La cartera que conduce Francisco Cabrera lanzó un plan de desburocratización y simplificación administrativa con el que aspira no sólo a acelerar los tiempos de todos los trámites y de las inversiones que dependen de sus oficinas, sino además transparentar procesos que estaban atrapados en telarañas regulatorias y además se encarecían por el accionar de intermediarios.

"Las empresas son nuestros clientes. Si queremos que lleguen inversiones, un costo muy grande que tienen es la burocracia", explicaron desde Producción, donde estiman que para 2019, una vez implementado todo el plan, las compañías podrían ahorrarse el equivalente al 1% del PBI ($93.000 millones).

"En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que implementaron prácticas así los ahorros fueron enormes", agregaron.

El Ministerio se planteó una serie de objetivos para los próximos tres años. Digitalizar todos los expedientes en papel; poner al funcionario al servicio del público, lo que significa que un trámite que no esté completo en determinado plazo se dará por aprobado; integrarse con el resto de la administración pública, de forma tal que si en el proceso se requiere algún documento que ya está en otra área, sea el propio ministerio el que lo gestione y no el solicitante. Además, la idea es federalizar todos los trámites, eliminando desventajas competitivas y costos también en provincias y municipios.

"Antes se exigía presentar el DNI de manera presencial; ahora si vemos que ya tiene clave de seguridad 3 en la AFIP damos por supuesto que su identidad ya está corroborada", ejemplificaron.

"También estamos aceptando el correo electrónico como domicilio constituido. Con lo cual se puede aplicar desde cualquier lugar a un trámite. El 75% de los trámites del ministerio son a distancia", agregaron.

También se fijó un plazo de nueve meses a las distintas áreas que lo conforman para estudiar toda la normativa vigente y elaborar un texto ordenado. La idea es depurar viejas normas que quedan y que hoy pueden estar trabando muchos procesos. Lo que no se ordene en esos nueve meses quedará derogado automáticamente. Ninguna resolución que salga a partir de ahora podrá tener una vigencia de más de cuatro años.

"Lo que buscamos es que esto sea un cuerpo activo, que cada tanto se revisen los temas y se actualicen según la realidad del momento", explicaron.

Otra práctica nueva es la de "invertir la carga de la prueba" y confiar en el empresario. De tal manera que quien realice un trámite pueda hacerlo de manera ágil y rápida, siempre con carácter de declaración jurada y que luego existan más controles ex post. Algunos de los resultados del plan empiezan a estar a la vista. Sólo por la digitalización de trámites, como el expediente electrónico, el registro Pyme y la reducción de tiempos de 120 días a 60 días por expedientes con erogaciones, desde Producción estiman que el sector privado ahorró $2.694 millones. Y los tiempos se acortaron notablemente: el régimen de importación de bienes usados, que podía demorar un año, pasó a 45 días (el objetivo es un día), y el Registro Industrial de la Nación pasó de 8 meses a un día.