La hipoteca que tiene Venezuela con Rusia y China va camino de aumentar a niveles estratosféricos en los próximos meses, no sólo por la fuerte crisis económica que enfrenta, sino también por los efectos de las sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro.

La más dura de ellas es una orden expedida por el presidente Donald Trump el pasado viernes 25 de agosto, que prohíbe a los ciudadanos y entidades de EE.UU. realizar cualquier transacción con emisiones de deuda y bonos del Estado, así como de la petrolera estatal PDVSA.

También quedaron bloqueados los pagos de dividendos que hace Citgo, la refinería de petróleo que tiene PDVSA en Estados Unidos. El objetivo es aplicar un embargo financiero contra Venezuela para impedir que recaude dinero en ese país.

"El mensaje es que EE.UU. no quiere que su sistema financiero ayude al gobierno venezolano de ninguna manera", dijo Charles Blitzer de Blitzer Consulting, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional.

"Se está tornando cada vez más difícil hacer negocios con instrumentos de ese país", manifestó Russ Dallen, socio gerente de Caracas Capital Markets, con llegada a la Casa Blanca y al Congreso de ese país.

"Los precios de los bonos, los flujos y los volúmenes de operaciones se están extinguiendo porque todo el mundo está temiendo un próximo anuncio", agregó Dallen, para concluir afirmando que "se están convirtiendo en una papa caliente, y nadie quiere ser el último que se quede con ellos".Bonos, en la mira

En forma simultánea, el país caribeño sufrió una derrota en los tribunales norteamericanos, donde un juez autorizó a la minera canadiense Crystallex a cobrar una deuda de una cuenta del gobierno de Venezuela en el Bank of New York Mellon para cubrir un fallo por u$s1.400 millones otorgado por un tribunal del Banco Mundial.

Además de estos contratiempos, una importante cámara compensadora estadounidense dijo que dejará de operar con algunos bonos de esa nación, mientras que Cantor Fitzgerald ya no los negocia.

En términos monetarios, la cuestión no es menor, pues según Financial Times, los inversores tienen en su poder cerca de u$s100.000 millones de deuda venezolana.

A ese cifra deben sumares varios miles de millones de dólares documentados bajo la forma de pagarés en manos de acreedores comerciales, como compañías farmacéuticas, por facturas impagas o grupos extranjeros cuyos activos locales fueron expropiados.

En la actualidad, y bajo este concepto, el país caribeño acumula un total de 43 denuncias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial.

De ese total, 24 todavía están pendientes de resolución, incluyendo las iniciadas por Anglo American, ConocoPhillips, Air Canada y Vestey, por un monto estimado en los u$s3.700 millones.

La necesidad de hacerse de fondos frescos llevó a que, en la última semana pasada, tres de los 10 principales bonos corporativos de mercados emergentes fueron emitidos por PDVSA, según un informe de MarketAxess.

Como era de esperar, las medidas de Trump provocaron la airada reacción del gobierno de Maduro, que rechazó el "bloqueo económico imperialista", comparable, según el discurso oficial, al impuesto a Cuba hace más de cinco décadas. El default ya está en el radar de los inversores

A la luz de como vienen desarrollándose los acontecimientos, crecen las preocupaciones sobre su capacidad de pago y por ende la probabilidad de que en algún momento se apele a una reestructuración de la deuda.

Pero la cuestión es mucho más grave de lo que suele suceder en estos casos, pues algunos analistas consideran que podría convertirse en una de las más complicadas y conflictivas de la historia financiera.

En tal sentido, la agencia de calificación de riesgo Fitch ya comenzó alertar a los mercados financieros sobre el rápido deterioro de la situación económica de esa nación, y advirtió que un incumplimiento de pago luce "probable" tras el anuncio de las sanciones realizadas la semana pasada.

"Las sanciones de Estados Unidos van a acentuar la ya débil liquidez externa del país", resaltó Fitch en su informe.

El informe advierte que las reservas internacionales de Venezuela han caído en los últimos meses y ahora podrían sumar menos de u$s10.800 millones.

En teoría, parte de esos fondos podrían ser usados para cumplir con las obligaciones de deuda que aún quedan este año, pero la mayor parte de ese total se encuentra en barras de oro, y éstas tendrían que estar siendo vendidas en este momento para poder contar los recursos necesarios en los próximos tres meses. "Si caen en default, en el término de tres meses quedan afuera del gobierno", dijo Federico Kaune, director de deuda del mercado emergente en UBS Asset Management.

Más allá de la imposibilidad de emitir nuevos bonos, las sanciones estadounidenses crean un desafío muy difícil de resolver en caso que el gobierno de Maduro decida reestructurar su deuda.

Ante una quiebra soberana, las partes negocian algún tipo de alivio de la deuda y cambian sus bonos defaulteados por otros nuevos aunque de menor valor. Pero bajo las actuales condiciones, los bancos estadounidenses no podrían participar en la operación de canje de bonos mientras que los acreedores estarían imposibilitados de negociar sus acreencias.

"Si esas sanciones se mantienen vigentes, Venezuela no podrá reestructurar y queda en un limbo", advirtió Edward Al-Hussainy, analista de Columbia Threadneedle.

La pregunta es si Venezuela podrá evitar una cesación de pagos. Por el momento todo parece indicar que en el corto plazo sí, pues hasta ahora logró cumplir con el servicio de sus deudas durante más tiempo de lo esperado.

Claro está que para ello debió recurrir a la liquidación de activos de la compañía petrolera, a los dólares que a la fuerza le quita a las instituciones locales y a la generosidad de China y Rusia.

De hecho, por estos días ha trascendido que la intención de Maduro es redoblar sus esfuerzos para tratar de convencer a ambos países a que le ayuden a conseguir nuevos fondos para cubrir los u$s3.600 millones de vencimientos que debe pagar a partir de mediados de septiembre.

Desde ya que su ayuda se torna indispensable para poder evitar el tan temido incumplimiento de deuda.

Para ello, una delegación venezolana se encuentra actualmente en China para tratar de convencer a ese gobierno que salga a su rescate, pero las probabilidades de éxito son sumamente bajas.

"Tienen tiempo buscando fondos, hace más de un año que están presentando propuestas, y no les han estado presentado atención. En la última propuesta ofrecían crear un fondo para recomprar el bono 2017 para luego cambiarlo por otro de vencimiento posterior, pero el sector oficial chino no lo aceptó", dijo la misma fuente.

"La reticencia de Pekín es muy fuerte, y yo no creo que haya banco privado que vaya a aceptar ese negocio porque es muy riesgoso", agregó.

El tema es que ya ha contraído una deuda millonaria con ambos paises que, se estima, superaría los u$s66.000 millones. Gran parte de ese pasivo es el gigante asiático.

PDVSA, a su vez, tiene un acuerdo con la petrolera rusa Rosneft, que en los últimos tiempos se ha mostrado dispuesta a prestarle los fondos que ha necesitado para cumplir con los vencimientos de deuda, aunque bajo condiciones por demás desfavorables.

Pero la deuda de Venezuela con la empresa rusa ya suma cerca de u$s6.000 millones, por lo que aumentar esa exposición luce como una propuesta de riesgo intolerable, particularmente ante los crecientes temores de un incumplimiento.

"Si China o Rusia no le dan una mano, la situación se va ir a pique", sostuvo el experto en petróleo Horacio Medina, al advertir que ya se han detectado situaciones en las que los bancos comerciales se negaron a emitir las cartas de crédito que requiere PDVSA para realizar las importaciones que necesita.

"Cada día va a aumentar más la duda de los bancos sobre si deben o no otorgar esas cartas de crédito por las implicaciones que podrían tener con el Departamento del Tesoro", dijo Medina.

La situación se ve agravada por el hecho de que el régimen continúa enviando un importante volumen de crudo liviano a Cuba, sin recibir dinero en efectivo a cambio.