El Senado emitió dictamen sobre el proyecto de reforma previsional que modifica el cálculo de la movilidad de los haberes jubilatorios.

Luego de un pedido del senador peronista Miguel Pichetto, el Gobierno nacional aceptó incluir una modificación a la propuesta que envió al Congreso y ya no se tomará en cuenta el crecimiento del PBI para la ecuación sino la inflación más el índice RIPTE.

La propuesta del legislador rionegrino obtuvo la aprobación de sus pares durante el plenario de comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social, que fue presentada por el Poder Ejecutivo como parte del Pacto Fiscal, el acuerdo macro que firmaron el presidente Mauricio Macri y los gobernadores para ordendar las cuentas públicas.

También se analizó el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal y los senadores escucharon la postura del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, así como de algunos gobernadores.

La intención de Cambiemos, según indicó recientemente el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es llevar la discusión al recinto el 30 de noviembre, justo el último día de sesiones ordinarias.

El primero en tomar la palabra fue el ministro Frigerio quien consideró que el pacto suscripto con los mandatarios provinciales “es histórico” y también “deja atrás” cuestiones como el reclamo por el Fondo del Conurbano bonaerense.

El funcionario señaló que el acuerdo apunta a “avanzar en la disminución gradual de los impuestos distorsivos”.

Además, dijo que la ley de Responsabilidad Fiscal cuenta con el “visto bueno” de los gobernadores en la “necesidad que tenemos de ir en un camino gradual, pero firme, hacia el equilibrio de las cuentas públicas”.

En dicho compromiso se busca “respetar el límite de déficit fiscal para el año que viene”, que se estima en 3,2%. “Nos hemos sentido muy acompañados por las provincias en este punto”, dijo.

El titular de la cartera de Interior afirmó que otro de los puntos centrales del consenso fue la derogación del artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias, el cual “finalmente provocó que Buenos Aires reciba menos recursos”.

En tanto, el ministro de Hacienda afirmó que las reformas serán “duraderas” porque “surgen del consenso”.

Durante su exposición, el funcionario ponderó haber logrado “acuerdos históricos” con las provincias, y en esa línea dijo que las propuestas de reformas son “sólidas” y traerán “numerosos beneficios comunes”.

Sobre la ley de Responsabilidad Fiscal, señaló que “tanto la Nación como las provincias nos ponemos en camino para una Argentina donde gradualmente el déficit va a ser eliminado”. También destacó que se van a “ir eliminando impuestos distorsivos que impiden generación de empleo y baja de la pobreza”.

Respecto de este aspecto, apuntó: “Ya hemos reducido $200 mil millones en impuestos distorsivos, especialmente a la exportación que eran los que afectan a las economías regionales”. Y agregó que se prevé una baja por “$150 mil millones" en los próximos cinco años, producto de rebajas en “Ingresos Brutos y Sellos”.

“Los impuestos en la Argentina eran demasiado elevados y eran malos”, sostuvo y dijo que en el país hay impuestos que “no existen en otros países del mundo”.

Recálculo jubilatorio

El ministro de Trabajo Jorge Triaca, fue el encargado de defender en el planario las modificaciones al cálculo jubilatorio y afirmó que la fórmula de movilidad que rige para actualizar los haberes, se tornó “obsoleta”.

Además, el proyecto prevé actualizar las jubilaciones trimestralmente por inflación, extender la edad voluntaria a 70 años y el 82 por ciento móvil para los beneficiarios que reciben la mínima pero tienen más de 30 años de aporte.

Para el funcionario se requieren de modificaciones en el sistema previsional que “apunten a generar previsibilidad y certeza para los argentinos en los próximos años”, porque “nuestro sistema de seguridad social tiene por delante enormes desafíos”. Y estimó que dentro de “un año y medio” se pueda presentar un proyecto de reforma previsional integral.

En ese sentido, dijo que la propuesta para ajustarla por inflación es un “criterio tomado de lo que hacen la mayor cantidad de países del mundo”. “Queremos preservar el poder de compra de los haberes de jubilados”, aseguró.

“A partir del sistema de actualización trimestral, a partir de un sistema que permite, no sólo cuidar el poder adquisitivo sino también un adicional con respecto a la variación del producto, el año entrante los jubilados van a recibir un promedio por encima del 3 y 4 de la variación de la inflación en promedio”, explicó.

También justificó la actualización trimestral que “no le haga esperar a la clase pasiva seis meses” para recibir las subas. Además, ponderó que las jubilaciones mínimas reciban el 82% móvil para que estos beneficiarios “tengan la posibilidad de recibir lo que se merecen”.

Presión de los gobernadores

Luego fue el turno de los gobernadores y vices para que den su postura sobre el proyecto de Consenso Fiscal, el acuerdo firmado la semana pasada entre Nación y 23 de las 24 provincias.

En dicha iniciativa se acordó bajar gradualmente impuestos distorsivos, apoyar la ley de Responsabilidad Fiscal, derogar el artículo 104 de la ley de Ganancias -que es el que establecía que el 10% de lo recaudado por este tributo debe ser destinado a Buenos Aires-; suspender demandas judiciales contra Nación, entre otros puntos.

Salvo el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien afirmó que el proyecto “no es bueno”, el resto pidió que el Congreso lo apruebe a la brevedad.

Por Tierra del Fuego, Rosana Bertone consideró que este acuerdo “fortalece la democracia y la transparencia” y reveló que tomará el ejemplo para hacer un acuerdo “similar” con los intendentes de su provincia. “Argentina tenía problemas pendientes que se venían arrastrando como una bola de nieve, y lo peor que podíamos hacer es seguir escondiéndolos”, agregó.

El jujeño Gerardo Morales, remarcó que “las provincias no pierden” y el cordobés Juan Schiaretti manifestó que “es el acuerdo fiscal de la sensatez” que “toca andariveles que nos permiten avanzar como país”.

El mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que con este pacto “resolvemos una urgencia, que era el acuerdo del ’93; evitamos que la Corte Suprema resuelva los temas que tiene que resolver la política; evitamos que las provincias perdamos dinero, y de alguna u otra manera permitimos que las políticas macroeconómicas puedan llevarse adelante”.

A su turno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró al Consenso Fiscal como un “paso enorme en la consolidación de nuestra democracia”. En tanto, la bonaerense María Eugenia Vidal destacó que “el texto final que se firmó es muy distinto al original”, calificó al acuerdo como “del futuro” y subrayó que “cada uno cedió y ganó en este proceso”.

“Ojalá que esto sirva para comenzar a sentar las bases de un país diferente”, abogó el gobernador correntino Ricardo Colombi.

Mientras que el entrerriano Gustavo Bordet dijo que “es la primera vez que no solo las provincias no perdemos recursos, sino que recuperamos derechos que habíamos cedido”.

Desde Misiones, Hugo Passalacqua afirmó que “este acuerdo viene a corregir cosas del pasado” y “lo más importante, es la historia que uno está en condiciones de ahora en más poder construir hacia adelante”.

El último gobernador en hablar fue el salteño Juan Manuel Urtubey, quien ponderó el hecho de bajar la litigiosidad. “Debemos obligarnos Nación y provincias a resolver el problema del déficit fiscal”, añadió y resaltó que el pacto es “sensato, razonable y de sentido común”.

También expusieron los vicegobernadores Laura Montero (Mendoza) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Mientras que adhirieron a través de un carta y alegando “problemas de agenda”, los gobernadores Domingo Peppo (Chaco), Omar Gutiérrez (Nuequén), Sergio Casas (La Rioja) y Lucía Corpacci (Catamarca).