El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales y en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los u$s37.000 millones.

El número representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año. Y es casi cuatro veces más que los u$s9.300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.

El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, indicó el diario La Nación.

Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación.

Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.

Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4.000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.

Hay 743 casos que revisten una especial preocupación para el Gobierno. Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otras 571 causas de "relevancia institucional". A esos se suman otros 53 casos que combinan ambas etiquetas, agregó el informe difundido por el citado matutino.

Las cifras surgen de la base del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), donde se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de la Anses y los de la AFIP, dos grandes "bolsas" de expedientes que llevan un monitoreo propio.

Las fuentes oficiales confirmaron que los procesos "complejos", en rigor, podrían ascender a más de 1400. En paralelo, hay al menos 19 demandas en tribunales internacionales por unos u$s6200 millones.

De las demandas relevantes, 230 expedientes tienen un reclamo económico estimado, en pesos o en dólares. El más alto lo constituye una demanda de una ONG paraguaya por u$s150.000 millones en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865.

En el podio también se ubican dos iniciados por AFJP tras la creación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (tras la estatización de los fondos de pensiones), por más de u$s90 millones cada uno, y un reclamo de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Dentro de las demandas en pesos, el podio de los juicios está encabezado por el reclamo de Córdoba por los descuentos sobre fondos de la coparticipación por $3.300 millones. Es posible que ese pleito se desestime por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las provincias.

Le siguen una causa por indemnización por daños y perjuicios de TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) y en tercer lugar la contrademanda del Correo Argentino al Estado, una empresa de la familia Macri.