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Reforma laboral gana terreno en la CGT y más convenios de trabajo incorporan flexibilidad

19-10-2017 Poco a poco, avanzan los acuerdos por sector y crece la aceptación en la cúpula sindical para modificar los convenios colectivos. Cuáles son los sectores que negocian cambios y quiénes resisten la cruzada "modernizadora"                              
Por Juan Manuel Barca
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La reforma laboral comenzó a penetrar el último bastión que contenía su avance. A pocos días de las elecciones, la CGT envió guiños junto con algunas señales concretas de apoyo a los cambios impulsados por el Gobierno y el sector empresario para flexibilizar los convenios colectivos. El dialoguismo renovado refleja el reacomodamiento de buena parte del sindicalismo, con el abandono de las hostilidades y el aislamiento de quienes desoyen los "cantos de sirena".

El gesto más celebrado por el establishment fue el desembarco de la cúpula sindical en el coloquio de IDEA, donde por primera vez se paseó una delegación heterogénea de gremialistas, algo impensable en los últimos años de mandato K, en que el coloquio no gozaba del beneplácito oficial. Ahora, en cambio, ficharon representantes de las distintas alas que integran la central obrera, desde los "independientes" hasta el moyanismo. Solo pegaron el faltazo los "gordos".

Durante la cumbre del "círculo rojo", se escucharon pedidos de "flexibilidad" y críticas a la "corporación" sindical. En ese marco, la comitiva de jefes gremiales rechazó un desguace de la legislación laboral, como ocurrió en Brasil, pero se mostró abierta a negociar cambios graduales. El metalúrgico Antonio Caló pronosticó que "la reforma laboral se va a dar por sectores", mientras que el líder del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, adelantó la posibilidad de "renunciar" a beneficios adquiridos.

La ofrenda deslizada por el sindicalismo coincide con el avance de la "modernización". A puertas cerradas se firman acuerdos que introducen criterios de productividad acordes a la estrategia oficial, tal como lo viene dando a conocer iProfesional. Luego de los petroleros, otros sectores incorporaron novedades en una suerte de reforma laboral en dosis, silenciosa y consensuada, sin interferencia del Congreso.

Alienta el clima de reconciliación la sensación extendida en Azopardo del triunfo de Cambiemos el domingo próximo y el endurecimiento de Mauricio Macri tras la marcha protagonizada por la CGT el 22 de agosto pasado. Aquel acto caótico y fugaz a metros de la Casa Rosada envalentonó de nuevo al Presidente a ir contra la "mafia sindical", una ofensiva que semanas atrás alcanzó al segundo hombre fuerte de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina.

La política selectiva de castigos contempla la intervención de gremios, la judicialización de las paritarias y la detención de sindicalistas. La novedad es que ahora la dirigencia empezó a rever el pedido de reducir los "costos laborales", un requisito clave para integrar el círculo del "sindicalismo sano", sin un líder claro tras la muerte de Gerónimo Venegas, quien estaba al frente de las 62 Organizaciones.

Las "ventajas de pertenecer" son tentadoras. Incluyen fondos de capacitación, la participación en anuncios oficiales y el acceso directo al equipo del Gabinete. Pero el privilegio más apetecido es ocupar el rol de "interlocutor válido", un beneficio que facilita la homologación de acuerdos y eventuales reintegros a las obras sociales, suma millas para obtener el bastón de mando del movimiento obrero y funciona como reaseguro contra carpetazos.

¿Quién es quién?
Protagonista del primer acuerdo por sector en la era Macri, el petrolero Guillermo Pereyra es hoy un caso testigo de cara a la reforma que busca implementar el Gobierno. Al encabezar un panel en IDEA, el también senador detalló el acuerdo alcanzado en Vaca Muerta, donde aceptó resignar beneficios laborales y negoció 1.700 despidos, a cambio de inversiones por u$5.000 millones y compensaciones a los cesanteados.

El también senador desmintió que los acuerdos signifiquen una "conciencia flexibilizadora" y se opone a una reforma a través del Congreso. Su gremio espera llegar al 2021 con 75.000 puestos en la cuenca neuquina, pero la conflictividad resurgió en los últimos días con un paro de petroleros, en respuesta a la decisión de una contratista de YPF de eliminar el cuarto hombre en boca de pozo. El achique está previsto en uno los artículos de la adenda al convenio colectivo sellada en marzo. Pero ahora Pereyra amenaza con derogarla por entender que rige solo para proyectos nuevos.

De perfil bajo y ausentes en IDEA, los "gordos" avanzaron en cambios silenciosos. Tal como lo anticipó iProfesional, el titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, cerró a fines de septiembre un acuerdo por empresa -incluido un nuevo convenio colectivo- con las autopistas manejadas por la Ciudad (AUSA), que contempla la sustitución de 583 empleados de las cabinas de peaje y su migración en un plazo de cuatro años a otras tareas.

Al igual que el caso petrolero, el trato en los peajes no modifica el convenio de actividad (el mercantil), pero será el modelo para todas las autopistas del país. Del mismo palo gremial, el triunviro y líder de Sanidad en Capital, Héctor Daer, denunció días atrás una embestida empresarial y ratificó que "la reforma laboral es una quita de derechos que no vamos a permitir". El dirigente, no obstante, viene de incorporar el pago por objetivo a la rama de atención domiciliaria, según lo hizo saber este medio semanas atrás.

Los "independientes" también dominan el arte de la ambigüedad. En el grupo integado por el estatal Andrés Rodríguez (UPCN) y el albañil Gerardo Martínez (Uocra), Lingeri se resiste a negociar "a la baja", pero abrió la puerta a que "algunas cosas se renuncien mientras que otras aumenten". Esa es la fórmula que instauró el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en Vaca Muerta.

"Tenemos que pasar a las reformas en las que cada uno tiene que ceder un poco", repitió el jueves pasado el jefe de Gabinete Marcos Peña.

En el sector público, también se avizoran cambios. Cerca de Rodríguez prevén una discusión "por sindicato". 

"Cada sindicato debe discutir convenios de acuerdo a las nuevas tecnologías. Una cosa es modificar a la brasileña, que ampliaron la jornada, y otra es sentarte a discutir en tu actividad", señaló un hombre fuerte del gremio.

El "cambio tecnológico" motivó la formación de una comisión en la CGT dedicada al tema y el impulso de un consejo integrado por gremios, pymes e investigadores. 

En la construcción, el Gobierno cerró un acuerdo tripartito. Desde el sindicato liderado por Martínez sostienen que "no se habla de una reforma integral sino de revisiones sectoriales", pero aseguran que en su caso no hay margen para reducir costos laborales. Además de las bajas escalas salariales, la actividad es de las pocas que mantiene un fondo de desempleo debido a la inestabilidad laboral en las obras, una modalidad que la UIA desearía replicar en otras rubros.

Con todo, el mayor obstáculo al "reformismo permanente" -denominado así por el Gobierno- lo representa el ala "dura" del sindicalismo. Si bien los Moyano esquivaron el cónclave de CEOs, se hicieron presentes el triunviro Juan Carlos Schmid y el judicial Julio Piumato, dos referentes de ese agrupamiento.

"Yo fui porque me invitaron empresarios amigos y siempre apostamos al diálogo, pero lo peor que puede pasar es que el Gobierno se llene de soberbia por los resultados electorales", advirtió a este medio Piumato.

En los últimos dos meses, los camioneros protagonizaron un bloqueo en Coca-Cola por el reencuadramiento de choferes en su convenio y la semana pasada, lograron a reincorporación de más de 150 despedidos en la láctea Cotagu. Enemigo del modelo Vaca Muerta, el gremio liderado por Pablo Moyano mira con preocupación el futuro de OCA, donde negocia la quiebra y el traspaso de 7.000 empleados, y la rama de clearing bancario.

El líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, es otro de los sindicalistas que resiste la modificación de los convenios laborales a la vez que busca un mayor protagonismo en la CGT. Por otra parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les sugirió a los bancos una pauta salarial para el 2018 de entre el 8 y el 12%. 

"Los funcionarios les dijeron que (de dar un aumento superior) no van a homologar el acuerdo", reveló Palazzo semanas atrás en el Gran Rex, al asumir un nuevo mandato al frente de su gremio.

La idea del bancario es llevar su propia agenda a la paritaria, en la que incluirá la regulación del empleo, la limitación de la tercerización y el avance tecnológico, al que califica de un "ataque" a los trabajadores.

"Si quieren discutir convenios, lo vamos a escribir en papel de lija para que no se limpien el traste", dijo el sindicalista, acompañado del titular de Suteba Roberto Baradel, el líder de la CTA Hugo Yasky y Pablo Moyano.

Mientras tanto, la micro reforma laboral gana adeptos. Encolumnados en la Corriente Federal que lidera Palazzo, los lecheros de Atilra avanzaron en cambios en su convenio que alcanzan al presentismo, la polifuncionalidad y escalas, entre otros puntos. Macri apuntó en mayo pasado contra el titular del gremio, Héctor Ponce, a quien responsabilizó de hacer "inviable" la industria, en medio de la crisis en Sancor que ya cerró cuatro plantas.

La recesión no es el único factor de disciplinamiento. En el sector aeronáutico, la reducción del presupuesto destinado a Aerolíneas y la apertura del mercado a las "low cost" llevó a los gremios a iniciar negociaciones para crear convenios por empresa, en los que se busca extender la jornada de los tripulantes. Así, las conflictivas paritarias son tan solo un capítulo de una puja mayor.

Del mismo modo, en los ferrocarriles, el Gobierno dispone del reciente decreto que habilita el cierre express de ramales, la herramienta a la que recurrió el gobierno de Carlos Menem para domesticar a los sindicatos de la actividad y desarticular el sistema ferroviario.

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