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El proyecto, acordado con las provincias en agosto pasado, apunta a controlar el gasto público de las jurisdicciones                 
14/09/2017 - 18:11hs

Un día antes de informar sobre el Presupuesto 2018 en Diputados, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó en el Salón Illia del Senado el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, acordado con la mayoría de las provincias en agosto pasado. La reunión con senadores comenzó a las 12.45.

Esta iniciativa es considerada clave por el Ejecutivo nacional, por lo que tiene que ver con el déficit fiscal, y apunta a controlar el gasto público de todas las jurisdicciones.

El proyecto establece reglas que garantizan la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales, en el camino a reducir el déficit al 3,2% del PBI en 2018 y al 2,2% en 2019.

El acuerdo entre Nación y las provincias es que todas las jurisdicciones mantengan constante el gasto primario en términos reales y, en el caso de las deficitarias o con servicios de deuda superiores al 15%, el gasto total.

Según la propuesta, no se podrá aumentar la cantidad de cargos públicos existente al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población, como así también se establece la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales que deberán ser constituidos por cada provincia con los recursos excedentes en años en los que cuenten con superávit fiscal y deberán utilizarse en situaciones de emergencia.

El proyecto, que el Gobierno pretende se apruebe antes del Presupuesto 2018, marca el puntapié inicial de un debate sobre un paquete de iniciativas económicas que el Ejecutivo impulsará.

En una breve exposición, el funcionario aseguró que para que en Argentina “haya inversión”, se necesita de “solvencia fiscal”. “Estamos convencidos de que sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza”, comenzó su discurso ante un puñado de senadores.

“Para que haya inversión necesitamos estabilidad, reglas de juego claras y ser solventes. Sin solvencia fiscal, es muy probable que de alguna manera terminemos afectando derechos de terceros, generando una de las tantas crisis que ha tenido la Argentina”, expresó.

Y agregó que “la manera que tenemos de asegurarnos de que vamos a ser solventes en el mediano y largo plazo es tener un tamaño del gasto público consistente, con una un presión tributaria en que Argentina pueda desarrollarse y crecer”.

Dujovne insistió que “si no tenemos un Estado austero, bien enfocado en el gasto social, en definitiva vamos a estar a expuestos a eventos internacionales que no controlamos, con lo cual la única manera de garantizar la solvencia fiscal es teniendo un sector público que podamos financiar y que sea consistente con impuestos que sean pagables”.

El titular de la cartera de Hacienda calificó al proyecto como “revolucionario” y destacó el “consenso” que reúne la iniciativa. “El que presenta el proyecto no es el Poder Ejecutivo, sino el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”, resaltó.

En ese sentido, dijo que han “estado trabajando todo el año” en el proyecto, el cual “es mejor que el que comenzamos a discutir a inicios de año”, porque se incorporaron sugerencias de las distintas provincias. “El consenso es la mejor receta para que esta reforma sea sostenible”, afirmó y, por eso, estimó que “va a tener un trámite rápido en el Congreso”, al tiempo que llamó a los legisladores a que así sea y señaló que “el compromiso con el cumplimiento” de la norma “va a ser mucho mayor”.

Respecto de la propuesta, el ministro precisó que busca “poner límite al crecimiento del gasto”, y que “para la Nación vamos a mantener constante el gasto primario, en términos reales, de aquí en adelante; y para las provincias hay diferencias entre las que tienen superávit y las que cuentan con déficit financiero”.

Sobre este punto, explicó que los distritos que cuentan con superávit “mantienen el gasto corriente constante hasta 2020”, mientras que los que tienen déficit “deben mantener el gasto primario constante hasta que recuperan el equilibrio”.

Dujovne además subrayó que la ley pone “límites al crecimiento del empleo público, para que no pueda superar el crecimiento de la población” y “cláusulas de fin de mandato” para no afectar a mandatarios sucesores.

“Con la vigencia de esta ley, la Argentina va a poder seguir construyendo un Estado más eficiente”, concluyó.

El proyecto por dentro

El proyecto de "Ley del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno" prevé que, desde 2018, el gasto público de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se mantengan constantes en términos reales y el crecimiento del empleo público no supere un techo. Es una iniciativa que fue consensuada con la mayoría de las provincias.

"La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional", sostiene el proyecto.

Respecto de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el gasto público corriente primario neto será entendido como los egresos corrientes primarios excluidos los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas, los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el Gobierno Nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica, y los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales", dice el documento que explicará el ministro este mediodía en el Congreso.

Por otro lado, en caso de que la Nación o una provincia incurra en déficit primario o un pago de intereses de la deuda mayor al 15% de sus ingresos, el gasto primario total deberá permanecer constante. La Nación podrá netear el gasto previsional -casi la mitad del total y tiene una tendencia creciente por la movilidad jubilatoria-.

"Los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios", dice el proyecto.

Y agrega: "Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado (...) no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto o plazo o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito, o préstamos con características de repago/devolución similares, y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los servicios pertinentes”.

Además, la iniciativa contempla que la Nación, las provincias y la Ciudad se comprometen a no subir el empleo público a una tasa mayor que el aumento de la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.

Otras propuestas del anteproyecto son la creación de fondos anticíclicos fiscales, que serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit.

El plan del oficialismo incluye también incorporar restricciones al incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno y el compromiso a no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.

El proyecto del oficialismo resulta una modificación a una ley del kirchnerismo (25.917).