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La Defensoría del Pueblo bonaerense acusa al gobierno santafesino de realizar obras que alteraron el escurrimiento natural de la laguna La Picasa
03/10/2017 - 14:08hs

La Corte Suprema convocó para el 7 de noviembre próximo a una audiencia pública a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba por las inundaciones.

Luego de un reclamo efectuado por la Defensoría del Pueblo bonaerense ante el máximo tribunal, en el cual se exigía que se diera una explicación sobre las obras en Santa Fe que provocaron inundaciones en la Provincia.

La presentación hecha en su momento por el órgano conducido por Guido Lorenzino establecía que cada lluvia "trae inundaciones en distintos puntos de la Provincia y es una preocupación que crece con el tiempo".

A partir de la misma, se inició el trámite dentro de la Corte, la cual escuchó las demandas para que se tomen todas las medidas necesarias para que el agua deje de amenazar a las ciudades y a los habitantes bonaerenses.

Entre los considerandos de la medida adoptada por el máximo tribunal, se hace referencia a la "gravedad de los hechos denunciados" por la Defensoría provincial, puntualmente a los puntos que tienen que ver con las obras realizadas por el gobierno santafesino, las cuales alteraron el escurrimiento natural de la laguna La Picasa, lo que derivó en la anegación de varios distritos de la Provincia.

Tras conocerse el fallo, Lorenzino destacó la decisión de la Corte, al reconocer que "se le dio la importancia necesaria a nuestros reclamos, que son que los gobiernos se comprometan a dar respuesta ante la grave situación que afecta a miles de bonaerenses y que se lleven adelante todas las obras necesarias para evitar que se repitan estas inundaciones".

La audiencia púbica convocada por el órgano que preside Ricardo Lorenzetti se llevará a cabo en el Palacio de Justicia el sábado 7 de noviembre y será de mero carácter informativo.

La intención será reunir a los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, así como a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a la Procuraduría General y a la Defensoría General de la Nación, para coordinar los trabajos a seguir para acabar con estos desastres naturales que afectan cientos de miles de hectáreas.

Todos los gobiernos y entes mencionados con anterioridad deberán dar cuenta del estado de ejecución de las obras de regulación realizadas sobre la traza del canal Alternativa Norte, en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe; así como también si se ha concluido el estudio integral para la cuenca de aportes a la laguna El Chañar, y si se continúa con el acuerdo para regular el exceso de agua de La Picasa.