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Garavano descartó una remoción de Gils Carbó por decreto y adelantó: "Intentaremos reformar la ley del Ministerio Público"

20-10-2017 El ministro se refirió al tema al ser consultado sobre la resolución que declaró inconstitucional la remoción por juicio político de la Procuradora. "Es un fallo que estudiaremos, pero que ratifica lo que señalamos: que la forma de remoción del Procurador no está prevista constitucionalmente", dijo
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Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de un juicio político por lo que dejó abierta la posibilidad de desplazarla por otras vías como un decreto presidencial. Consultado al respecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reveló la estrategia del Gobierno.  

"Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley, esperemos que la oposición nos acompañe", dijo a Clarín al ser interrogado si la decisión del juez Pablo Cayssials planteaba un nuevo escenario para  la Casa Rosada en su relación con Gils Carbó.

"Es un fallo judicial que estudiaremos con atención, que en definitiva ratifica lo que ya hemos señalado cuando hemos enviado un proyecto de ley al Congreso: que la forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente. Y en esta línea lo que impulsaremos como lo marcamos desde el primer día de la gestión es reformar la ley del Ministerio Público Fiscal", argumentó el funcionario nacional.

La funcionaria fue procesada días atrás por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio para la Procuración por el que se pagaron $43 millones y se abonaron comisiones millonarias, cercanas a los $10 millones.

La titular del Ministerio Público Fiscal rechazó las acusaciones y dio explicaciones sobre la maniobra.

La estrategia del Gobierno es aprobar el proyecto de reforma de la ley luego de las legislativas. ¿Qué pretende? Establecer que el procurador tenga un mandato de 5 años, con renovación a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

El fallo y la habilitación
El juez Pablo Cayssials declaró este viernes “inconstitucional” el artículo que equipara al procurador de la Nación con los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado resolvió un planteo de la asociación Será Justicia y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En su fallo, decretó la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley de Ministerio Público (27.148) que "establece que el Procurador General de la Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, resulta contrario a lo dispuesto en ésta".

El mentado artículo 76 equipara al cargo de procurador con el de un ministro cortesano al establecer que "sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional".

En esos artículos, la Carta Magna indica que será la Cámara de Diputados quien "ejerce el derecho de acusar al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos" y que al Senado le corresponde "juzgar".

En la enumeración no incluye expresamente al procurador, argumento que habían planteado algunas espadas judiciales del macrismo para alentar la remoción por decreto de Gils Carbó.

"Una norma como la cuestionada en autos –dictada a los efectos de organizar el Ministerio Público Fiscal– no puede elípticamente modificar (la Constitución), ya que todo medio o forma diferente de los procedimientos regulares que aquélla establece para su reforma, renovación o cambio, tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en inválida la modificación que se incorpore", resolvió el juez.

"El Congreso Nacional no puede incorporar casos para los que se requiere juicio político cuando la Constitución así no lo establece, pues con ello se conculcaría el principio de separación de los poderes", añadió el juez.

No obstante, el fallo no es aplicable aún puesto que puede ser apelado ante la Cámara Federal Contencioso Administrativo Federal y hasta tanto no quede firme sus efectos no son inmediatos.

Garavano siempre se opuso a la estrategia de la remoción por decreto. Y recibió el apoyo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien meses atrás instó a "cambiar la ley o sacarla por juicio político”.

 

 

 

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