La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó este lunes su renuncia al cargo a partir del 31 de diciembre próximo.

"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", afirmó en la nota de renuncia que dirigió al presidente Mauricio Macri.

Antecedentes

Cambiemos buscaba aprobar antes de fin de año una nueva ley de Ministerio Público orientada a remover a Gils Carbó sin necesidad de tener que recurrir a un juicio político. 

De acuerdo a la iniciativa, se buscará "regular el proceso de remoción" de la procuradora al aprovechar el fallo de primera instancia de un juez en lo Contencioso Administrativo Federal que declara inconstitucional un artículo de la ley de ministerio público. 

El juez Pablo Cayssials resolvió en los últimos días aceptar la demanda promovida por la agrupación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y declaró la inconstitucionalidad el artículo 76 de la ley 27.148, que establecía el juicio político como único procedimiento para la destitución de la jefa. 

"El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional", justificó el magistrado. 

Si bien hubo varios intentos desde el Congreso por separar a la procuradora y, hasta se abrió un proceso en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal para evaluar el trabajo de Gils Carbó con la intención de avanzar con el juicio político.

A esto se sumó que la jefa de los fiscales fue procesada por el juez Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública en el caso en el que se investiga el sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600. También le dictó un embargo de 7 millones de pesos.