Impuestos

Procesan a diez personas acusadas de evadir $2.500 millones con facturas truchas

04-08-2017 La investigación surgió a partir de datos surgidos en 72 CUIT de sociedades constituidas por las mismas personas                                                                                                                          
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La Justicia Federal de Rosario procesó a diez personas bajo la acusación de armar sociedades y emitir facturas truchas para posibilitar a varias empresas la evasión o elusión del pago de impuestos por alrededor de 2.500 millones de pesos.

El caso se conoció el 5 de julio pasado, cuando el juez ordenó 35 allanamientos en distintos puntos de Rosario.

Fuentes judiciales informaron que la investigación fue iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir de datos surgidos en 72 CUIT de sociedades constituidas por las mismas personas, utilizadas para emitir lo que comúnmente se llama “facturas truchas”, de las que se habrían abastecido alrededor de 6.500 comercios de todo el país.

El perjuicio para el fisco, según la AFIP, ascendería al menos a 2.500 millones de pesos como consecuencia de la operatoria ilegal.

El juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento de Elio Omar Serafini; Marcelo Fabián Liporaci; Jorge Miguel Centeno; Adrián Marcelo Zeballos; María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo, acusados de ser “coautores del delito de asociación ilícita tributaria” en calidad de organizadores, a quienes les trabó embargo por un millón de pesos cada uno y resolvió que sean alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

El magistrado también procesó a Guillermina Sgariglia, Marcos Rete, Nair Juana García y Atilio Miotti, pero en estos casos les mantuvo la libertad.

Por último, el juez dictó la falta de mérito al escribano Fabián Tosini, quien estuvo detenido hasta el día de hoy.

Sobre Tosini, el magistrado sostuvo en su resolución que “no es posible aseverar que haya tenido conocimiento en el marco de su actividad notarial de la finalidad que cumplirían las personas jurídicas cuestionadas cuyos domicilios constató, o el ulterior comportamiento que adoptarían aquellos firmantes que en definitiva las constituían”.

En tanto, Vera Barros no se expidió sobre otras dos personas presuntamente involucradas en la causa que fueron detenidas la semana pasada, señalaron los informantes.

El caso se conoció el 5 de julio pasado, cuando el juez ordenó 35 allanamientos en distintos puntos de Rosario, aunque según la investigación la organización vendía facturas a comercios y empresas de diferentes provincias.

“La defraudación fiscal asciende a 2.500 millones de pesos sólo de capital de impuestos, a lo que habría que adicionar intereses y multas", precisaron los investigadores.

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