Formalmente todavía no empezaron las conversaciones por la reforma laboral, pero los empresarios argentinos ya pusieron manos a la obra como si estuvieran jugando una carrera contrarreloj.

Saben que ahora hay un momento político particularmente favorable para impulsar estos cambios, y es por eso que ya prepararon su agenda de propuestas.

En realidad, no apuntan a cambios drásticos en la legislación -saben que encontrarían una dura resistencia sindical-, sino a la eliminación de situaciones en las que creen que hay un trato discriminatorio contra ellos y que, en definitiva, encarecen el empleo y desestimulan la contratación de personal.

Por caso, apuntan a que si una empresa otorga beneficios no remunerativos (por ejemplo, un celular para uso personal del empleado), la Justicia no los considere como un ítem más en el cálculo de una indemnización por despido.

Según pudo averiguar iProfesional, situaciones de este tipo han hecho que los empresarios, a través de sus asesores legales, hayan preparado su lista de peticiones para negociar con el Gobierno y sindicalistas apenas comiencen las conversaciones formales.

Todos sus requerimientos apuntan en el mismo sentido: que disminuyan los juicios y se sancionen normas que permitan determinar con mayor claridad los costos laborales, incluidos los pasivos contingentes, como puede ser la previsión de una indemnización por despido.

Hasta ahora, los funcionarios han tratado de bajar el tono político de la reforma. Ante los medios de comunicación, suelen hacer hincapié en que todos los cambios se harán por consenso.

Esto, más que nada, responde a una estrategia cuyo eje central es que los líderes sindicales no asocien las modificaciones que se vayan a plantear con una "reforma a la brasileña".

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya descartó expresamente la idea de que en la Argentina se vaya a avanzar en planteos como en el país vecino, que han sido criticados por afectar los derechos de los trabajadores y por mermar de modo significativo el poder de negociación de los gremios.

De momento, la preocupación del sindicalismo local es no perder recursos financieros si se llegara a avanzar en una reducción de las cargas patronales, porque entienden que se reducirán los fondos que perciben por obras sociales.

Para enfrentar esa reducción, apuntan a ser compensados con el dinero que el Gobierno les gire como consecuencia del blanqueo de empleados.

Triaca ya mantuvo reuniones con un grupo de integrantes del interbloque de Cambiemos en el Senado, con el fin de informales sobre la propuesta de blanqueo laboral.Primeros puntos de la agenda

Uno de los objetivos que persigue el plan oficial es regularizar la situación de unos 300.000 trabajadores informales por año, y así evitar un alza del desempleo y de la informalidad.

Otro es disminuir los "impuestos al trabajo". Es decir, los aportes y las contribuciones que los empleadores deben hacer por cada uno de sus dependientes.

Para ello, el Gobierno analiza aplicar una rebaja en las cargas laborales, un ítem incluido en el proyecto de reforma tributaria en manos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Además, la iniciativa prevé el ofrecimiento de planes de facilidades de pago y hasta la condonación de interés para quienes registren empleados informales.

Otro de los objetivos es rever los montos de las sanciones, ya que encarecen sobremanera los costos laborales.

Sumado a lo anterior, también se evaluará que, a los fines de cualquier reclamo laboral de registro, solamente se consideren los últimos dos años de la relación laboral.

Otro de los aspectos de la iniciativa se orienta a determinar con mayor exactitud el concepto de remuneración. Es decir, qué rubros incluye y cuáles no.

Este punto es clave para las compañías, porque les posibilitaría reducir reclamos posteriores por parte de sus dependientes, vinculados a cobros "en negro".

Otro de los aspectos que se pondrá en consideración -en el que coinciden los hombres de negocios y los asesores de empresas-, es que si un empleado no está bien registrado sólo se duplique la pena y no que la misma se multiplique varias veces.

Sumado a lo anterior, en los casos de un asalariado en "gris" (es decir, que percibe parte en blanco y parte en negro) la duplicación indemnizatoria se tome sobre la parte irregular pero no sobre el total.

Uno de los puntos que más preocupa a las empresas es qué tratamiento se le dará a los beneficios y sumas no remunerativas.

Bajo este concepto aparecen beneficios como los bonos, la medicina prepaga, viáticos, telefonía y un largo etcétera que compañías han venido usando para mejorar la situación de sus dependientes.

Ocurre que, actualmente, muchos juicios se originan porque al producirse un despido, las empresas realizan el cálculo indemnizatorio solamente sobre la base del salario formal. Es decir, no contemplan beneficios extra.

Lo hacen bajo el argumento de que la ley no obliga a tomar en cuenta los beneficios no remunerativos para el cálculo de una cesantía. Sin embargo, es frecuente que este procedimiento luego sea objetado en la Justicia y las firmas se expongan a condenas millonarias.

Por lo pronto, la tendencia actual de los jueces es la de hacer lugar a estos pedidos e incrementar sustancialmente el monto del resarcimiento, hasta unas tres o cuatro veces, al incluir sanciones originadas por las leyes que castigan el empleo no registrado.

La cifra termina siendo tan abultada que muchas de las pequeñas y medianas empresas quedan al borde de la quiebra.

Es por ello que los ejecutivos de negocios consideran indispensable eliminar las contingencias actuales, bajando los costos derivados de la discusión por el llamado "incorrecto registro".

En el caso del uso personal del celular, computadora, auto u otro beneficio otorgado, los asesores de compañías advierten sobre los elevados riesgos de que los magistrados los consideren como parte integrante de la remuneración.

Con respecto al pago directo de un plan de cobertura médica para el empleado y su grupo familiar, sostienen que no debe formar parte del salario.

"En las relaciones laborales, se ha creado un altísimo nivel de conflictividad sobre cuestiones que son muy discutibles y opinables. Los montos terminan siendo irrazonables", comenta Daniel Orlansky, socio del estudio Baker & Mckenzie, a iProfesional.

"Hay que ir hacia un sistema racional y equilibrado que permita sostener a las empresas, que castigue al que no cumple pero sin que eso signifique un enriquecimiento desmedido para el trabajador", remarca.

Para Orlansky, resulta inadmisible que por los beneficios que una empresa brinda a su personal termine pagando sanciones altísimas, que se suman a los honorarios de los profesionales intervinientes.

El experto destaca que el blanqueo laboral debe servir para mejorar o resolver la situación de todos aquellos que tuvieron "contratistas" o empleados en negro durante los últimos 10 años.

El abogado laboralista Javier Adrogué ve con buenos ojos la idea de que se contemple "un listado de prestaciones en especie y complementarias que queden exentas de cargas sociales", como pueden ser celulares, vehículo u otro tipo de bienes o servicios.

"El costo laboral puede reducirse si se introduce una modificación legislativa que exima transitoriamente de cargas sociales a determinadas sumas pactadas en los convenios colectivos de trabajo", afirma.Diferenciar entre grandes y chicos

Si la reforma laboral se limita a aplicar sanciones a las empresas que no se adhieran al régimen, difícilmente tenga éxito, anticipan los abogados laboralistas.

En otro orden, quienes representan a empresas pequeñas y medianas se muestran a favor del blanqueo pero solicitan que sean consideradas las diferencias económicas y los costos entre la Capital Federal, el conurbano bonaerense y el resto del país.

Un dato que aportan para demostrar la disparidad es que hay lugares en las provincias en que la masa laboral no registrada llega a superar el 80%.

En tanto, en la parte más populosa de Buenos Aires y en la Ciudad, apenas pasa el 10%.

Los abogados, tanto de compañías como de los trabajadores, esperan los números del Presupuesto 2018 que deberá presentarse antes del 15 de septiembre en el Congreso.

Es que revisar los renglones de la "ley de leyes" servirá para conocer las cifras que maneja el Gobierno.

Desde el sector empresarial afirman que modificar las leyes que rigen las relaciones empleado-empleador hará que "el país crezca y genere más empleo".

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de Copal, asegura que uno de los planteos centrales es la rebaja de los aportes patronales.

"La sobrecarga sobre un salario de bolsillo supera el 60%, y en algunos casos llega al 80%. Esto se traduce en un enorme desincentivo para blanquear personal", señala.

Martín Bardi, abogado del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt, espera que el blanqueo que llegará luego de octubre solucione el núcleo central de la informalidad y pide que no se cometan los errores de la Ley de Empleo 24.013 o la Ley 25.323.

Tales normativas dieron lugar a una serie de reclamos judiciales que tergiversaron la finalidad perseguida, especialmente en materia de contratación y subcontratación.

"Se cayó en el error de creer que con más y más penalidades a las empresas, o con interpretaciones judiciales con estricto apego a la letra de la ley, se solucionaría el problema", remarca.

En su visión, en la práctica ocurre todo lo contrario, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas firmas, motor fundamental de la economía.

Para Adrogué la reforma debe apuntar a alivianar la carga de pequeños empleadores. Concretamente, la de aquellos que cuentan con hasta 50 empleados, ya que "están sumergidos en una economía clandestina y ello limita su capacidad de acción".

Como sus ingresos son en negro, no tienen forma de "explicarle" al fisco cómo pueden atender el costo laboral de los empleados una vez que los han incorporado al sistema.

"Para estos empleadores, recién después aparece el problema del costo laboral que, en actividades con márgenes reducidos, resulta imposible de soportar", señala Adrogué.

Los expertos agregan un dato clave para aquellos que deben llevar a cabo la negociación por el blanqueo: en los últimos años, no menos del 70% de los trabajadores en negro corresponden a empresas que ocupan menos de 20 personas.