La Unión de Aseguradoras del Riesgos del Trabajo (UART), advirtió sobre la existencia de una "marcada diferencia" entre los porcentajes de incapacidad que dictaminan los peritos judiciales y los que fijan las comisiones médicas o las aseguradoras del sistema por aplicación del Baremo, es decir la tabla de incapacidades fijada por ley.

Según el relevamiento (efectuado sobre 250.000 demandas), los dictámenes judiciales superan en promedio los 18,2 puntos de incapacidad establecidos en el Baremo en los casos de accidentes o enfermedades laborales que no pasaron previamente por las comisiones médicas. Y se ubican en torno a los 15,6 puntos en los casos evaluados por esas comisiones.

Teniendo en cuenta que cada punto de incapacidad tiene un valor promedio de $24.000, el costo de las indemnizaciones fijadas en el terreno judicial se eleva adicionalmente hasta en $500.000, una cifra a la que hay que sumarle los intereses del orden del 36% anual más las costas que se ubican en torno al 35% promedio.

Si se proyecta el costo indemnizatorio adicional al 34% de los 250.000 juicios relevados en el informe que cuenta con una pericia médica judicial (unas 85.000 demandas), se podría estimar que la diferencia de costos en el cálculo de incapacidad que dictamina la Justicia ascendería a $42.500 millones, unos u$s 2300 millones, indicó El Cronista Comercial.

El trabajo realizado por la UART detalló que en aquellos casos de accidentes o enfermedades laborales en la que conforme al Baremo no existe incapacidad, los dictámenes de los peritos judiciales fijaron en promedio un 19% de incapacidad. Se trata de algunas dolencias típicas como el caso de los esguinces, donde solo en la Justicia "se conceden porcentajes de incapacidad física y psicológica", indicó el informe. En tanto, en los casos con incapacidad conforme al Baremo de Ley los peritos dictaminaron 13 puntos adicionales de incapacidad promedio.