Con nuevo nombre, y con el mayor respaldo conseguido por Cambiemos en las elecciones legislativas, el oficialismo envió ayer a la Cámara de Diputados la ley de reforma del mercado de capitales.

El proyecto, denominado ahora Ley de Financiamiento Productivo, será tratado mañana en comisión y el Gobierno pretende tenerlo aprobado antes de fin de año.

Según destaca el texto enviado ayer a los diputados, el proyecto "apunta a potenciar el financiamiento a las mipimes y a lograr el desarrollo del mercado de capitales nacional buscando aumentar la base de inversores y de empresas que se financien en dicho ámbito, particularmente pequeñas y medianas empresas, como así también alentar la integración y federalización de los distintos mercados del país".

La propuesta, que lleva las firmas del ministro de Finanzas, Luis Caputo, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, señala que "en toda economía desarrollada existen mercados de capitales de envergadura que acompañan y estimulan el crecimiento económico, ya que el proceso de formación del capital requiere de la interdependencia entre el ahorro y la inversión y es allí donde el mercado de capitales desempeña su función esencial".

Entre los puntos salientes de la reforma destinados a mejorar las condiciones de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas se encuentra la creación de la "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs", que podrá ser descontada en el mercado de capitales de forma similar a la de los cheques, permitiendo su cobro anticipado.

A su vez, la iniciativa del oficialismo reflota la figura de las letras hipotecarias, con el objetivo de que los bancos puedan descontar en el mercado de capitales los créditos hipotecarios y utilizar los fondos derivados de esas operaciones para el otorgamiento de mayor cantidad de préstamos.

En cuanto a los fondos comunes de inversión, el proyecto elimina la doble imposición tributaria para los fondos comunes cerrados, con el fin de equipararlos con los FCI abiertos e impulsar este instrumento que hoy prácticamente no existe en el mercado; además promueve la creación de fondos comunes que repliquen el comportamiento de un índice financiero o bursátil o de una canasta de activos (ETF) y habilita la conformación de fondos destinados a inversores calificados, dispuestos a tomar mayor riesgo, y por lo tanto, asumir eventuales pérdidas, según consigna BAE.

En tanto, los fondos que inviertan en proyectos inmobiliarios y de infraestructura tendrán beneficios impositivos. Al igual que el proyecto enviado en 2016, que no logró avanzar en la Cámara baja, esta reforma elimina el artículo 20 de la ley actual, que había sido introducido por el kirchnerismo y que habilitaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a remover miembros del directorio de las empresas cotizantes y nombrar veedores.