Las empresas de micros de larga distancia salieron a rechazar la decisión del Gobierno de imponer un aumento de salarios a los empleados del sector en el marco de una negociación paritaria que terminó siendo definida a favor del reclamo gremial y que estaba vencida desde abril pasado.

Según la resolución 595-E/2017, publicada por el Ministerio de Trabajo, las compañías deberán incrementar los salarios de su personal un 21% en promedio distribuido en tres tramos.

El primero de 8% a partir de septiembre, cuando un chofer, por ejemplo, pasaría a cobrar $21.600. El segundo de 15% acumulado desde octubre, con lo cual es sueldo subiría a $23.000, y el tercero llegaría al 21% en enero del año próximo, momento en el que los ingresos de los conductores deberían estar en los $24.000 por mes.

Adicionalmente, la medida, respaldada por la cartera que conduce Jorge Triaca también contempla una serie de sumas complementarias, no remunerativas, de un total de $9.900, distribuidos en seis cuotas de $1.650 cada una a partir de agosto.

La decisión fue la culminación de negociaciones entre las tres cámaras empresarias del sector, Trabajo y el gremio de la UTA que arrancaron a inicios de julio pasado, cuando desde el sindicato se amenazó con un paro general de 48 horas que fue desactivado tras dictarse la conciliación obligatoria.

A partir de ese momento se sucedieron gestiones para lograr consenso no sólo en los aumentos salariales sino también en una serie de reclamos que parten del sector empresario que busca cambiar su actual ecuación económica de crisis, con caída de la demanda, mayor competencia con las aerolíneas y costos crecientes.

La semana pasada, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), aceptó el pedido de aumento salarial presentado por la UTA y pidió su homologación. En tanto, la Cámara Empresaria de Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (Celadi) y la Asociación Civil Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Catap), lo rechazaron. 

A pesar de que no niegan el derecho de los trabajadores a percibir mayores sueldos, las empresas advierten que no tienen fondos para cumplir. Desde la Celadi decidieron presentar un recurso administrativo ante la cartera laboral pidiendo que se reabra la paritaria y se tenga en cuenta la realidad del sector.

Según la cámara, el nuevo aumento salarial provocará el agravamiento de un escenario ya complicado donde se encuentran casi sin caja diaria, con una baja ocupación del 47%, pérdida permanente de usuarios en manos del crecimiento del mercado aerocomercial de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno nacional. 

Para los empresarios, la decisión de la cartera laboral se basó en un acuerdo firmado por una sóla cámara del sector que solamente representan al 9% de las compañías  y aseguran que el resto no está en condiciones de pagar el incremento el mes próximo.

En este marco, se anticipa que si el Gobierno no reconsidera la medida, la gran mayoría de las empresas de micros de larga distancia recurrirá a la justicia para frenar la suba. Y advierten  que el escenario de aumentos pone en riesgo la estabilidad laboral de 4000 de los 17.000 trabajadores, provocará la reducción de servicios y frecuencias y hasta la desaparición de varias compañías que aseguran tener fondos para sostener sus actividades sólo hasta fin de año.

Desde la UTA explicaron a IProfesional que el acuerdo se basa en el ya cerrado con las empresas de transporte de corta y media distancia y amenazaron con medidas de fuerza y paros en las empresas que decidan no pagar los salarios con los incrementos acordados con Trabajo.

El titular del gremio, Roberto Fernández recordó que las paritarias vienen alargándose desde principios de abril y que no es problema de los trabajadores “que a los empresarios no les alcance la recaudación para pagar los sueldos”. El dirigente gremial también advirtió que al sindicato “le importa arreglar los salarios del personal”.

Un sector que se siente en desventajaDesde la Celadi admitieron que se trata de la misma suba que los micros urbanos pero aclararon que los colectivos reciben millones de pesos en subsidios que fueron eliminados para los micros de larga distancia a fin del año pasado.

Interpetan que la decisión oficial se vincula con el modelo de transporte elegido por el Gobierno que, según creen, privilegia la expansión del transporte aéreo con la llegada de una gran cantidad de aerolíneas y la aplicación de tarifas, en algunos casos, más baratas que los pasajes de ómnibus. 

“El primer paso es recurrir administrativamente la decisión de Trabajo y pedir la reapertura de las paritarias. Si esto no ocurre, habrá muchas empresas que judicializarán el reclamo pidiendo un amparo ya que consideran que la medida no tuvo en cuenta la crisis del sector.

Mediante un comunicado,  la Celadi refleja el malestar y asegura que el Gobierno otorgó la suba salarial para evitar eventuales medidas de fuerza de parte de la UTA. Agrega que Trabajo se amparó en la conformidad prestada por dos de las cuatro cámaras empresariales, “desconociendo que apenas emplean al 9% de los trabajadores del sector , y no teniendo en cuenta tampoco a la Catap que junto a Celadi, es empleadora del 91% restante”.

“Las empresas de larga distancia no pudieron superar la profunda crisis estructural en la que se encuentran por varios motivos”, agrega la nota. El primero tiene que ver con la falta de un marco regulatorio ”que impide a este servicio público readaptarse a las necesidades del usuario, quedando en desventaja frente a otras modalidades de transporte”. 

El segundo motivo se debe, según las empresas, al “sostenido crecimiento de servicios irregulares que bajo la  mirada indiferente de las autoridades de control, compiten deslealmente y ponen en riesgo la vida de miles de argentinos”.

En cuanto a la última razón, la argumentan sobre “el constante aumento de todos los costos como combustibles, peajes, que las compañías evitan trasladar a tarifas para detener la caída de pasajeros”.

Como dato adicional,  el documento asegura que “la quita de compensaciones sólo al ómnibus de larga distancia terminó de agravar la situación económica y financiera de todo el sector”.

Las compañías recuerdan que, por ser el micro un servicio público, el Estado nacional es el que fija las reglas que regulan la actividad en lo referido a frecuencias, destinos y hasta el precio de los pasajes. “Por eso, también debe velar por su equilibrio económico”, agregan.

En este marco,  acusan al Ministerio de Trabajo de desatender la emergencia y minimizar la importancia del servicio, “poniendo en serio riesgo la superviviencia del único servicio público de transporte que vincula a más de 1600 destinos a lo largo y ancho del país”. 

Califican como falsas las acusaciones sobre que el sector pretende mayores subsidios y explican que el boleto de larga distancia fue siempre el menos compensado con un 8% sobre el precio de los combustibles que se eliminó en diciembre pasado, contra el 50% de las aerolíneas, 70% del transporte urbano y 90% en el tren.

Por su parte, voceros del Ministerio de Trabajo explicaron a iProfesional que la paritaria del sector estaba vencida desde comienzos de abril y que había necesidad de regularizar la situación ya que había miles de trabajadores sin cambios en sus haberes. "Dictamos la conociliación obligatoria que también se venció, hubo cuarto intermedio y luego conciliación voluntaria que también se vencieron por lo cual el ministerio redactó la resolución con el aumento", agregaron desde la cartera que conduce Jorge Triaca.

En la actualidad, el sector está formado por alrededor de 100 compañías que llegan a 1.600 destinos, con un parque de micros que no supera los tres años de antigüedad, una flota total de 5.000 unidades y con inversiones que durante los últimos 11 años suman $4.000 millones.

Los empresarios reflotan también reclamos ya presentados ante el Gobierno para reestructurar el sector como el de dictar un marco regulatorio nuevo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a ser refrendado por el Congreso, y que vaya en línea con los proyectos hasta ahora presentados. 

Piden el reempadronamiento de los servicios y la determinación de una banda de frecuencias que permita flexibilizar la cantidad de viajes de acuerdo a la ocupación de los micros; actualizar el importe a imputar al pago de cargas sociales del impuesto a la transferencia de combustibles  y evaluar un esquema similar al que se aplica en el impuesto especial al gasoil.

Quieren también que se los exima del pago de peajes en rutas nacionales y que la medida rija en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que se flexibilice la banda de precios creando una banda negativa. Esto, argumentan, les permitirá a los micros de larga distancia implementar políticas comerciales similares a las de las compañías aéreas en el segmento de cabotaje. 

Reclaman la homologación de una jornada laboral de 16 horas de trabajo discontinuo para los choferes con relevo a bordo, una moratoria de multas y el dictado de un nuevo marco de penalidades.

Con respecto a la situación de los trabajadores, los empresarios avisan que no tienen forma de firmar una paritaria con una suba del 21% ya que les ha sido casi imposible cumplir con el aumento del año pasado que llegaron al 40%. Advierten que la carga laboral representa el 50% del costo total de cada compañía y que deberían despedir al 20% del personal para adecuar las estructuras a la situación actual.