Economía

Gobierno define pelea por un negocio millonario: quién controlará los "surtidores" para autos eléctricos

03-10-2017 El objetivo es terminar con el conflicto entre YPF y las empresas Edesur y Edenor por la instalación de equipos de este tipo. Se busca permitir el negocio para favorecer la producción local y venta de autos eléctricos. Varias terminales lanzarán sus modelos en 2018
Por Andrés Sanguinetti
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El Gobierno analiza varias alternativas para reglamentar el uso de surtidores exclusivamente para la carga y comercialización de autos eléctricos en las zonas a cargo de distribuidoras surgidas del proceso de privatización de la ex Segba, en la década de los 90.

La necesidad de regular este negocio surgió luego de la polémica desatada entre Edesur e YPF por la instalación de estos equipos por parte de la petrolera en la zona de concesión de la empresa propiedad del grupo español Enel.

Si bien hoy el parque de vehículos propulsados a electricidad en el país es casi nulo, la mayoría de las automotrices viene anticipando el lanzamiento de unidades de este tipo para el año próximo.

De hecho, varias compañías anunciaron modelos que comercializarán en el mercado interno. También hay proyectos de empresas locales, como el de una planta de la localidad bonaerense de La Matanza, donde se producirán tres: un sedán y dos pick ups bajo la marca Dadalt y Sero.

Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría sumar colectivos eléctricos al parque del transporte automotor de pasajeros porteño.

En el caso del Poder Ejecutivo nacional, fomenta la producción doméstica y ya estableció cupos para la importación de autos a electricidad.

La pelea por los "surtidores" eléctricos
En este marco, desde YPF pusieron en marcha un plan para instalar una red inicial de 200 surtidores eléctricos en diferentes estaciones de servicio.

El problema es que muchos de estos surtidores se ubicarán en zonas donde la distribución y venta de energía es propiedad tanto Edesur como de Edenor.

Esta exclusividad figura en los pliegos de licitación de la ex Segba y de los contratos de concesión de las áreas que les fueron adjudicadas a ambas compañías.

Ante el plan de expansión de YPF, la primera en cuestionar la decisión fue Edesur.

El directorio de la empresa, propiedad del holding español Enel, envió una carta al Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) acusando a la petrolera estatal de infringir las normas establecidas en el contrato de privatización.

Además, advirtió sobre la imposibilidad de subdistribuir o vender la producción energética de su área de concesión.

Es decir, le reclamó al Estado que ponga freno al plan de YPF de instalar en su zona cargadores para autos eléctricos, al entender que la compañía hará negocios revendiendo un insumo de su propiedad sin solicitar autorización y pasando por encima de la normativa de concesión.

La carta de Edesur llegó al directorio del ENRE a mediados de agosto, justo cuando la petrolera estatal comenzó a colocar sus surtidores y a pesar de que el primer equipo fue puesto en una estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) de Palermo, en zona de concesión de Edenor.

En tanto, la distribuidora Edenor -propiedad de Pampa Energía- no siguió el mismo camino que su "hermana" de concesión en cuanto a mostrar preocupación ante las autoridades regulatorias del mercado energético nacional enviando una misiva de queja.

Sin embargo, iProfesional pudo saber que sus directivos se encuentran expectantes con respecto a las medidas que tomará el Gobierno para organizar este incipiente pero prometedor negocio que surgirá a partir de la masificación del uso de autos eléctricos en el país.

Desde el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren, confirmaron a este medio que se encuentran analizando diversas alternativas para ordenar el escenario y, en la medida de lo posible, dejar conformes a todos los protagonistas.

La estrategia oficial pasa por reglamentar el uso para venta de la electricidad que distribuyen en sus áreas de concesión tanto Edesur como Edenor, pero sin permitir una liberalización total.

Es decir, sin que la instalación de surtidores de YPF sea la puerta de entrada para el desembarco de otras empresas o que dé lugar a que cualquier consumidor particular pueda encarar ese negocio desde su domicilio.

Según explican las fuentes gubernamentales y del sector privado, no es fácil desarrollar una red de surtidores eléctricos, ya que los equipos deben pasar por un proceso de homologación oficial y de exigentes estudios para prevenir cualquier contratiempo.

También se buscará reglamentar el formato para el cobro de la electricidad que usarán los autos en las bocas de los surtidores, así como la cantidad y las zonas donde podrán ser colocados.

Tarifa de la recarga
Si bien no existen demasiadas presiones respecto del contenido de la normativa oficial, fuentes cercanas a YPF admiten haber acercado a Energía algunas recomendaciones en cuanto a la forma de tarifar el cobro de la "nafta" eléctrica.

En realidad, proponen dos alternativas:

- Por un lado que se facture por unidad de medida. Es decir, por KW cargado

- Por otro, que se cargue electricidad según la cantidad de kilómetros que recorrerá el auto

En ambos casos, hay ejemplos de uso en Europa y en los Estados Unidos. Y de hecho, YPF trabaja en ambas variantes con las dos empresas asociadas al proyecto que son QEV y ABB.

Por el momento, los dos surtidores ya instalados en el ACA de Palermo, en intersección de las calles Godoy Cruz y Demaría, se encuentran cubiertos por una lona y no están operativos por dos motivos:

-Primero, naturalmente, porque todavía no hay autos eléctricos suficientes como para habilitarlos

-Pero, más que nada, por la ausencia de regulaciones y para evitar profundizar el conflicto con las distribuidoras

De todos modos, en la empresa aclaran que no abandonaron el plan de instalación y que para octubre desembarcarán en las estaciones de servicio que opera en la Autopista La Plata-Buenos Aires. 

Para fin de año, habrá otros 20 en ocho estaciones.

Se trata de un plan de inversión de u$s13 millones, que proyecta habilitar más de 200 puestos de recarga en 110 estaciones de su red en todo el país, a través de la alianza firmada con el grupo internacional ABB y QEV Argentina.

Son dispositivos de carga rápida DC (15 a 30 minutos por término medio para el 80% de la batería).

Poseen soporte digital multimedia que permitirá al usuario localizar el punto de recarga más cercano, la reserva de turno de carga y el pago mediante la aplicación con tarjeta de crédito.

Pero, más allá de la instalación, los equipos no comenzarán a operar hasta tanto el Gobierno regularice el escenario.

De cara a las distribuidoras, la propuesta de YPF es la de inscribirse como gran consumidor de energía, al estilo de las empresas de mayor porte, que pagan más que un usuario residencial al demandar mayor cantidad de kilowats.

El camino podría ser imitado por otras empresas con intenciones de explotar este incipiente nicho de negocios.

Un estilo sería el de acordar alianzas con grandes cadenas de hipermercados o shoppings centers para colocar surtidores que le permitan a los clientes dejar los autos en carga mientras hacen compras o pasean.

Siempre, luego de que el Gobierno homologue los equipos, permita una apertura sin límites y acuerde un nuevo marco de concesión con las distribuidoras de energía.

La recarga en casa
En el caso de los particulares, ya se encuentran favorecidos por la nueva ley de generación distribuida que ya tiene media sanción del Congreso.

La normativa permite a los consumidores hogareños producir electricidad renovable e inyectarla al sistema interconectado nacional a cambio de un precio establecido.

Se trata del sistema llamado de doble vía, que precisa de medidores inteligentes como los que quiere colocar Edesur en su zona de concesión.

La empresa presentó un plan piloto para repartir 5.000 de estos equipos entre sus clientes, que todavía no fueron homologados por el ente regulador.

El objetivo es estudiar el comportamiento de este sistema que Enel ya aplica en Italia. En ese país, de hecho, se llega a vender la mitad de la energía usada en un día en todo el país a partir de lo generado por los hogares.

Pero más allá de esta iniciativa, tanto desde Edesur como desde Edenor esperan conocer mayores detalles sobre la normativa. Igual, entienden que la exclusividad en la comercialización de la energía no debe ser cedida.

De todos modos, se muestran abiertas al diálogo para no cerrar ninguna puerta a futuros negocios que también puedan desarrollar en sus concesiones.

De hecho, Enel en Europa posee una red propia de cargadores eléctricos que podría tranquilamente instalar también en la Argentina.

"Tenemos la tecnología y el know how para hacerlo si en algún momento consideramos que puede ser un buen negocio para nosotros", explican.

En el caso de Edenor, teniendo en cuenta que Mindlin también es dueño de una importante y extensa cadena de estaciones de servicio -que sumó tras la compra de parte del negocio local de la petrolera brasileña Petrobras-, no sería descabellado pensar que quiera incursionar en este mismo modelo de surtidores eléctricos.

Más que nada, si se tiene en cuenta que el parque automotor nacional comenzará a recibir modelos eléctricos de manera creciente a partir del año próximo.

Un caso es el de Renault que anticipó que el Kangoo ZE estará disponible a partir de diciembre o enero próximo. El utilitario ya está homologado para la venta a un precio que rondaría los u$s32.000 y tendría una autonomía real de 200 kilómetros sin necesidad de recarga.

Volkswagen apuesta a promocionar sus versiones eléctricas como el Golf GTD (híbrido) o el Golf 100% eléctrico. Lo mismo ocurre con Ford, con el desembarco del Mondeo híbrido el año próximo.

Mientras tanto, en agosto pasado, la Secretaría de Industria emitió una resolución para establecer un cupo de 6.000 unidades eléctricas importadas por año para impulsar la industria local.

También aplica alícuotas, aunque reducidas, al ingreso de estos modelos, del 5%, 2% y de 0% si son híbridos, eléctricos o a hidrógeno. Los aranceles se corresponden a autos armados, semi desarmados y totalmente desarmados respectivamente.

Es decir, se le da mayor ventaja a los "kits" que lleguen para ser ensamblados en el país.

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