La pregunta que durante años se hizo el país sobre si habría un juez capaz de pedir la detención de Cristina Kirchner, fue contestada este jueves. 

Ese día llegó, pero seguramente de un modo diferente al que muchos habían imaginado. Todo lo que rodeó al procedimiento desatado por el juez Claudio Bonadio tuvo los componentes de una crisis política. 

Para empezar, el pedido de detención preventiva, bajo un argumento que buena parte del arco político ya había cuestionado en los casos de Julio de Vido y Amado Boudou.

Además, la causa que motivó el pedido de desafuero y detención es, jurídicamente, la menos sólida de las seis por las que Cristina ha sido imputada.

Por un lado, porque se vincula a decisiones de política exterior, una prerrogativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no judiciable. 

Por otro, ya que el cuestionado memorándum de entendimiento con Irán fue ratificado por el Congreso nacional.

Estos elementos hicieron que lo sucedido difiera bastante de lo visto en otros casos de ex presidentes latinoamericanos detenidos por sospechas de corrupción, tal como ocurrió con Lula en Brasil o con Ollanta Humala en Perú.

Y fue, seguramente, algo distinto a lo que los más furibundos adversarios del kirchnerismo habían imaginado. En definitiva, las circunstancias le sirvieron a CFK para reforzar su discurso de autovictimización y su denuncia sobre un Gobierno que usa a la Justicia como "cortina de humo" para tapar medidas de ajuste.

Una "sorpresa" que se veía venirPara el gobierno de Macri, la decisión de Bonadio estuvo muy lejos de significar una victoria política. 

Ni bien se supo la noticia, desde la Casa Rosada se dejó trascender la preocupación por cómo se había dado la orden del magistrado y las consecuencias que podría tener el pedido de desafuero.

Luego, cuando Macri se reunió con su Gabinete, se hizo trascender -en un cable de la agencia oficial Télam- el enojo con Bonadio por dos cuestiones.

En primer lugar, por su tendencia a "cierta sobreactuación". En segundo, por el uso del recurso de la prisión preventiva ya que, para el Gobierno, debe ser utilizado "en situaciones específicas y no como una atribución personal".

El Ejecutivo tiene motivos más que fundados para estar preocupado, tanto desde el punto de vista político como judicial. 

En cambio, la parte de la "sorpresa" es la menos defendible. Es que si al Presidente le asombró lo ocurrido, está dejando en evidencia una falla en sus nexos con el Poder Judicial, luego de que en estos últimos meses se dieran varias señales que marcaban el "crescendo" de los magistrados.

Ya se había visto algo de esto cuando el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue detenido por burlar un embargo judicial, hecho que encuadraría en la figura de "obstrucción a la Justicia". 

De inmediato, surgió la especulación sobre qué pasaría con Cristina, ya que nadie cree que el contador pudiera actuar por propia iniciativa en una operación bancaria que implicara dinero de la familia Kirchner, sino que debía estar siguiendo instrucciones de la ex mandataria.

En ese momento, Bonadio, que había ordenado la detención de Manzanares, dijo que no podía hacer lo mismo con CFK porque su procesamiento aún no había sido ratificado por la Cámara, pero que no le "temblaría la mano" cuando llegara el momento.

Finalmente sintió que era hora de pedir su prisión preventiva, aunque no fue por la causa de los turbios negocios inmobiliarios de los Kirchner sino por la mucho más discutible acusación de "traición a la Patria".

La argumentación de Bonadio llegó como una consecuencia directa de la detención del ex ministro Julio de Vido. 

Fue a partir de allí que se puso en práctica la nueva teoría jurídica que divide al ámbito político: que un funcionario -o ex, incluso- pueda ir preso sin condena para así evitar el riesgo de que interfiera con la investigación judicial.

Esta determinación generó críticas hasta de los anti-kirchneristas más recalcitrantes, por dos motivos.

Primero, por la incoherencia de ese argumento, ya que estos procesados tenían más chances de alterar documentación antes, es decir cuando eran funcionarios, que ahora en su condición de ex.

Segundo, por lo vago y discrecional de la acusación: ¿cómo se determina objetivamente si un ex funcionario tiene voluntad de obstruir el accionar judicial?

Muchos recordaron que, exactamente bajo esos mismos argumentos, se podría haber dictado la prisión preventiva de Macri quien -durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad- había estado procesado en una causa por escuchas telefónicas ilegales. 

O, incluso, ya siendo Presidente, cuando se lo investigó en el marco del escándalo conocido como "Panama Papers".

También, bajo el mismo argumento, podrían ser detenidos en un futuro varios actuales ministros macristas. Entre ellos, Luis Caputo o Juan José Aranguren cuando dejen el poder, si es que prosperan las causas que ya se les han iniciado por conductas incompatibles con la condición de funcionario público.

El temor por la paz socialTodo indica que, a diferencia de lo ocurrido con De Vido, esta vez no habrá desafuero ni prisión. 

Para empezar, el pedido llega cuando ya terminó el año legislativo, de modo tal que no hay posibilidad de tratar el pedido de desafuero a Cristina hasta marzo.

Pero, además, queda en claro que el peronismo -que domina ampliamente el Senado- no estará dispuesto a dar lugar al pedido del magistrado por varios motivos. Entre ellos, por uno obvio: algunos de los integrantes de la Cámara Alta votaron la ratificación parlamentaria del cuestionado memorándum de entendimiento con Irán.

Pero, sobre todo, porque el peronismo decidió adoptar una actitud que equilibre el antecedente de Diputados con el caso De Vido. 

En este sentido fue bien claro Pedro Guastavino, senador por Entre Ríos que integra el bloque peronista dirigido por Miguel Pichetto: "El Senado tiene una historia en cuanto a los pedidos de desafuero de sus integrantes". 

"Siempre ha tenido una postura de respaldo jurídico, avalado por fallos de la Corte Suprema, y que es la de otorgar el desafuero siempre que exista una condena firme. Hasta que esto no ocurra, sigue vigente la presunción de inocencia", aseguró.

Como recordatorio de la vigencia de esa postura, dijo que el ex presidente Carlos Menem sigue siendo senador y gozando de fueros pese a una condena judicial en segunda instancia por la causa de la venta ilegal de armas. 

Como el veterano dirigente riojano no tiene un fallo ratificado por la Corte Suprema, para el Senado mantiene el derecho a sus fueros.

Así, Cristina no ve un riesgo inminente de prisión. Y acaso por eso fue que se la vio tranquila durante la conferencia de prensa en el Congreso.

No es la única que tiene motivos para estar distendida. También para el macrismo es evidente que la idea de CFK en prisión se asimila a una pesadilla.

La primera en hacer un recordatorio fue Hebe de Bonafini, quien en su gráfico estilo, dijo: "Si la llevan a Cristina presa se arma un quilombo que ni te cuento".

Esto mismo, con otras palabras pero idéntica intención, fue ratificado por la propia ex mandataria en la conferencia de prensa, en la que acusó al Gobierno de querer "provocar" y llamó a sus seguidores a mantener la calma.

Una deuda del macrismo con PichettoEn una jornada en la que el Ejecutivo prefirió ocupar un segundo plano, las únicas declaraciones oficiales apuntaron a desmentir el argumento central de CFK. Es decir, que Bonadio actúa por órdenes de Macri.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, insistió en que la situación debe ser vista en el marco de lo "estrictamente judicial".

"Es un tema que requiere de una investigación muy bien hecha y también de un debido proceso de defensa para los acusados. Esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad que requiere este tema institucional", añadió Peña, quien repitió varias veces las palabras "prudencia" e "institucionalidad".

Esta actitud marca una gran diferencia con lo ocurrido en el caso De Vido, por quien se quiso votar el desafuero cuando ni siquiera había orden judicial bajo el argumento de que la acumulación de causas lo transformaba en una deshonra para la Cámara.

Lo cierto es que, desde el punto de vista del macrismo, la posibilidad de una Cristina detenida, por un tema cuestionable, implica varios riesgos. 

Al peligro de los desbordes violentos en las protestas, se le suma el enrarecimiento del clima político, justo cuando la prioridad de Macri es impulsar su agenda de reformas económicas. 

Puede resultar paradójico que, al final, el macrismo deba agradecerle la paz social al peronismo, ya que la postura del bloque que sigue a Pichetto implica que se diluya la posibilidad de una pérdida de fueros y detención de Cristina.

A la vez, es Pichetto (y el peronismo peleado con el kirchnerismo) el que está dando las "garantías de gobernabilidad", al apoyar el pacto fiscal con los gobernadores provinciales y proveer la fórmula que destrabó el debate por la reforma previsional.

A esta altura, quedó claro para los estrategas políticos del macrismo el valor de la alianza con él y con su bloque. 

Son peronistas que están pagando un alto costo político dado que, por un lado, aparecen como protegiendo a Cristina y, por otro, garantizan esas mismas reformas a las que la ex presidenta califica como "saqueo y ajuste brutal".

No resultaría descabellado pensar que Pichetto le quisiera "subir el precio" a su alianza, cuando todavía resta negociar la mitad del paquete de reformas.

Esa "oposición light" a la que Cristina denostó en la campaña electoral es ahora la que le permite al macrismo sostener una situación que hasta el presente le dio rédito político. 

Es decir, la persistencia de una "grieta" por la cual el kirchnerismo no se transforme en una minoría en decadencia sino que represente un "peligro" real para los votantes de Cambiemos.

Para que eso funcione, Cristina no sólo debe estar libre, sino que tiene que mantenerse activa políticamente y aparecer como potencial candidata para 2019. 

Las declaraciones de la ex presidenta respecto de cómo aspira a liderar una oposición dura al programa económico fueron exactamente en la línea que espera el Gobierno.

Pero también es evidente que esa situación es un equilibrio inestable. En lo político, corre el riesgo de que crezca el porcentaje de la población que adhiera a la tesis kirchnerista sobre que "el modelo de ajuste" sólo cierra con perseguidos políticos.

Pero, además, hay otro temor que recién ahora empieza a hacerse evidente: el Poder Judicial, durante años acusado de complicidad con la corrupción, ahora parece empeñado en lograr un cambio drástico de imagen ante la opinión pública. Y en ese proceso, tiembla todo el sistema político.