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Telcos y un "cajoneo" caro: las demoras regulatorias retrasan la llegada de inversiones

14-09-2017 La falta de acción en las reformas que el mismo Gobierno aplica en materia de telecomunicaciones impide que haya nuevas inversiones y mejores servicios. La reglamentación y las suspicacias de los sectores del mercado implicados              
Por Andrea Catalano
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Pasaron más de 250 días del decreto 1340/2016 que introdujo cambios en el mercado de las telecomunicaciones y sobre los 11 artículos el cumplimiento alcanzado hasta ahora deja casilleros vacíos en aspectos clave del sector. Aquellos en los que se estableció un plazo para fijar nuevas disposiciones se pasaron por alto. O, en otras palabras, se encuentran en falta total.

Esto se traduce en que las inversiones se mantengan en los mismos niveles y no haya el crecimiento esperado, más allá de las proclamas oficiales que aseguran que lo que se hace es para atraer el capital.

La vara viene estancada en u$s2.500 millones en los últimos dos años. La expectativa por llegar a los u$s5.000 millones anuales en inyecciones de capital de telecomunicaciones, tal como expresara el Gobierno hace un año atrás, está muy lejos de alcanzarse.

También se traduce en que otra gran proclama, la mayor competencia, continúe retrasándose. Ya no a nivel de las grandes compañías, sino de las pequeñas y medianas, que podrían generar fuertes modificaciones en las áreas de influencia que atienden. Y cuando esto no se produce los más perjudicados siempre terminan siendo los usuarios: no cuentan con suficiente oferta y, por ende, tampoco con servicios de calidad a precios razonables.

Los incumplimientos más notorios se vinculan con los artículos 4, 8 y 9 de la norma en cuestión donde se expresaron medidas vinculadas con la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, como también con las bandas que se destinarían a las fuerzas de seguridad, y el establecimiento de un marco de interconexión, fundamental para el buen desarrollo del mercado.

En los puntos donde no hubo cumplimiento las especulaciones son varias y van desde las novedades que ocurrieron en el mercado y las nuevas negociaciones en que todos los actores habrían encarado hasta la negligencia de parte de algunas áreas del Gobierno involucradas.

Los más críticos hacia este estado de cosas son los operadores medianos y pequeños, que esperan que se tomen decisiones que los habiliten a ingresar a los nuevos negocios, como la telefonía móvil, y a contar con políticas más equitativas desde el punto de vista técnico porque las más grandes siempre tienen más chances de ganar.

En definitiva, que las cosas se mantengan y no se avance tal como el Gobierno lo previó no promueve nuevas inversiones puesto que las grandes compañías continúa ganando dinero. No es casualidad que Telecom haya duplicado su rentabilidad en el primer semestre de este año en comparación con el anterior, y que el sector en su totalidad podría terminar el año con ingresos por encima de los $200.000 millones, tal como viene informando iProfesional.

En el artículo 4 se fijó la necesidad de dictar las normas vinculadas con la gestión del espectro. Los dos más importantes se vinculaban con la necesidad de asegurar la reatribución de frecuencias e imponer obligaciones de cobertura, además de llamar a concurso público nacional e internacional para asignar bandas que permitan dar servicios móviles. La razón de este artículo fue atraer nuevas inversiones.

La reatribución de frecuencias se cumplimentó. Fue la que se otorgó a Cablevisión cuando, tras la compra de cinco empresas, se la autorizó a emplear las bandas obtenidas para dar servicios móviles. Es decir, habilitar su ingreso a la telefonía celular 4G.

Fue una tarea que correspondió al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel de Godoy.

En ese mismo artículo se determinó que a partir de la publicación de ese decreto, y en un plazo no mayor de seis meses, se llamaría a concurso público nacional e internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencia para comunicaciones móviles.

La asignación a demanda de espectro en 2,5 Ghz que se concretó en julio y que benefició a Movistar, Telecom y Claro dio cumplimiento parcial a esta exigencia. Aunque se desconoce si las compañías firmaron los contratos. Resulta fundamental para que comiencen a pagar por esas bandas, para que se establezcan las obligaciones de cobertura y sus correspondientes plazos, y para generar nuevas inversiones.

No hubo avances sobre nuevas licitaciones de espectro, mucho menos a nivel internacional, aún cuando está más que claro para todo el mercado de las telecomunicaciones que el Estado necesita de una buena vez de un Plan Nacional de Frecuencias. Las declamaciones que han hecho los funcionarios del Gobierno no se han traducido hasta ahora en hechos concretos. ¿Impericia, negligencia, desidia, desinterés?

Ni siquiera la intención última del ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, que había asegurado que se ampliaría el tope de espectro de 140 mhz a 180 mhz por una necesidad de mercado y para ir cumpliendo con las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).

Si los topes no se actualizan es difícil pensar que vayan a haber nuevas licitaciones en el corto y mediano plazo pues los operadores más importantes lo alcanzarían rápidamente. Y los más chicos, que ya tienen elevados sus pedidos de licencias, aún no las han obtenido pese a las promesas realizadas.

La ecuación es sencilla: si las empresas no tienen más espectro no harán nuevas inversiones, no se sumará nueva oferta y, otra vez, los únicos perjudicados seguirán siendo los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Esos mismos que pagan más de $1.000 por mes como mínimo si se suman los costos de telefonía básica, móvil, TV paga y banda ancha.

Lo expresado en el artículo 8, en tanto, es a lo que menos atención se ha prestado. Al menos aparentemente. Se vincula con el otorgamiento de bandas para seguridad pública. El Gobierno se había autoimpuesto 180 días para fijar "las pautas necesarias para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad".

Aunque hubo expresiones de Aguad sobre la intención de que esa red de protección pública se utilizara exclusivamente en casos de emergencias o catástrofes, hubo discusiones sobre diversos modelos de explotación de esas bandas y hasta conversaciones con proveedores de equipamiento, se desconoce que haya podido darse algún paso en esa dirección. Si por la Argentina pasara algún fenómeno meteorológico similar a Irma o, de repente, el oeste argentino se viera sorprendido por un terremoto de grado 8 en la escala de Richter, poco podría hacerse en materia de telecomunicaciones para encarar tareas de socorro.

El artículo 9 refiere a interconexión, principio básico para que las redes de telecomunicaciones se vinculen entre sí y se curse el tráfico en sus diferentes formas. Siempre fue un tema conflictivo. Si bien desde la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Héctor Huici, vienen trabajando desde hace un año en el tema, aún no hay definiciones finales. Y no se entienden muy bien las razones.

Las compañías que se sienten dañadas por esta falta de decisión en la materia, y que en general resultan ser las empresas más pequeñas, están aplicando sus propios valores, y el mercado se está moviendo de esa manera. Lo que en principio es válido por tratarse de un acuerdo entre partes encuentra inconvenientes cuando se produce el conflicto y el regulador, que debe dirimir, no cuenta con las herramientas necesarias para resolver.

Del precio de la interconexión dependen los valores finales de los servicios de telecomunicaciones. Si hay abuso de parte de alguna compañía en el costo que impone se debilita la posición del actor más pequeño. Y, otra vez, los argentinos que contratan estos servicios son los perjudicados.

"Los temas urgentes son interconexión, espectro y operador móvil virtual (OMV). Es un tema de visión del segmento. Si es que se apuesta a una modernización de la economía", expresó un ejecutivo del mercado de telecomunicaciones.

Si la nueva administración se propuso mirar hacia adelante y no resuelve temas básicos como espectro e interconexión, la modernidad que prometió aplicar en el sector no se estaría dando.

El período de consulta por la interconexión se inició en septiembre de 2016, y se postergó en dos oportunidades. Hasta que en marzo pasado se publicó la resolución 2/2017 mediante la cual se establecieron las disposiciones generales, su objeto y alcance.

Pero las cuestiones vinculadas con precios, que deben ser establecidos por la autoridad de aplicación, según el artículo 25 de la disposición relativo a precios de interconexión y acceso, no se fijaron.

No sólo eso. Según pudo saber iprofesional de fuentes vinculadas con el tema no hay un plazo para definir la interconexión. Se seguirá charlando hasta vaya a saber cuándo.

Parte de las excusas que se escuchan ahora para no avanzar refieren a que la fusión Telecom-Cablevisión exigirá nuevas revisiones, que no se tenían en cuenta hasta junio, cuando se conoció la carta de intención.

Lamentablemente, cuando en marzo se publicaron las disposiciones generales parecían estar dadas las condiciones para terminar de definir el tema. Y no ocurrió.

De fondo, sólo aparecen suspicacias de parte de todos los actores. "El problema de la interconexión fijo-móvil se desdibujó por la inflación, y el precio fue el acordado entre los operadores. Cuanto más se demoran esas definiciones, las compañías ya establecidas son las que siguen con ventaja", dijo una fuente experta del mercado que, al igual que las otras, también prefirió el off.

Y agregó: "Si antes las negociaciones eran por la interconexión asimétrica a Nextel porque iba a ser un entrante, ahora las cosas se corrieron hacia otro lado. Todo esto tiene mucho que ver con el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión".

Cuando se publicó la resolución de marzo, el contexto daba para que el tema se cerrara en ese momento. En aquel entones se iban a tomar parámetros internacionales y eso hubiera permitido contar con un esquema básico más allá de la fusión. Hace seis meses parecía ser una decisión sencilla.

Algunos actores consideran que hay grises entre las tareas del Enacom y las de la Secretaría de Comunicaciones. Y que si bien es la segunda la que ya debería haber cerrado el tema, el modelo de costos es tarea del ente que preside de Godoy, tal como se fijó en el artículo 9 del decreto 1340.

Tomar decisiones no parece ser fácil en la Argentina. Más allá de que son absolutamente necesarias para atraer las inversiones en telecomunicaciones y en cualquier otro sector. No sólo parecen no importar los decretos. Tampoco las prioridades de un país y de los argentinos que pagan muy caros servicios de telecomunicaciones con calidad de regular para abajo.

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