Los cambios al proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria ya son un hecho. El texto, aprobado en la Cámara de Diputados, será modificado por el Senado el próximo miércoles 27 y, entre otras cosas, se eliminará la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Ese fue el acuerdo que este martes alcanzaron los referentes de los principales bloques del oficialismo y de la oposición en la Cámara alta, que se reunieron a puertas cerradas en el Salón Gris para consensuar una nueva redacción del proyecto que sanciona los actos de corrupción cometidos por personas jurídicas.

Del cónclave participaron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas, y su par del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. También estuvieron el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino; sus pares Mario Pais y Rodolfo Urtubey; el oficialista Ernesto Martínez y la puntana Liliana Negre, informó Parlamentario.com.

El proyecto continuará su trámite en comisión la semana próxima, luego de que asesores terminen de definir la letra final. Si la Cámara alta modifica la norma, el expediente deberá volver a Diputados, donde el interbloque Cambiemos se dispone a ratificar los cambios.

Entre los más importantes, figura que la futura ley quedará limitada sólo a los delitos de corrupción, tal como estaba estipulado inicialmente, y no a todos los delitos del Código Penal, como quedó redactado en Diputados a propuesta del massismo.

Además, se eliminará la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, un cambio en el que coincidió la gran mayoría de expertos que desfilaron por la Comisión de Justicia. Actualmente, los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad.

Otro de los puntos que será eliminado es el que imponía multas en base a la facturación del año anterior de la empresa corrupta. En la redacción del Senado la sanción será proporcional al monto del beneficio indebido, vinculando la multa al daño más que al bien en juego.

Se incluirán asimismo los delitos de fraude contable, como la alteración de balances, que son utilizados para esconder coimas. Y, finalmente, se dejará aclarado que la multa por el hecho de corrupción en detrimento de un Estado provincial irá a las arcas de ese distrito.