iProfesionaliProfesional

Reclamarán este viernes frente a los juzgados de Avenida de Mayo al 600. Quieren una resolución sobre los amparos que presentaron para frenar la  normativa
31/10/2017 - 01:11hs

La ley porteña de alquileres entró en vigencia hace más de un mes, pero todavía es un marco de disputa y presiones.

Este viernes, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) realizará una marcha frente a los tribunales de la Justicia de la Ciudad para oponerse nuevamente a la ley que establece que la comisión de un alquiler la pague sólo el dueño y no los inquilinos.

La manifestación se llevará a cabo a las 12 frente a la sede del fuero contencioso, administrativo y tributario porteño, en Avenida de Mayo 654.

Según un comunicado del CPI, el objetivo es pedir al Poder Judicial de la Ciudad que se expida en las acciones de amparo presentadas por el Colegio, asociaciones civiles y matriculados individuales contra la ley N° 5859.

El Colegio afirma que la ley "avasalla sus derechos y su libertad profesional".

Pero también hay reclamos desde la parte de los inquilinos, que recientemente reclamaron al Gobierno porteño que se cumpla efectivamente la ley. De hecho, denuncian que hay inmobiliarios que les siguen cobrando comisiones a quienes firman un contrato de alquiler.

“Sabemos que un sector de las inmobiliarias continúa cobrándoles comisiones a los inquilinos. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad no ha implementado ninguna medida para garantizar el cumplimiento de la ley”, explicó Inquilinos Agrupados en un comunicado.

Por su parte, las inmobiliarias niegan que sigan cobrando la comisión a los inquilinos. El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que ellos cuenta con "un tribunal de ética y disciplina al servicio de los usuarios. Quien se vea afectado por el accionar de algún matriculado podrá radicar la denuncia”.Una sola denuncia

El Colegio Profesional Inmobiliario afirmó que tras la sanción de la ley porteña, el tribunal de ética y disciplina de la entidad recibió sólo una denuncia de un usuario afectado, que está siendo tramitada.

De este modo, el CPI salió al cruce de un comunicado de la agrupación Inquilinos Agrupados que indicaba que las inmobiliarias no cumplían con la nueva legislación, que determina que sólo hay que cobrarle comisión al propietario.

El Colegio indicó que la persona que se vea afectada por el cobro de una comisión que no corresponda por parte de alguna inmobiliaria matriculada, podrá radicar la correspondiente denuncia de lunes a viernes de 9 a 18, presentando la documentación pertinente en la sede del CPI, Alsina 1382, de esta Capital.

La entidad indicó que desde que la Legislatura capitalina sancionó la ley 5.859 que prohíbe cobrar comisión al inquilino, el 24 de agosto último se recibió solamente una denuncia de un usuario el 23 de octubre pasado, y está siendo tramitada.

Para el CPI, la entidad Inquilinos Agrupados con su accionar "denosta permanentemente nuestra actividad, persiguiendo sin lugar objetivos como el control de precios de los alquileres urbanos de vivienda y que el Estado grave con un impuesto a las viviendas ociosas, y no está de acuerdo con la política de créditos hipotecarios que promueve el Gobierno Nacional".

"Queremos dejar sentado categóricamente que no compartimos ninguno de los objetivos denunciados", indicó el Colegio, y remarcó que "en materia de locación de vivienda urbana nuestros matriculados dan seguridad jurídica a toda operación inmobiliaria, y por ello tienen el derecho de percibir honorarios de ambas partes que utilizan nuestro servicio de intermediación".

Mario Gómez, miembro del consejo directivo del CPI, aseguró que las inmobiliarias "están cumpliendo con la ley y no les cobran comisión a los inquilinos", y agregó que Inquilinos Agrupados es una "pseudo institución, en verdad una agrupación política", que afirma que las inmobiliarias incumplen con la nueva normativa.

Consideró que el denunciado "es un caso aislado", y aseguró que en los contratos de alquiler residencial sólo se cobra comisión del 4,15% al propietario del inmueble.

"Nadie quiere tener problemas, todas las inmobiliarias quieren trabajar. No obstante sigue en pie la apelación judicial planteada por inconstitucionalidad de la ley. Mientras tanto, respetamos la ley", aseguró Gómez.