El ministro de Energía, Juan José Aranguren, resaltó este jueves que la cartera a su cargo inició en diciembre de 2015 "la regularización de la situación laboral de cientos de los contratados por asistencia técnica" que conformaban el 57% de la planta del organismo estatal, y que implicó una metodología de contratación que en un principio fue necesario mantener para la operación cotidiana.

"Mal que le pese a la diputada Stolbizer, no somos lo mismo (que De Vido), no tenemos un doble estándar y pretendemos hacer de la transparencia de nuestros actos una bandera que le permita a la sociedad volver a confiar en sus servidores públicos", disparó.

De esta manera, Aranguren se manifestó mediante un comunicado difundido desde el Ministerio de Energía, respecto de la denuncia presentada ante la Justicia Federal por la legisladora del Gen Margarita Stolbizer y en sus expresiones durante la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados que trató el desafuero del diputado Julio De Vido.Stolbizer comparó en el recinto las acusaciones contra el ex ministro De Vido en la causa sobre malversación de caudales públicos por sobreprecios en YCRT, con la contratación de personal realizada durante la gestión de Aranguren, bajo la figura de "asistencia técnica" por intermedio de universidades nacionales, indicando una modalidad similar para cometer presuntas irregularidades.

"Hay una gran diferencia entre los hechos por los que se acusa a De Vido y lo denunciado por la legisladora Stolbizer, y no lo digo por la magnitud de los montos involucrados, sino por la legalidad de las medidas adoptadas", asevera Aranguren en el comunicado.

La denuncia efectuada por la intervención de YCRT, dependiente del Ministerio de Energía sobre "malversación de caudales públicos" apuntó a las irregularidades detectadas en varios contratos de locación de obra y de provisión de bienes que debieron hacerse por licitación pública y a precios de mercado, sin necesidad alguna de intervención para este cometido de la UTN o de una Fundación vinculada a la misma".

En ese sentido, Aranguren precisó que la denuncia presentada por Stolbizer se refiere a otro tipo de convenio, en este caso de asistencia técnica, por el cual prestan servicios en la administración pública gran parte de sus agentes.

"Por dichos servicios, que deben ser certificados por un superior, se les abona honorarios a dichos agentes y la universidad contratante o la unidad de vinculación tecnológica designada por la universidad percibe un honorario administrativo del 10 al 12 por ciento, como ocurre con los más de 400 convenios de este tipo firmados por la administración pública con universidades", explicó el ministro.

Así, a diciembre de 2015 el ministerio recibió una planta de 2.663 personas, de las cuales 1.524 (57%) estaban contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica vía universidades.

"Desde entonces se inició un proceso de pase de agentes a la condición de contratados bajo la Ley Marco de Empleo Público", agregó el ministro por lo cual "como resultado, a septiembre de 2017 la planta era de 1.764 personas, de las cuales 597 (34%) son contratados por asistencia técnica, y se prevé continuar con ese proceso de regularización".

Al diferenciar las acusaciones contra De Vido "por tercerizar suministros y obras vinculados a las actividades de YCRT en Río Turbio, Santa Cruz", el convenio por el cual Stolbizer realiza la denuncia "no es más que la continuidad, con carácter transitorio, de una metodología de contratación de personal dentro de la administración pública, que en un principio fue necesaria para mantener su operación cotidiana".

A partir de entonces, el ministerio "inició la regularización de la situación laboral de cientos de los contratados por asistencia técnica, que hoy ya gozan de los derechos propios de la relación de empleo, cobran el sueldo anual complementario y reciben los consiguientes beneficios sociales", afirmó Aranguren al enfatizar que "hay una gran diferencia entre los hechos" comparados por Stolbizer "no sólo por la magnitud de los montos sino por la legalidad de las medidas adoptadas".

Si bien afirmó que aún el magistrado interviniente le dio intervención en la causa, Aranguren confió en que "será el juez quien determine si los hechos planteados justifican una investigación y finalmente, si corresponde alguna sanción".