Patria, la asociación civil sin fines de lucro que sirve de búnker de Cristina Kirchner desde el año pasado, y que preside el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli.

La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a intimarla el martes de la semana pasada -la tercera vez en dos meses-, ahora porque no sólo la asociación sigue sin identificar quiénes son sus socios aportantes, sino porque además declaró directamente haber perdido su registro de asociados.

El mayor problema es que en la denuncia policial en la que informaron del extravío, identificaron el registro -son libros rubricados- con un número que ni siquiera le correspondería al Instituto Patria, sino que pertenece a una empresa comercial: Pauny.

Pauny es una firma cordobesa que fabrica tractores, que muchas veces fue tomada como ejemplo por Cristina Kirchner, por tratarse de una compañía que en 2001 había sido recuperada por sus empleados y personal jerárquico.

También fue una de las empresas más activas en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela, luego de que Néstor Kirchner abriera el canal con Hugo Chávez. E incluso participó del viaje comercial organizado por Guillermo Moreno a Angola, adonde llegaron a exportar algunos tractores.

Desde Pauny, en tanto, se mostraron sorprendidos y negaron cualquier tipo de relación con la asociación que sirve de búnker para Cristina Kirchner.

"No nos une ningún tipo de relación. Para mí es una equivocación; aparte, que es muy torpe decir un número que no corresponde. Debe haber sido un error de ellos", dijo Raúl Giai Levra, presidente de Pauny. "Me pone mal, porque el mercado también está muy susceptible de la política, es una cuestión que no es nuestra ni nos pertenece. Es un error. No hay motivo doloso. Es un tema que tendrá que aclarar el Instituto Patria. Hace 16 años que trabajamos, hemos estado inspeccionados por la IGJ y no hemos tenido ningún tipo de problema", dijo.

Pero hay otra casualidad que llamó la atención de la IGJ, y es que la misma escribana que firmó las últimas presentaciones de Pauny en el organismo, María Bulubasich, también hizo las presentaciones más recientes para Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López.

La IGJ, según la notificación que llegó hasta el instituto y a la que accedió La Nación, le dio 10 días a la asociación civil sin fines de lucro para regularizar su situación.

Le exige iniciar el trámite para rubricar el libro de registro de asistencia a las asambleas; justificar el número de asociados que fueron admitidos y especificar su categoría social y cuotas pagas (a la última asamblea asistieron más de 600 pese a que en el padrón hay 354 asociados en condiciones de participar), y aclarar la relación con Pauny.