Cuando la espuma de las PASO todavía no se evaporó, el Gobierno debió salir a calmar a los gremios ferroviarios, sorprendidos por el decreto presidencial 652/17 que delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de cerrar ramales y levantar vías.

El titular de Transporte, Guillermo Dietrich, recibió el martes por la noche en sus despachos a los dirigentes de La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Señaleros y Personal de Dirección, quienes ayer mismo se declararon en "estado de alerta" y acordaron volver a reunirse la semana próxima.

El funcionario les explicó que la decisión es "administrativa" y que busca "facilitar el trámite para desafectar terrenos ferroviarios y urbanizarlos en donde hay asentamientos". Desde ahora, ya no se necesitará un decreto presidencial, sino que será una facultad ministerial.

"No hay ideas y políticas para cierre de ningún ramal, al contrario hay inversiones como las que venimos haciendo", les aseguró el ministro.

Del otro lado del escritorio, los sindicalistas encabezados por Omar Maturano (La Fraternidad) y Sergio Sassia (Unión Ferroviaria) le trasmitieron su preocupación por la redacción del texto que fue publicado en el Boletín Oficial el martes por la mañana, 48 horas después de las primarias.

"Le trasmitimos si podía evaluarse la rectificación del decreto para que sea más concreta",  reveló Sassía a iProfesional. “Nosotros seguimos con estado de alerta y monitoreando con delegados y representantes de líneas si se produce alguna modificación”, advirtió.

Maturano tampoco se quedó atrás. “Nosotros queremos que los ramales cerrados se reabran, no que se cierren”, respondió el sindicalista que junto al camionero Pablo Moyano integra la central de sindicatos del transporte (CATT), que en su momento le hizo cuatro paros a Cristina Kirchner.

El conflicto surge en medio del debate que divide a la CGT por la protesta convocada para el martes próximo. La cúpula definió este miércoles que se realizará la medida, en un clima de enfrentamiento entre los "Gordos" y los sectores duros, que presionaron para que se efectivice.

El artículo 1 del decreto fue el que encendió el alerta gremial. "Delégase en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias", dice la norma.

El texto dispone que los rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles de la infraestructura ferroviaria ubicada en el sector que se resuelva remover en un futuro, quedarán en poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.

En el Gobierno sostienen que la medida fue diseñada para aplicarse en casos puntuales, como estaciones o vías en desusos o que sean destinadas a los planes de vivienda (Procrear), urbanización de villas, nuevos espacios públicos o apertura de calles, entre otras posibilidades.

Los sindicalistas, en cambio, piden que los terrenos en desuso sean destinados a vivienda para la familia ferroviaria. "Queremos saber si hacen casas para los ferroviarios, ahora si hacen centros comerciales o departamentos privados, no se puede porque son terrenos federales", dijo Maturano.

Más confrontativo, el dirigente de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, sostuvo que el plan ferroviario del Gobierno "es la misma historia de los noventa, el mismo plan económico que el de Martínez de Hoz y Menem”.

Y consideró que detrás del levantamiento de vías se esconde un gran negocio inmobiliario para el Gobierno. Sobrero reveló, además, que el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para eliminar el decreto. "Estoy esperando a ver quién la acompaña", desafió.

El decreto también generó cuestionamientos al interior de la alianza gobernante. La senadora Magdalena Odarda (CC-ARI, Río Negro), aseguró que "este gobierno apuesta por desmantelar los trenes" y dijo que la medida "impide cualquier posible recuperación de los trenes argentinos".

La legisladora del espacio liderado por Elisa Carrió amenazó incluso con citar a Dietrich al Congreso para que brinde explicaciones. Ya el año pasado la senadora había motorizado un proyecto para reactivar trenes a la Patagonia pero fueron bloqueados por sus aliados de la UCR y el PRO.

Desde el peronismo, en tanto, la senadora María de los Ángeles Sacnun (PJ-FPV, Santa Fe) presentó un proyecto para que el Ejecutivo "informe a la brevedad los motivos políticos, económicos y jurídicos que llevaron a la sanción del decreto".

La decisión presidencial volvió a reabrir la discusión sobre los ramales fuera de servicio. El año pasado el Gobierno resolvió el traspaso de Ferrobaires a la Nación, una medida que dejó sin servicio a varias localidades bonaerenses para relevar y acondicionar la infraestructura.

En los últimos meses, las autoridades reactivaron el servicio a Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca. Pero los gremios denuncian "despidos inminentes" en Ferrobaires, donde según afirman ya anunciaron que habrá un recorte del plantel para reducirlo de 2.500 a 1.044 personas.