S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia a un nivel por encima de basura, citando la debilidad económica del país y la insuficiente recaudación de ingresos pese a los aumentos de impuestos de este año.

La agencia recortó la calificación de deuda soberana en moneda extranjera a 'BBB-' desde 'BBB', y dijo que el candidato que gane las elecciones presidenciales de 2018 tendrá una tarea difícil para cumplir con su "norma fiscal", o ley de presupuesto equilibrado, en los próximos años.

"La próxima administración probablemente se enfrentará a equilibrios difíciles entre satisfacer la norma fiscal de Colombia, el recorte de gastos y la recaudación de nuevos ingresos", dijo S&P en su informe.

"Aunque esperamos que los déficits fiscales de Colombia disminuyan, los resultados de la reforma fiscal de 2016 han sido inferiores a lo esperado y el cumplimiento del objetivo fiscal se ha basado parcialmente en el recurso a ingresos extraordinarios".

La posición fiscal de Colombia se ha deteriorado por la caída de los ingresos del petróleo y el crecimiento se ralentizó a su ritmo más débil después de la crisis financiera mundial.

El ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, citó reiteradamente la posibilidad de una rebaja cuando impulsó un aumento del impuesto a las ventas en el Congreso el año pasado, el cual entró en vigor en enero.

"Lo merecíamos", dijo Juan David Ballén, jefe de investigación económica de Casa de Bolsa de Bogotá. "Todos los indicadores de Colombia, el apalancamiento, déficit y crecimiento, sugerían que nuestra calificación debería reducirse".

Aunque ya se preveía una rebaja, la decisión de S&P se produjo antes de lo esperado, según Ballén.

Moody's y Fitch aún califican la nación andina dos niveles por encima de basura, con una perspectiva estable.

La economía crecerá un 1.6% este año, su ritmo más lento desde 2009, según el banco central.

"El impacto en el mercado podría ser muy modesto puesto que el recorte ya estaba descontado", dijo Camilo Pérez, analista de Banco de Bogotá. La medida de S&P es una señal de alarma para el Gobierno entrante, lo que alerta sobre la necesidad de poner orden en el ámbito fiscal, dijo.