Los principales fondos de inversión del mundo se encuentran entre los diez compradores más grandes del emblemático Bono Internacional 2117, con el que el Gobierno colocó deuda a un siglo.

Nombres como Goldman Sachs, Marathon y Blackrock aparecen al tope de la lista de suscriptores; e integran la decena de inversores que se quedó con más del 53% de la emisión.

Con participaciones menores aparecen también un fondo buitre como Gramercy, que litigó contra la Argentina en el proceso post default; y el fondo Noctua, vinculado al ministro de Finanzas, Luis Caputo, según la última gran filtración de información de paraísos fiscales conocida como Paradise Papers.

La emisión, formalizada el 28 de junio en el Boletín Oficial, fue una de las más cuestionadas del Gobierno. Fue judicializada por un grupo de diputados de la oposición y generó la imputación de Caputo, quien está siendo investigado por administración fraudulenta en el juzgado federal de Ariel Lijo.

La imputación la dispuso el fiscal Juan Pedro Zoni, después de la denuncia de 14 diputados, que además del plazo del bono cuestionaron la tasa del 7,125% anual, a la que definieron como un "fenomenal perjuicio" para el Estado y un "fabuloso beneficio" para los inversores.

Esos beneficiados son 148 fondos de inversión, que suscribieron un total de u$s2.748,8 millones. Aunque poco más de la mitad de esa torta, el 53,11%, quedó en manos de sólo diez de ellos: Goldman Sachs y Marathon (que suscribieron u$s 275 millones cada uno), Bluebay (con u$s150 millones), Blackrock y Wellington (con u$s 130 millones cada uno), y Discovery Capital, Fidelity, JP Morgan, Lazard y Western (con u$s 100 millones cada uno), según el listado al que accedió este diario.

Con montos inferiores aparecen además dos inversores llamativos. Uno de ellos es Gramercy, el fondo buitre del norteamericano Robert Koenigsberger, que en 2001 compró deuda argentina a punto de caer en default junto a Elliott, de Paul Singer, y Darth, de Kenneth Dart, a la espera de que la Argentina declare la cesación de pagos y diese lugar al juicio que se cerró recién en abril de 2016 y por el que el Gobierno pagó u$s 9300 millones.

Consultado sobre ese punto, el ministro Caputo señaló a través de su vocera que "Gramercy no era un fondo buitre", en referencia al cambio de postura que adoptó ese inversor primero en 2005 y después en 2013, con una estrategia de acercamiento y acuerdo con el gobierno argentino, por la que lo terminaron acusando de intentar inflar artificialmente el precio de los bonos que había comprado baratos.