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El juez Rafecas imputó a Germán Brazo, quien en 2013 allanó lotes en un country para investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de la legisladora
28/09/2017 - 01:19hs

El juez Daniel Rafecas procesó a Germán Brazo, jefe interino de la AFIP Dirección Regional Centro, por "abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público", luego de haber lanzado en 2013 una investigación por enriquecimiento ilícito contra Elisa Carrió.

La denuncia había sido realizada por el abogado Gustavo Ogni luego de que la revista Revista Veintitrés, de Sergio Szpolzki, publicará que la cofundadora de Cambiemos estaba construyendo una chacra que no se correspondía con sus ingresos, según indica Clarín.

Según las versiones, la firma Urbaland SA "había vendido algunos lotes de un emprendimiento que tenía en la localidad de Capilla del Señor a precio subfacturado, lo cual constituiría una hipótesis de evasión".

Si bien Carrió había sido denunciada, la Justicia había confirmado que no había incosistencias en su patrimonio. La actual candidata a diputada porteña por Vamos Juntos había presentado la documentación ante la justicia federal, donde el fiscal Carlos Stornelli y el juez Sergio Torres descartaron que la evolución de su patrimonio fuera "producto de un accionar ilícito en el marco de la función pública desarrollada".

No obstante, la AFIP Dirección Regional Centro decidió investigar a Urbaland SA sobre doce operaciones de venta de lotes del "Club de Campo Chacras de la Cruz", ubicado en Capilla del Señor, allanando unos lotes en la zona donde vive Carrió.

Justamente, las razones del operativo y el modo en que se realizaron fueron denunciados por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, que llevaba una causa sobre una supuesta evasión fiscal que involucraba a Urbaland.

Brazo había solicitado ante la justicia el 21 de marzo de 2014 "una solicitud urgente de allanamiento", pero no presentó el recurso ante el juzgado de López Biscayart que tenía a cargo la causa, sino que lo hizo "ante la justicia federal de Campana".

Además, el funcionario incurrió en otra irregularidad: en lugar de allanar el domicilio fiscal de la sociedad y el de quien tendría acceso a las cuentas de la empresa, el operativo se montó sobre "cuatro lotes que pertenecían a terceros ajenos a la contribuyente".

Si bien Brazo aseguró que el origen de las medidas fueron las versiones periodísticas, la denuncia que pesó en contra remarcó que se utilizó "información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a misión del organismo recaudador", ya que estaban próximas las elecciones legislativas de 2013.

Y como se afectaron derechos de terceros, la serie de allanamientos "podría constituir delitos de abuso de autoridad".

Luego de varias indagatorias, el juez Rafecas descubrió que hubo "órdenes desde más arriba" para realizar "la investigación que duró 24 horas". El magistrado indicó su resolución que todo se hizo con el fin de "incentivar y motivar una campaña de desprestigio a quien por entonces, era legisladora Elisa Carrió".

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