El Gobierno nacional quiere firmar otro pacto fiscal con los gobernadores para bajar la presión impositiva de los tributos provinciales, en especial Ingresos Brutos, al que consideran un tributo "altamente distorsivo".

Para eso, la Casa Rosada busca acordar con los mandatarios provinciales retrotraer las alícuotas de ese impuesto al año 1993, año en que se firmó el último pacto de este tipo. Para las provincias las modificaciones en este gravamen siempre tienen impacto en sus arcas, ya que en los últimos años la participación de Ingresos Brutos en sus recaudaciones fue creciendo y promedia el 75%.

Se tratará de un acuerdo separado de los proyectos que ya están en marcha por la reforma tributaria integral (que abarcará impuestos nacionales) y el nuevo Régimen de Responsabilidad Fiscal (sobre el nivel de gasto) y que versará sobre el nivel de ingresos de las jurisdicciones.

En el Ministerio de Hacienda, afirman, ya iniciaron contactos con gobernadores. Una de las ideas centrales del proyecto que propondrá la Nación será bajar las alícuotas que cobran las provincias por Ingresos Brutos al nivel de 1993.

Según un estudio de Iaraf, hacia ese año la porción que representaba ese impuesto en la recaudación general de las provincias superaba el 55%. Hacia 2015, la ponderación de Ingresos Brutos en los ingresos alcanzó el 75,7%. De acuerdo a este mismo informe, el avance de Ingresos Brutos sumó a la presión fiscal total del país, el equivalente a más de 2% del PBI anual.

Entre las provincias consultadas Bae Económico, la propuesta no había llegado de forma oficial. Mañana las provincias y la Nación sostendrán su primera reunión luego de las elecciones primarias, en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en el que estarán presentes el ministro Nicolás Dujovne y ministros de economía de las provincias.

El cálculo hipotético que hace Iaraf es que la diferencia entre los fondos que recaudan las provincias con el estado actual de Ingresos Brutos en comparación con las alícuotas de 1993 (virtualmente es el "costo fiscal" de la propuesta actual de Hacienda) es de 126.000 millones de pesos. Para ejemplificar, la provincia de Buenos Aires recuadaría 57.788 millones de pesos menos, Córdoba 11.452 millones y Santa Fe 11.007 millones.