El Gobierno nacional financiará retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en las plantas de empleados estatales provinciales y municipales, de acuerdo al Consenso Fiscal firmado este jueves en la Casa Rosada con los gobernadores.

El texto del pacto afirma que el programa de retiros incluirá incentivos para la reinserción laboral en el sector privado.

Forma parte de una de los puntos comprometidos por el Estado nacional. El inciso o) de los “Compromisos asumidos por el Gobierno nacional” implica “financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”.

El Gobierno nacional trata de “lograr que empleados públicos de algunas provincias que ya están en edad jubilatoria finalmente se retiren”. Una vez que quede la vacante en ese puesto laboral, “habrá que analizar si realmente se necesita reemplazo o no”, explicaron desde la Casa Rosada.

El proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, cuya aprobación en el Congreso también está incluida en el Consenso, sostiene que la planta de empleo público no podrá crecer a un ritmo mayor de crecimiento vegetativo de la población, y que las administraciones provinciales no podrán contratar nuevos empleados antes de un cambio de administración.

Sólo “las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado financiero (base devengado) superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad”, afirma el proyecto.

El Fondo Monetario Internacional, en su informe Monitor Fiscal de abril de este año, había marcado al empleo público nacional como un problema y había propuesto para eso una reducción gradual por medio del método conocido como atrición: “una reducción estructural del empleo público sería facilitado fortaleciendo la gestión de las nóminas (de empleados) para rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar trabajadores ‘fantasma’ e implementando un sistema basado en la atrición”.