Una denuncia del senador Fernando “Pino” Solanas contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, abrió la polémica en torno a las tierras de Joe Lewis en el sur de la Argentina.

El legislador nacional acusa al ministro de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario”, por negarse iniciar a una acción de “lesividad” contra Hidden Lake S.A, que tiene como accionista principal al empresario Joe Lewis, informó rionegro.com.ar

Esa razón social adquirió 11 mil hectáreas en Río Negro, en 1996. El conflicto se abrió porque se trata de una zona de frontera que se encuentra vedada por ley a extranjeros.

Según la denuncia de Solanas, el año pasado la Procuración del Tesoro, que estaba a cargo del desplazado Carlos Balbín, pidió al ministerio del Interior que tome las medidas para dejar sin efecto la autorización que permitió la compra de esas tierras. La cartera de Frigerio, que niega que Balbín haya hecho ese pedido, consideró que era “un dispendio de actividad judicial y administrativa inútil”.

La historiaLa polémica tiene sus años.

En junio de 1996, una empresa argentina, Properties Buenos Aires S.A, pidió autorización para la adquisición 11 mil hectáreas de tierras, que incluyen los alrededores de Lago Escondido. Pero Properties Buenos Aires S.A. se había convertido un mes antes, en mayo, en Hidden Lake S.A, y aunque la autorización había sido dada a una persona jurídica argentina, en el Registro de la Propiedad de Río Negro fue inscripta otra, constituida por capitales extranjeros.

En 2012, el mismo ministerio de Interior presentó una denuncia penal, pero en marzo de este año, por fallo de la Cámara de Apelaciones, fueron sobreseídos todos los involucrados, incluyendo el propio Lewis.

Según Solanas, el año pasado, el mentado Balbín pidió a Interior que interviniera para lograr la nulidad de la autorización dada a Lewis para adquirir las tierras.

Pero la cartera que conduce Frigerio respondió que no fue Balbín quien habilitó la transacción sino la Procuración General de la Nación la que consultó sobre la viabilidad de iniciar una acción de “lesividad”.

En un dictamen del 20 de marzo de este año, desde el ministerio consideraron que el acto de autorización para la compra de tierra “es nulo de nulidad absoluta” y reconoció que “la acción de lesividad contra actos viciados de nulidad es imprescriptible”.

Pero, “como la normativa aplicable al régimen de previa conformidad no contempla regulación sancionatoria alguna”, se determinó que “la acción conllevaría un dispendio de la actividad judicial y administrativa inútil”.

La denuncia de Solanas, que el Gobierno califica de "puro humo", quedó a cargo del juez federal Marcelo Martinez de Giorgi.

“El ministro del Interior tiene el deber, la obligación, de defender los intereses del nacionales, no los del amigo de Macri. La respuesta es una verdadera estupidez. Que no contemple la ley sanciones no quiere decir que la acción no esté violando una ley nacional que determina que si una autorización ha sido dada en fraude a la ley hay que dejarla sin efecto”, dijo a este Solanas a rionegro.com.ar.

Según su asesor, Alejandro Olmos Gaona, la cuestión de la acción de lesividad no está saldada: “Nosotros ya hemos enviado una nota al procurador del Tesoro, al doctor Saravia Frías, para ver qué va a decidir la Procuración. El procurador del Tesoro es el abogado del Estado nacional y tiene la obligación de seguir adelante con esto”, advirtió.