En los países "al sur del Río Colorado" existe un indicador que nunca falla para medir la situación económica y social de un país y no es otra cosa que la forma en que evoluciona el tipo de cambio en el segmento más libre del mercado.

En el caso de Venezuela, a fuerza de prohibiciones de parte del Gobierno, el dato que se toma en cuenta es el comúnmente denominado "lechuga verde", que surge de la ya clásica página "Dólar Today".

Esta toma como referencia el arbitraje entre bolívares y dólares en la ciudad colombiana de Cúcuta y su impacto en la sociedad venezolana es tan alto que el propio Nicolás Maduro lo denomina "dólar criminal".

Más allá de como se lo denomine, lo más llamativo y preocupante es que en las últimas nueve ruedas su precio se duplicó, pues pasó de los 8.950 bolívares a los actuales 18.000.

Con esta nueva marca, el precio del dólar marginal se incrementó en lo que va del año nada menos que un 470% y nada indica que pueda encontrar un techo en el corto plazo, al menos según la visión de los expertos locales.

Los analistas de la oposición consideran en forma unánime que la razón de su empinamiento responde a las perspectivas negativas que se mantienen sobre el futuro cercano de su país, que presionan permanentemente la demanda del dólar en el único mercado que funciona como tal.

Todo ello como consecuencia directa de los controles de precios y de cambio, la expansión monetaria destinada a solventar un déficit fiscal que apunta al 17% del PBI este año y de un entorno político cada vez más conflictivo.

Esta última escalada se produce pese a que desde junio existe un nuevo sistema de asignación de divisas, cuyo principal objetivo es curiosamente derrotar el dólar marginal.

Para el economista Aurelio Concheso, el vuelo imparable del dólar paralelo  responde a razones obvias, como "la estructural de intrínseca inviabilidad de un sistema de cambios múltiples, y la persistente tentación de mantener el cambio oficial sobrevaluado en vano intento por transmitir una sensación de bienestar a la población".

"Pero hay una razón de fondo que se agudiza cada día y no es otra que el grado de descontrol cada vez mayor, en lo que se refiere a impresión de dinero sin respaldo", agrega Concheso.

En este mecanismo de subastas, el dólar se negocia a  un precio por debajo de los 3.000 bolívares, que es sustancialmente superior al destinado a la importación de alimentos y medicinas, que se mantiene en los 10 bolívares por dólar.

A ello se suma una insuficiente oferta por parte del Banco Central, debido a los menores ingresos por la venta de petróleo, que aporta 96% de las divisas en Venezuela.

La reducción de la renta petrolera en este país dependiente de las importaciones ha acentuado la escasez de bienes básicos, en un contexto en el que muchos empresarios se ven obligados a importar con dólares del mercado negro.

A la cotización del paralelo, el ingreso mínimo de los venezolanos equivale a 11 dólares, cuando solo un kilo de arroz cuesta medio dólar.

Sin embargo, el gobierno atribuye la escalada a una "guerra económica" de la oposición y empresarios, apoyados por Estados Unidos, para derrocarlo.

Frente a un escenario que luce cada vez más complicado, el economista Luis Oliveros advierte que además de la amenaza que supone la Asamblea Nacional Constituyente, la situación se agrava por la delicada situación que atraviesa PDVSA, a partir de la caída de la producción petrolera y lo que a su juicio será lo más importante: las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.

"Si eso sucede, lo que hemos visto no es nada en comparación con lo que podría pasar", argumenta Concheso.

La reacción del gobierno Nicolás Maduro le ordenó este jueves al ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol detener a todas las personas que vendan los productos basados en el precio que refleja la página Dólar Today.

"Le he dado instrucciones al ministro Reverol para que detengan a todo aquel que pretenda especular y subirle los precios al pueblo de manera abusiva y criminal basados en Dólar Today. Preso tienen que ir".

Aseguró que en este inicio de la etapa constituyente se debe dar la batalla "duro contra los especuladores que fijan los precios con el dólar paralelo".

En ese sentido, el mandatario cuestionó que produciendo y comprando productos en Venezuela se los quieren vender al pueblo al "precio del dólar criminal y terrorista de Miami". En ese sentido, aseveró que "no lo permitiremos, mano dura, mano de hierro. Vayan con todo".

Advirtió que hay una cadena de supermercado vendiendo productos al precio del dólar paralelo.

"Ahí me dijeron de una cadena, mande ahorita mismo a investigar y si es cierto preso compadre y para los tribunales. Y la Superintendencia de Precio Justo para la calle", agregó Maduro.

El problema de la deuda La deuda de Venezuela asciende a casi u$s90.000 millones, de los cuales en los próximos tres años, que es el lapso que resta de la presidencia de Maduro –de 2013 a 2019– vence el 13% del total, lo que implica vencimientos por valor de 11.600 millones de dólares.

Todo esto impulsa la rentabilidad que se exige al bono venezolano, disparada hasta rozar el 78%, 55 puntos porcentuales más que el 1º de enero, cuando estaba en el 23%.

Además, las tres mayores agencias de calificación –Moody's, S&P y Fitch– mantienen a la deuda venezolana como bono basura, en el escalón más bajo del ranking en el caso de las dos primeras.

Ante la gravedad de la situación, la economía de Venezuela se encuentra en una situación límite y la consecuencia previsible es el riesgo de que el país incurra en un impago de su deuda.

Es por ello que disparó el costo del seguro que se paga que contratan los inversores para cubrir el riesgo que supone tener en cartera deuda venezolana.

Ello se ve reflejado en los CDS (Credit Default Swap) del país que preside Nicolás Maduro, que en la actualidad rondan los 5.000 puntos, por primera vez desde mayo del año pasado, cuando hace dos meses estaban en 3.000 puntos.

Esta puntuación significa que por cada seguro de impago que se contrate se debe pagar el 50% de la cuantía total. Dicho de otra manera, ahora mismo por cada u$s10 millones que se quiera asegurar se debe pagar 5 millones.

Una rápida comparación con otros países de la región, como Brasil y la Argentina, muestra que en estos casos el costo del seguro es de 200 y los 340 puntos, respectivamente; mientras que para el caso de EE.UU. se pagan 29 puntos, y para el Reino Unido 18 unidades, a pesar del Brexit.

Los CDS de Venezuela son desde 2014 los más costosos del mundo, alcanzando un máximo en marzo de 2016 cuando recrudecieron las protestas contra el régimen bolivariano y sus seguros de impago llegaron a superar los 10.000 puntos.

Ahora bien, es imposible pensar que esta situación es exclusiva de la administración central y que no ha se haya extendido a los diferentes estratos del Gobierno. Es el caso puntual de la principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela o PDVSA.

"La compañía es el perfecto ejemplo de las siete vidas que tiene un gato, pero ¿quién las está contando?", se pregunta Jaimin Patel, experto del sector de Bloomberg, quien cuestiona la manera de que "ha sido capaz a través de los años de encontrar caminos insospechados para hacer frente a sus vencimientos de deuda".

Una prueba de la gravedad de la situación que enfrenta la petrolera es que se vio obligada a demorar a "emisión de los estados financieros por parte de los auditores de KPMG", la firma a la que ha delegado por años esa tarea, tal cual surge de una carta enviada a la oficina en Nueva York de MUFG Union Bank.

La entidad bancaria con sede en Japón distribuyó la carta fechada el 21 de julio entre los tenedores de bonos con vencimiento al 2020, encargados de aprobar la petición de excepción.

Según el documento, los inversores deben otorgar el permiso para evitar que el retraso en el suministro de la información financiera sea considerado un "incumplimiento", según se lee en la notificación del banco.

La compañía venezolana explicó en la carta enviada al banco estadounidense que el incumplimiento en la difusión de sus resultados financieros auditados se debió a la "complejidad" de sus operaciones y a revisiones adicionales a los informes de años anteriores, que asegura no inciden en sus finanzas.

El trámite se inicia semanas después de que la principal compañía estatal de Venezuela postergó las conferencias telefónicas con sus inversores a la espera de divulgar estos resultados, informó IFR.

La inusual solicitud ocurre a la par de un crecimiento del temor a que PDVSA incumpla pagos de deuda por unos u$s3.000 millones a fines del año, si se concretan las amenazas de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas al gobierno socialista.

Pero pese a todo, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, aunque esto no haya impedido a su presidente granjearse enemigos tan poco adecuados como EE.UU., donde se refina un tercio del crudo que produce.