El fondo OP Investment recibió un nuevo revés judicial en su intento por reestructurar y reordenar las deudas del ex Grupo Indalo, de Cristóbal López. En esta ocasión, fue el juez federal Julián Ercolini, quien no hizo lugar a un pedido que había presentado el empresario kirchnerista para que el magistrado levante la inhibición general de bienes y le permita acogerse a una moratoria que lanzó el gobierno nacional el año pasado.

De esta forma, se podría cerrar uno de los caminos que los nuevos dueños de este conglomerado de empresas rebautizado Grupo Ceibo tenían para normalizar la crisis financiera y económica por la que atraviesan como consecuencia de la herencia de causas judiciales y reclamos impositivos que dejó Cristóbal López. El pedido había sido también impulsado por los integrantes de OP Investment y su mentor, el financista Ignacio Rosner tras haber cerrado el acuerdo con el empresario y su socio, Fabián De Sousa, para gerenciar los activos de Indalo.

En el marco de la causa 4943/2016, caratulada "López, Cristóbal Manuel y otros s/ defraudación contra la administración pública, el juez Ercolini rechazó el pedido del abogado del grupo, Carlos Beraldi, para levantar la inhibición general que pesa sobre todas las compañías del ex grupo Indalo con el objetivo de transferir las acciones a OP Investment. Se trata de una investigación iniciada luego de la denuncia de la AFIP contra la petrolera del grupo, Oil Combustibles, por el delito de evasión y defraudación al no haber girado a las arcas del ente recaudador $8000 millones que recaudó por el impuesto a la transferencia de combustibles.

Esta causa derivó en dos investigaciones paralelas, una de las cuales lleva adelante el juez Ercolini y que podría derivar en un procesamiento penal contra Cristóbal López y Fabián De Sousa. La otra, está en el juzgado Comercial de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Héctor Vitale y que tramita el pedido de concurso preventivo de Oil Combustibles. E0n lo que respecta a la investigación de Ercolini, como fundamento para esta solicitud, los empresarios k explicaron tener la intención de "honrar cada compromiso asumido por las empresas, y en particular las obligaciones fiscales, laborales y previsionales".

Agregaron que más allá de esas intenciones, los conflictos judiciales, y la difusión mediática de los problemas, provocaron dificultades para cumplir con el objetivo y que el acceso al crédito se tornó imposible, causando un distress financiero. Advirtieron además que corre peligro la continuidad de los negocios de todo el grupo y que la única estrategia viable para "sobreponerse a tal compleja situación era la transferencia de las acciones referidas a un nuevo grupo inversor, con reconocida experiencia en gestión y restructuración empresaria".

Así surge del escrito que se presentó ante el magistrado y en el cual se aclara que se trata de la vía adecuada para recuperar el crédito del grupo y continuar con los negocios. Al no hacer lugar al pedido, el ahora Grupo Ceibo analiza la forma de cumplir con el pago de los salarios de los 4500 trabajadores que se desempeñan en las distintas empresas, entre las petroleras y las de medios de comunicación.

Según fuentes del conglomerado, el dinero en caja no alcanzaría para asumir esos compromisos, como tampoco para normalizar el pago de deudas a sus proveedores. De hecho, el pedido a Ercolini se asegura que la transferencia accionaria no implicaría negar la deuda con la AFIP sino mantener el patrimonio y sumar la posibilidad de pagar deudas y mantener las fuentes laborales.

En este marco, se le explicó al magistrado que la compra iba a ser concretada a través de los abogados Santiago Dellatorre y Damián Burgio. También, que se iba a reestructurar el management, obtener crédito por u$s70 millones de largo plazo y con garantías reales, además de sumar socios estratégicos y un plan de desinversión de activos no esenciales o que no afecten la actividad principal y el flujo de fondos.

Pero a pesar de esta detallada información, el juzgado rechazó la posibilidad. Lo hizo, entre otras razones, luego de recibir la opinión de la AFIP sobre que se trata de una propuesta "que no puede ser mínimamente atendida en las condiciones actuales, por lo que no se debía hacer lugar a lo solicitado". Para el organismo que dirige Alberto Abad, se pretende levantar la medida cautelar sobre la venta de los activos "sin dar las mínimas precisiones para una operación de tal trascendencia".

El juez también recibió un informe de los peritos y veedores sobre el incumplimiento por parte de los ejecutivos de Oil Combustibles y su controlada, Oil M&S para presentar mayor información "que resultaba esencial para el análisis de la situación". También mostraron sospechas sobre la transferencia de las acciones.  Los peritos le recomendaron a Ercolini que no hiciera lugar al pedido y se buscara "alternativas adicionales tendientes a asegurar el cuidado del patrimonio de las entidades sin que fuera necesario que se transfieran las acciones". 

En tal sentido, sostuvieron que de darse la autorización para transferir las tenencias accionarias "...el patrimonio afectado como garantía continuará siendo el mismo, parecería ser que el esfuerzo de la reestructuración del grupo seguiría cayendo, en la práctica, y especialmente si esa reestructuración no fuera exitosa, sobre el principal acreedor, el Estado...".

En el escrito de Ercolni se explica que el 24 de noviembre hubo un segundo pedido en el que se reiteraron los postulados de la presentación anterior y se le pidió al juez se que limitara a analizar de manera exclusiva el levantamiento de la medida cautelar. Además ampliaron la presentación oficializando el desembarco de todos los ejecutivos de OP Investment al holding y argumentando que adherían al pedido de terminar con la inhibición de los bienes.

Sostuvieron que el ingreso de un nuevo accionista fortalecería la capacidad de pago de las compañías para hacer frente a las obligaciones y compromisos asumidos y, en particular, la cancelación y regularización del crédito fiscal reclamado por la AFIP. Añadieron que, en caso de ser necesario, prestaban su consentimiento irrevocable para que el paquete accionario a transferir quedara sujeto el embargo por el monto que este tribunal considere oportunamente a efectos de garantizar el cobro del crédito fiscal.

En este sentido, desde la fiscalía argumentaron la imposibilidad de emitir una opinión seria y fundada respecto de una cuestión compleja y trascendente para el devenir de esta causa como lo era el levantamiento de la inhibición general de bienes decretada. Por esas razones, entendió que era necesario que se realicen una serie de medidas con el objeto de contar con mayores elementos de juicio.

Solicitó que se requiera a las empresas que aporten la documentación que les fue solicitada por los veedores "a los fines de contar con la información que resulta dirimente para que puedan realizar un análisis completo de la cuestión, así como también que los mencionados profesionales remitan copia de la documental que tuvieron a la vista para contestar la presentación".

Además, que se solicite a la AFIP que informe el monto actual del perjuicio económico, y "a los peticionantes que aporten la documentación correspondiente a la eventual venta de las acciones, el plan de inversión postulados, el origen de los fondos, la titularidad de la firma compradora, la nacionalidad de la firma, los balances y estatutos de la adquirente, las garantías solicitadas por el grupo, entre otra; y demás elementos que en definitiva brinden seriedad y transparencia".

Con todos estos datos, el juez Ercolini rechazó el pedido. "La inhibición constituye una garantía jurisdiccional de la persona o de los bienes para hacer eficaces las sentencias y en este punto, los imputados en el sumario y respecto de quienes pesan las medidas en trato son Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa, por lo que no se observa, en principio, como viable el embargo de las acciones que se encuentren en cabeza de otras personas", dice el juez. 

Para Ercolini esta medida solo podría ser sustituida "si se ofrecen a embargo bienes que sean propiedad de los nombrados, y ese no sería el caso". De todos modos, el magistrado advierte que "la cuestión traída a estudio resulta ser compleja y trascedente para la sociedad, empero ante este cuadro de situación en el que López y De Sousa no aportaron -cuando tuvieron la oportunidad- todos los elementos y las garantías necesarias para analizar seriamente el planteo, habré de resolver en el sentido indicado". 

Esto porque entiende que la maniobra habría implicado el vaciamiento de la empresa Oil Combustibles SA y tornado incierto el eventual cobro de los impuestos cuestionados.  Recuerda que la AFIP dio a conocer nuevos hechos que habrían sido llevados adelante por la empresa Oil Combustibles, 15 días antes de la presentación en concurso, cuando reconvirtió su activo al cobrar créditos con acciones por un monto de $2.800 millones, según sus estimaciones, "en circunstancias de dudoso beneficio para aquélla y en particular para su principal acreedor, el fisco nacional". 

Si bien mostraron su preocupación, en el Grupo Ceibo explicaron que el rechazo de Ercolini al levantamiento de la inhibición se hizo porque el juez considera que todavía no hay en la causa pruebas suficientes sobre el valor de las empresas. "O sea que es un rechazo provisorio, ante la oposición de la AFIP, del fiscal y de los veedores. No es definitivo y nada impide que, el día de mañana, con más elementos, autorice el levantamiento", se entusiasman.