Tecnología

Smartmatic, la polémica empresa de cómputos electorales que creció en Venezuela y llegó a la Argentina

08-08-2017 Fue contratada por el Consejo de la Magistratura con el aval de la Cámara Nacional Electoral y del Poder Ejecutivo para hacer una prueba en las PASO
Recibí nuestro newsletter diario SUSCRIBIRME
A-
A+

La empresa de capitales venezolanos Smartmatic llegó en 2015 a la Argentina donde el Estado le adquirió un sistema de control biométrico de electores, que será utilizado en una prueba piloto en las elecciones PASO de varias provincias.

El nombre de esta compañía consiguió relevancia y repercusión internacional cuando directivos de la propia firma encargada de computar los votos de la última elección constituyente en Venezuela pusieron en duda los datos de participación electoral que difundió el presidente Nicolás Maduro.

La empresa fue contratada en la Argentina por el Consejo de la Magistratura con el aval de la Cámara Nacional Electoral y del Poder Ejecutivo.

Según informó el especialista informático Javier Smaldone en el diario digital Border Periodismo, Smartmatic fue fundada a fines de la década del 90 por Antonio Mugica, Alfredo Anzola y Roger Piñate en Venezuela. Su domicilio legal original fue fijado en Delaware y su centro de operaciones en Florida, ambos en los Estados Unidos.

La primera participación de esta firma en procesos electorales fue en 2004, en el referendo revocatorio realizado en Venezuela, donde Hugo Chávez obtuvo un 58% de votos favorables.

Smartmatic había recibido siete meses antes un préstamo del gobierno chavista por 200 mil dólares y, por los tres primeros contratos con el mismo, facturó 120 millones de dólares.

También recibió otro aporte financiero de 150 mil dólares de la esposa de Didalco Bolívar, ex gobernador del Estado de Aragua, a través de la empresa Bizta —creada por Anzola, también en Delaware, un día después que Smartmatic.

Luego la compañía formó un consorcio junto con Bizta y la compañía estatal de comunicaciones CANTV, cuya constitución fue notariada por Gisela Rangel de D’Armas, hija del por entonces vicepresidente de Venezuela.

Al momento de ingresar la empresa en el negocio electoral venezolano, el director del Consejo Nacional Electoral (CNE) era Jorge Rodríguez, quien luego sería vicepresidente y hoy se desempeña como alcalde del Municipio Libertador de Caracas.

En 2005, Smartmatic adquirió la empresa estadounidense Sequoia Voting Systems, con la intención de ingresar a ese mercado.

Sus vínculos con el chavismo despertaron las sospechas del gobierno de los EE.UU., que quedaron reflejadas en un cable de julio de 2006 –filtrado por Wikileaks– enviado por la embajada estadounidense en Caracas, donde se afirma: “Smartmatic es un enigma. La empresa salió de la nada para llevarse un contrato multimillonario en un proceso electoral que en última instancia reafirmó el mandato de Chávez y destruyó a su oposición política”. En 2007 y luego de una investigación federal, Smartmatic debió desprenderse de Sequoia.

La empresa también abrió oficinas en Curazao, un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Hacia allí se dirigía en abril de 2008 el avión que transportaba a su cofundador Alfredo Anzola desde Caracas cuando se precipitó a tierra, lo que provocó la muerte de sus tres ocupantes.

Entre ellos se encontraba el piloto Mario José Donadi Gafaro, quién había sido condenado a tres años de cárcel en los EE.UU. y a 8 años de cárcel en Venezuela, en ambos casos por narcotráfico.

Uno de los primeros en llegar al hospital adonde fue llevado el cuerpo de Anzola fue Jorge Rodríguez. El difunto tenía una relación cercana con su hermana, Delcy Rodríguez, la flamante ex canciller venezolana que ahora preside la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

En 2008, Smartmatic ingresó al mercado electoral de Filipinas y, a pesar de múltiples advertencias y denuncias sobre los problemas de seguridad de sus sistemas, participó de varios procesos electorales.

En junio de 2017, tres ejecutivos de la empresa y varios integrantes de la Comisión Electoral de Filipinas fueron acusados por “acceso ilegal, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas”, sospechados de haber realizado fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2016.

Luego de establecerse en Panamá y en Barbados -otros dos paraísos fiscales-, en octubre de 2012 proveyó equipamiento de voto electrónico en la región belga de Flandes con un contrato de 40 millones de euros, pero por las fallas técnicas del sistema fue multada en más de 6 millones.

Desde el mismo año Smartmatic provee equipamiento de comunicaciones para la transmisión de resultados electorales en Brasil, y en 2014 se asoció con la empresa Cybernetica que desarrolla el cuestionado sistema de voto electrónico a través de Internet en Estonia.

Mientras tanto, en Venezuela continuaban las sospechas de manipulación electoral. Luego de las elecciones de abril de 2013, en las que Maduro se impuso a Henrique Capriles por menos de 235.000 votos, el nuevo presidente venezolano declaraba por cadena nacional: “900.000 compatriotas, ya los tenemos, con cédula de identidad y todo… Y eso, significó que la brecha fuera más corta”.

A las dudas que genera el sistema de voto electrónico de Smartmatic respecto de la violación del secreto y de la posible adulteración de resultados, se suman los riesgos del sistema de identificación biométrica por huellas digitales de la misma empresa, apuntó Smaldone.

La registración de cada votante es informada en tiempo real a un centro de cómputos, de manera que el Gobierno podría disponer de dicha información para optimizar el manejo de su sistema clientelar, incluso decidiendo en qué establecimientos prolongar la votación si fuese necesario.

Smartmatic desembarcó en la Argentina en enero de 2015, presentándose a la licitación 2/SIGAF/2015 del Gobierno porteño para proveer el sistema de voto electrónico denominado “boleta única electrónica”.

Su propuesta se vio perjudicada por no contar aún con la inscripción en la AFIP y la radicación de un domicilio en la Argentina, y fue adjudicada a la empresa Grupo MSA. Smartmatic presentó una apelación que fue desestimada por la Justicia.

La primera participación concreta de la empresa en el país ocurrió en julio de 2015, cuando realizó el escrutinio provisorio de las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba, siendo el único oferente de este servicio, con un presupuesto de 12 millones de pesos que luego fue rebajado a poco más de 8 millones.

En esa oportunidad también se realizó una prueba piloto con su sistema de voto electrónico en las ciudades cordobesas de La Falda y Marcos Juárez.

El operativo electoral fue llevado a cabo por la empresa Correo Argentino, que también había sido el único oferente. El candidato oficialista Juan Schiaretti (PJ) se impuso a Oscar Aguad (UCR), quien había cuestionado la contratación de Smartmatic, por poco más de 6 puntos porcentuales sin que hubiera denuncias de irregularidades.

Para las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno argentino decidió adjudicar tanto el operativo electoral como el escrutinio provisorio a Correo Argentino, dirigida por el ex gerente de Socma Jorge Irigoin. Esta empresa contrató como director de Asuntos Públicos a Alejandro Tullio, ex director nacional electoral entre 2001 y 2015.

Tullio realizó una compulsa de precios privada para la realización del escrutinio provisorio de la que participaron Smartmatic y la empresa española Indra. El contrato fue adjudicado a esta última, como ocurre desde 1997, cuando Socma recibió la concesión del Correo Argentino y nombró a Irigoin como director.

Smartmatic logró participar del proceso electoral de este año. Por una iniciativa en la que participaron los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, se decidió la realización de una “prueba piloto” de identificación biométrica en 1.052 mesas de localidades fronterizas de seis provincias.

A través del Consejo de la Magistratura se realizó una licitación que fue adjudicada a Smartmatic. De esta forma, y por la suma de 25 millones de pesos, la empresa venezolana proveyó 1.250 dispositivos con su software de identificación mediante huellas dactilares, similares a los que había utilizado en 2016 en las elecciones nacionales de Uganda.

Luego, la Cámara Nacional Electoral mediante una acordada extraordinaria decidió la implementación de este sistema.

La seguridad de los dispositivos, sobre todo en lo que respecta al resguardo de los datos biométricos de más de 240.000 ciudadanos, fue cuestionada en las reuniones informativas realizadas en la Cámara Nacional Electoral los primeros días de agosto de 2017.

Ante el planteo de los antecedentes de Smartmatic, el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, respondió que la reputación de la empresa proveedora de los sistemas de identificación biométrica no le merecían mayor consideración que la de la empresa proveedora de las urnas de cartón.

El 30 de julio se llevaron a cabo las elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Los sistemas de identificación biométrica y de voto y transmisión electrónica fueron provistos por Smartmatic.

Si bien la cantidad de votantes anunciadas por la CNE venezolana fue de poco más de 8 millones, los cálculos de la oposición, del parlamento y de varios medios informativos no superan los 4 millones.

El 2 de agosto, desde las oficinas de Smartmatic en Londres, Mugica denunció: “Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores“.

En las horas previas, se especulaba con que los servicios de inteligencia de varios países tenían evidencia de la manipulación electoral, que sobrepasaría holgadamente el millón de votos reconocido por Mugica.

SECCIÓN Tecnología