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Los nuevos dueños del Grupo Indalo demandarán al Estado por la concesión de la autopista Ricchieri

07-12-2017 El Gobierno decidión anular la concesión acusando a la empresa de quedarse con $750 millones de un fondo que se nutre con la recaudación de los peajes. La traza ahora será operada por una sociedad a cargo del propio Ministerio de Transporte
Por Andrés Sanguinetti
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La nueva empresa "Corredores Viales S.A", creada por el Gobierno para construir, mejorar, mantener, operar y administrar rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional, acaba de tomar la operación de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Se trata de una ruta que estaba en manos de Autopistas Al Sur (AECSA), hasta hace poco propiedad del ex Grupo Indalo y del empresario kirchnerista Cristóbal López pero que también forma parte del paquete de activos que quiere comprar el financista Ignacio Rosner a través del fondo OP Investment.

La sociedad que perdió la concesión por una serie de incumplimientos contractuales y el no pago de deudas por $750 millones, había recusado la medida dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Nación. Sin embargo, mediante el Decreto 1008/2017 publicado en la fecha en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se mantuvo la medida de rescindir el contrato de concesión. 

También se negó a la sociedad el pedido de recusación bajo el argumento de no haber brindado razones ni motivos suficientes que permitan justificar la recusación "ni mucho menos ha ofrecido alguna medida probatoria contundente que pueda influir en el análisis de la cuestión".

El decreto agrega que si bien el ministerio a cargo de Guillermo Dietrich es el principal accionista de la sociedad que se hace cargo de la autopista, no genera un interés particular.

"Esa afirmación no deja de ser más que una desvirtuada hipótesis de la realidad, con la evidente finalidad de obtener su desplazamiento a fin de violentar el orden administrativo sostenido en su propio interés económico", dice el decreto.

El reclamo surge debido a que la nueva sociedad que reemplaza a AECSA en el control de la autopista fue creada el mes pasado y está formada por el Ministerio de Transporte con el 51% del capital, y Vialidad Nacional con el 49%. Su permanencia en el gerenciamiento de la ruta se extenderá hasta que se vuelva a relicitar por el sistema de Participación Público Privada (PPP) y mientras se elaboran los nuevos pliegos.

Frente a esta situación, fuentes del ahora rebautizado Grupo Ceibo anticiparon la decisión de iniciar un juicio al Estado al considerar que se trata de una decisión unilateral y que, por lo tanto, corresponde un reclamo indemnizatorio. Según la visión de los empresarios que buscan reflotar las operaciones de las compañías agrupadas bajo el paraguas del ex Grupo Indalo, el gobierno nacional los obliga a continuar con las obras y los suministros al Estado, a pesar de no hacer frente al pago de la deuda comercial.

"Esto desfinancia brutalmente el capital de trabajo, en este caso de la empresa constructora, y luego el Estado, a pesar de que no nos paga, nos penaliza por no poder hacer frente a todos los compromisos comerciales con el Estado que la misma administración pública provocó", acusan desde OP Investment.

También añaden que se trata de una actitud concertada "de las muchas que hacen las reparticiones estatales" que aceleró la crisis de las empresas del grupo, "porque no nos dejan pagar, no nos dejan invertir y hacen estas cosas que perjudican después al mismo Estado".

En el caso de la autopista Ezeiza-Cañuelas, el Poder Ejecutivo (PEN) acusa a AECSA de no haber hecho los aportes en recursos de asignación específica (RAE), instrumento que se nutre con pagos de los concesionarios a través de una porción de la recaudación de los peajes, y que se transfiere a Vialidad Nacional. Es decir, de haber cometido una maniobra similar a la que la AFIP descubrió con la transferencia del impuesto a los combustibles y que dio origen a una denuncia por defraudación contra el Estado por una suma que hoy llega a los $10.000 millones.

Por estos motivos, también es probable que el Estado nacional inicie acciones legales en contra de AECSA y sus accionistas, por los incumplimientos en los pagos y la retención indebida de fondos propiedad del Estado.  Para Transporte, el dinero que no pagó Cristóbal López se distribuyó entre los accionistas de AECSA, lo cual afectó también las obras comprometidas para el mantenimiento y mejoras de la ruta concesionada.

La sociedad pertenece a Esuvial (70%), que a su vez es propiedad de la constructora CPC en un 99,12% y de Fabián De Sousa, con el restante 0,08%. CPC fue una de las grandes apuestas del empresario patagónico, ya que con el actual gobierno de Mauricio Macri obtuvo varios contratos y concesiones, como los que le fueron rescindidos a Lázaro Baez por $1.600 millones.

También se adjudicó una licitación para la construcción de una línea eléctrica entre Caleta Olivia y Pico Truncado, ambas en Santa Cruz, por $300 millones. Tiene además una docena de obras en varias provincias que debe llevar a cabo hasta 2020 y que demandarán inversiones por $15.000 millones

En la autopista que explota la concesión de la traza que une la Capital Federal con el aeropuerto de Ezeiza y la ciudad bonaerense de Cañuelas, CPC ingresó a la sociedad en 2013 al comprar la parte del paquete accionario de AECSA que estaba en poder de la constructora española OHL y del Banco Galicia.

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