El líder del bloque kirchnerista en la Cámara baja, Héctor Recalde, anticipó que el Frente para la Victoria "no bajará al recinto" este miércoles cuando se vote el desafuero del exministro de Planificación, Julio de Vido.

Con esta decisión, el FpV convalidará que se le quite la inmunidad parlamentaria permitiendo al instante que la Justicia lo arreste por la causa Río Turbio, donde se lo acusa de sobreprecios y malversación de fondos públicos.

"El oficialismo ya tiene los votos", justificó la decisión Recalde en conferencia de prensa esta mañana. "No vamos a convalidar el desafuero", remarcó. Aunque el faltazo de su bloque facilitará su aprobación.

Y reconoció que "hubo diferencias entre los compañeros" sobre si apoyar o no al exfuncionario de Cristina Kirchner. 

Según establece la legislación argentina, para quitarle los fueros a un legislador se necesitan dos tercios del total de los presentes. Es decir, si los 257 diputados se sentaran en sus bancas, para el desafuero se necesitan 172 votos.

El martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el dictamen para tratar el desafuero de De Vido en el recinto con los votos de Cambiemos, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Frente de la Concordia de Misiones, los bloques de Izquierda y GEN.

El kirchnerismo votó en contra, pero los dos legisladores de esa fuerza que estuvieron presentes, Rodolfo Tailhade y Analía Rach Quiroga, en la reunión no pidieron la palabra para defender al ex funcionario.

La situación del ex funcionario dividió las aguas en el bloque del FPV en la Cámara baja. Algunos integrantes de la bancada se mostraron dispuestos a soltarle la mano a De Vido.

"Si la Justicia lo pide, hay que hacerle caso a la Justicia", afirmó el presidente del PJ y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja.

De Vido tiene dos pedidos de desafuero en su contra: uno del juez Rodríguez en la causa por la presunta defraudación millonaria con fondos destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio: y otro de Bonadio en el expediente por presuntos sobreprecios en la compra de barcos de gas licuado durante el kirchnerismo.