El fallo de la Suprema Corte de Mendoza, que eleva las tasas de los intereses por indemnizaciones en litigios civiles y laborales hasta en un 13%, puso en pie de guerra al empresariado mendocino, que coincidió en calificar a la medida como "destructora de la generación de empleo" y como un incentivo para "el negocio de los juicios", señala el diario Los Andes.

Ante este escenario, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se presentaron dos informes, contable-financiero y jurídico, para sustentar el rechazo a la decisión del Máximo Tribunal mendocino.

“Desde que asumimos en el Consejo nos planteamos estar abiertos para toda la sociedad y por eso entendimos que era bueno hacer este foro con una opinión contable y jurídica, que se va a aportar para que se utilice en lo que sirva para apoyar la oposición a este fallo”, detalló Conrado Risso Patrón, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En este contexto, Alfredo Aciar, jefe de gabinete del Ministerio de Economía, adelantó que el Gobierno provincial está trabajando en un proyecto de ley para estipular un techo en las tasas que se indexan en juicios laborales.

El 30 de octubre pasado, la Suprema Corte reunida en plenario, pero con opiniones divididas (Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Mario Adaro votaron a favor y José Valerio, Jorge Nanclares y Pedro Llorente se opusieron) resolvió determinar como tope máximo para la tasa de intereses moratorios, el equivalente a la tasa de créditos personales de libre destino a 36 meses del Banco Nación. Eso sucedió ante una nueva revisión constitucional a la ley provincial 7.198, la cual se aplica para casos donde no hay una tasa regulada por otras leyes nacionales o por convenciones.

Es decir que la parte deudora deberá liquidar el monto a pagar al acreedor en concepto de intereses, desde que comenzó el litigio, sobre la Tasa Nominal Anual (TNA) de esos préstamos personales, hoy fijada en 32%.

Muy por encima de los 19% (solicitado en la sucursal) o 23% (mediante internet) de la tasa activa de plazos fijos a 30 días de la misma entidad, anterior valor de referencia.

Aciar confirmó que el gobernador Alfredo Cornejo expresó su rechazo a esta decisión porque “atenta contra el objetivo de interés general de que la provincia vuelva a crecer, mediante la competitividad de la economía y las empresas”.

 “Queremos buscar una solución definitiva, porque la que da la Suprema Corte es temporaria y plantea que esto debe estar sujeto a revisión en cada uno de los casos. Se está buscando que Argentina sea previsible, confiable, que se registre empleo laboral informal y esta decisión plantea lo opuesto”, sentenció Carlos Schestakow, quien elaboró el informe contable presentado ayer en el Consejo.

Representantes de distintos sectores industriales analizaron el fallo desde la misma perspectiva crítica: como una medida que termina perjudicando al empleado.   

“En vez de proteger los derechos del trabajador en el caso de un eventual reclamo, lo pone en una posición en la que el arreglo intermedio no existe, ya que esta tasa equivale al doble de la inflación”, se quejó Federico Ostropolsky, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM).  

Quien además aseguró: "No pretendemos que el reclamo del trabajador tenga una pérdida adquisitiva, pero los intereses se podrían fijar mediante los números de inflación del Indec, que hoy funciona muy bien o siguiendo, por ejemplo, la Unidad de Poder Adquisitivo (UVA)". 

"Estas nuevas condiciones provocan que a la hora de requerir personal se opte por contrataciones alternativas: por cooperativas o a prueba. Esto limita el crecimiento, el personal calificado es sumamente necesario y la empresa siempre trata de conservarlo", opinó Pedro Bizzotto, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza (Asinmet). 

Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) aseguró que "solo se ha logrado lo opuesto a lo que al parecer han querido proteger, que es al trabajador. Han generado una nueva desconfianza hacia la creación de empleo". 

"Todas las cámaras territoriales de las distintas zonas de la provincia han expresado su preocupación y nos han contestado lo mismo: que por el aumento de los intereses de los despidos y la retroactividad afecta directamente en la decisión de contratar o no nuevos empleados", agregó el titular de la UCIM. 

"Mendoza tiene muchas oportunidades para el comercio, la industria y el turismo, es una provincia rica en sus actividades económicas y este fallo es un paso hacia atrás", finalizó Ariosto.