Un mes y medio después de cerrar su planta de Vicente López, Pepsico dio por terminado uno de los conflictos laborales más importantes del año y se enfoca en su filial de Mar del Plata. Allí la fabricante de snacks número uno del país apuesta a relocalizar la producción del edificio que dejó vacante, tras su desalojo el 13 de julio pasado en medio de la represión ordenada por la Justicia.

Pero cuando parecía haber dejado la crisis atrás, la puja por el futuro de la fábrica alimenticia amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto.

Se trata de un proyecto de ley impulsado por el Frente de Izquierda (FIT) que avanza en el Congreso, con apoyo de sectores de la oposición, y busca reactivar el establecimiento bajo la forma de una cooperativa conformada por los trabajadores despedidos, quienes este fin de semana convocaron a más de 1.000 personas en un recital frente al parlamento. En la esquina de Rivadavia y Callao mantienen montada una carpa blanca desde fines de julio y donde este jueves cerrará su campaña el FIT.

"Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Julio A. Roca 4735 de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y todas las instalaciones y muebles, incluidas las maquinarias, herramientas, stock e insumos para la producción que componen la planta fabril propiedad de la empresa PEPSICO ARGENTINA SRL y/o quien o quienes resulten ser sus legitimos propietarios", reza la iniciativa del FIT en su primer artículo.

El 20 de junio pasado la empresa anunció con un cartel pegado en la puerta que cerraba su planta de Florida, donde hasta entonces trabajaban 691 empleados. De ese total, la compañía informó a iProfesional que 155 fueron reubicados en sus oficinas de Munro y en la planta ubicada en Barracas. Buena parte corresponde al personal administrativo que la firma retuvo. Mientras que 455 de los 536 empleados restantes (un 85%) aceptaron las indemnizaciones, el doble del valor legal por antigüedad.

El texto de seis hojas que ahora circula en el Congreso fue entregado hace dos semanas a los legisladores durante una protesta encabezada por los operarios de la multinacional que se acercaron a las puertas del palacio. Desde entonces, el documento ya cosechó 19 firmas de cinco bloques, incluidas la de su impulsora Nathalia Gonzalez Seligra, del FIT, y sus colegas Pablo López, Soledad Sosa y Juan Carlos Giordano.

La propuesta, que autoriza al Ejecutivo a destinar fondos del Presupuesto a la eventual cooperativa de trabajo, cuenta con el respaldo del Frente para la Victoria, la principal fuerza en Diputados. En esa cámara lo acompañan Hector Recalde; Diana Conti, Juan Carlos Diaz Roig, Edgardo Depetri, Juan Manuel Pedrini, Abel Furlán y Liliana Mazure; mientras que en el Senado, Juan Manuel Abal Medina.

"Nosotros lo firmamos y vamos a acompañar", dijo a iProfesional Recalde.

También son firmantes los diputados Facundo Moyano y Julio Raffo, del Frente Renovador; Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso, Lucila de Ponti y Silvia Horne, del Partido Popular de la Victoria; y Victoria Donda, de Libres del Sur.

Mientras tanto, un destacamento de infantería y Caballería permanece dentro del predio de Vicente López. Allí también trabajan técnicos y las máquinas ya fueron embaladas, posiblemente para ser trasladadas.

Fuentes de la empresa confirmaron a este medio que "el predio va a ser donado y va a tener un fin social de beneficio para la comunidad".

En un principio trascendió que sería traspasado al Estado, pero desde el Ministerio de Trabajo informaron que finalmente la iniciativa "fue desestimada". Ahora la compañía no descarta que el establecimiento pase a manos de alguna ONG.

La idea de los ex empleados, en cambio, es que la planta vuelva a producir sin el paraguas de Pepsico. Sostienen que además de snacks, está en condiciones de fabricar galletitas y fideos a un valor más bajo que los productos de la multinacional y que podrían vender al Estado para cubrir el cupo de asistencia social o a comercios privados. Eso siempre y cuando la compañía no retire la maquinaria.

Para evitarlo, el proyecto plantea la necesidad de realizar un inventario y actualizar la tecnología. Asimismo, urge que el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) garantice el trámite de constitución de la cooperativa. Batalla en la justicia

Otro capítulo de la batalla transcurre en la Justicia. Horas después del desalojo, la Cámara laboral ordenó a Pepsico reinstalar a 10 trabajadores en un fallo que fue recurrido por la empresa por considerarlo "infundado". Sus abogados afirman que la mitad de ese grupo ya firmó acuerdos de terminación y la otra parte fue desvinculada "legalmente".

En el fuero penal, por otra parte, se tramita una denuncia de cierre ilegal (lock out) y vaciamiento. La empresa explicó en su momento que la clausura se debía a la ubicación de la planta, la estructura de costos y la logística. Ese fue el argumento para iniciar un Proceso Preventivo de Crisis y relocalizar las líneas en Mar del Plata, en donde invirtió u$s140 millones y trabajan 758 personas.

"La planta de Mar del Plata está preparada para absorber la producción de Florida", aseguran fuentes de la empresa.

PepsiCo compra en promedio 50 mil toneladas de papa al año, el 9% de lo que utiliza la industria argentina. El 80% de su materia prima proviene de la zona de Balcarce, a 75 kilómetros de ciudad costera. De ese modo, las líneas que antes operaban en Vicente López ahora estarían más cerca de su fuente de abastecimiento.

La distribución, por el contrario, se volvería más costosa, ya que si bien la sede de zona norte se encuentra en un área residencial que según la empresa dificultaba las operaciones, estaba más cerca de los centros de almacenamiento en comparación con la filial marplatense.

En contraste con la versión oficial, el proyecto legislativo sostiene que la multinacional no enfrentaba una situación de crisis y que realizó una "maniobra" desviando producción a la ciudad costera y otras plantas bonaerenses -incluida la importación de papafritas Lays desde Chile- para perjudicar a los trabajadores.

"Al mismo tiempo que llevaba adelante una conducta ilegal, la empresa forzó y obligó a un grupo de trabajadores a firmar acuerdos individuales de desvinculación, producto del grave estado de necesidad y desamparo", afirma el texto.

En una entrevista publicada por La Nación el fin de semana, el presidente de Pepsico para Centroamérica, Caribe y Sudamérica, Roberto Martínez, reconoció que la comisión interna -liderada por la izquierda- se resistía a la introducción de "cambios" en la fábrica de Vicente López.

Los directivos tampoco veían con buenos ojos que el personal, integrado en un 70% por mujeres, realizara medidas de protesta en apoyo al fenómeno de "Ni una menos".

En sintonía con los reclamos del movimiento de mujeres, las operarias habían logrado beneficios en los últimos años que para la empresa representaban un incremento en sus costos y un ejemplo indeseado para el resto de sus filiales.

Entre ellos, figuraban los vestuarios exclusivos de acceso restringido a los capataces varones, la reasignación de tareas por enfermedades laborales, el pago de las guarderías para los hijos, el respeto de la licencia por embarazo y enfermedad de los hijos, y el reconocimiento de categorías equivalentes a la de los hombres, algo inusual en la industria.