Las turbulencias políticas hicieron que Brasil haya recaudado unos u$s500 millones con una nueva fase de su plan de blanqueo fiscal para regularizar activos no declarados en el extranjero a cambio del pago de multas, un valor muy inferior al previsto, informó la Administración Federal de Impuestos.

La segunda etapa de su amnistía, que concluyó el lunes, le permitió a Brasil repatriar unos u$s1.437,5 millones de 1.935 contribuyentes (incluyendo 20 empresas) que decidieron legalizar capitales que tenían en el exterior y trasladar esos activos al país.

La cifra repatriada es 40 veces inferior a la de la primera etapa de la amnistía y ocho veces menor a la esperada por el Gobierno.

En la primera fase del programa de repatriación de capitales, en octubre del año pasado, Brasil recaudó unos u$s15.900 millones tras atraer a unos 25.000 contribuyentes que legalizaron unos u$s53.093,7 millones.

En ambas etapas del proceso, los interesados pagaron 15% de impuesto de renta sobre los recursos no declarados en el exterior y 20,25% de multa por su repatriación.

La segunda fase del programa supuso una frustración para el Gobierno brasileño que inicialmente esperaba recaudar u$s4.000 millones de en impuestos y multas.

La amnistía era una de las medidas del Gobierno para intentar elevar su recaudación este año y hacer frente a la grave crisis fiscal del país.

Con una recaudación muy inferior a la esperada por el programa de repatriación de activos, el Gobierno tendrá que rehacer sus cuentas y adoptar nuevas medidas de ajuste para cumplir la meta fiscal de este año.

Ello debido a que Brasil registró en el primer semestre de 2017 un déficit primario en las cuentas públicas de u$s10.994,7 millones, el mayor para el período en los últimos 16 años y casi un 48% superior al de los seis primeros meses de 2016.

El aumento del déficit público en los primeros meses de 2017 ya obligó al Gobierno, para cumplir su meta fiscal, a anunciar el mes pasado un nuevo recorte en los gastos previstos en el presupuesto de este año, esta vez de u$s1.900 millones, y una elevación de algunos de los impuestos que inciden sobre los combustibles.

Con el aumento de tributos sobre la nafta, el diesel y el etanol, el Ejecutivo espera recaudar u$s3.300 millones adicionales en lo que resta del año, informó Ambito.

El nuevo recorte en los gastos se suma a otro anunciado en marzo pasado por valor de u$s13.500 millones de distintas partidas presupuestarias.

El Ejecutivo esperaba que las medidas fuesen suficientes para garantizar el cumplimiento de la meta fiscal que se impuso para 2017, cuando pretende limitar el déficit público del país a u$s44.000 millones, que equivalen un 2% del PBI.

Las pronósticos del Gobierno señalan que 2017 será el cuarto año consecutivo con déficit primario, tras el récord de u$s49.000 millones registrado en 2016.